"Es una persona normal que cayó en la tentación de coger un dinero que sabía que al 95% no iba a ser reclamado". Así ha explicado -"que no justificado"- el abogado de M.A.H. la conducta de esta secretaria judicial que previsiblemente pasará en la cárcel sus próximos años de vida tras aceptar ante el Jurado que se apropió de un total de 1,8 millones de euros de las cuentas del Juzgado de Primera Instancia de Madrid en el que estuvo destinada.
Gracias a ese reconocimiento de los hechos la Fiscalía y la Abogacía del Estado han rebajado este martes su petición de pena para M.A.H. Se enfrenta a una solicitud de seis años de prisión (el mínimo legal posible) y a una inhabilitación absoluta que, de ser impuesta, conllevará la pérdida de su condición de funcionaria.
Hasta la pasada semana, cuando comenzó el juicio, M.A.H., que ahora tiene 60 años de edad, tenía sobre sí una petición de pena de ocho años de prisión.
'Un dineral'
La fuerza de las pruebas y la confesión de las dos personas que presuntamente la ayudaron a adueñarse de lo que ella misma califica de "un dineral" la han llevado a asumir la culpabilidad, una vez sentada en el banquillo.
La fiscal y la abogada del Estado han reflejado esa tardía asunción de los hechos delictivos en una más benévola petición de pena, aun reconociendo que "lo que hizo ha perjudicado gravemente al erario público".
"No cabe ningún tipo de justificación", ha dicho la fiscal en su informe final este martes. "Era una funcionaria de Justicia cualificada, con un buen sueldo y un trabajo de por vida. Debía velar por que el dinero de las cuentas del Juzgado se aplicara a los fines legales correspondientes y, sin embargo, lo incorporó a su patrimonio".
"Ella y los otros dos acusados se han arrepentido cuando han sido pillados; si no, hubieran seguido", ha añadido.
La defensa ha intentado ofrecer a los nueve jurados y al magistrado presidente, Mario Pestana (que es quien, en caso de veredicto de culpabilidad, debe fijar la pena) el mejor perfil de la acusada. "En vez de intentar algo oscuro", ha dicho, "todos los bienes" que adquirió con el dinero del Juzgado "están a su nombre". "Mi cliente está hundida", ha manifestado el defensor. "Ha asumido que va a ir a la cárcel y también va a pagar, va a poder devolver más del 50%".
El origen
El letrado ha destacado que M.A.H. "está a punto de jubilarse" y que "todos los funcionarios del Juzgado que han testificado han dicho que era una persona excepcional en el trato y han resaltado cómo defendía a sus trabajadores". La propia fiscal admite que era "afable" y "querida".
Fue precisamente uno de los funcionarios del Juzgado el que en 2014 descubrió indicios de irregularidades y dio cuenta a la Policía. Un procurador había acudido al Juzgado quejándose de que en un antiguo expediente se había librado un mandamiento de pago a favor de una persona que no era parte en el pleito. Se inició, así, una investigación policial que incluyó intervenciones telefónicas y registros en las viviendas de los acusados.
De acuerdo con lo que sostienen las acusaciones, la secretaria judicial, aprovechando que tenía acceso a todos los expedientes y que era la encargada de gestionar las cuentas del Juzgado en las que se guardan las fianzas, depósitos y consignaciones, "ideó un plan para apropiarse del dinero que estaba bajo su custodia".
Dinero 'olvidado'
Lo que presuntamente hacía era ir transfiriendo pequeñas cantidades de expedientes en los que había "dinero olvidado", según la expresión utilizada por la propia M.A.H. Eran pleitos en los que los demandados habían consignado cantidades que luego no se reclamaban por los beneficiarios o fondos de expedientes antiguos que debieron ingresarse en el Tesoro público y no se hizo.
Las cantidades se transferían poco a poco a expedientes que estaban ya cerrados por falta de movimientos y en otras ocasiones se transferían a procedimientos inexistentes que creaba, presuntamente, la propia M.A.H. y a los que daba una numeración correlativa al último expediente real del año. Al tratarse de expedientes inexistentes, no había riesgo de que los funcionarios entraran en ellos para tramitarlos.
Este 'modus operandi' se prolongó desde 2001 a julio de 2014 y con él M.A.H. se habría apropiado de, al menos, 1.827.677 euros. No lo hacía directamente, sino que libraba mandamientos de pago a favor de dos amigos suyos, también acusados, que no eran parte en los expedientes judiciales. J.F.R. y R.F.O., para los que las acusaciones piden tres años de prisión, se quedaban con una comisión de aproximadamente un 10 % y le daban el grueso del dinero a la secretaria judicial.
Billetes de 500 €
En el domicilio de M.A.H. la Policía halló 64.000 euros en billetes de 500. La acusada disponía de cinco coches, entre ellos dos de alta gama, y con el dinero supuestamente malversado se compró inmuebles y un garaje, bienes todos ellos cuyo comiso reclaman las acusaciones.
La abogada del Estado destacó en su alegato final que las cantidades presuntamente malversadas "no eran dinero olvidado" y señaló que ya se ha producido una reclamación a la que tendrá que responder el Ministerio de Justicia devolviendo al perjudicado la cantidad que se sustrajo de su expediente.
"No fue una cosa puntual, un arrebato: hicieron de esa conducta su modo de vida", dijo la fiscal respecto a los tres acusados. La representante del Ministerio Público concluyó su informe con un mensaje al Jurado relativo a las penas de prisión que se reclaman: "Váyanse tranquilos. Ellos han labrado su futuro, no ustedes".