Ángela Murillo. Preside el tribunal del caso de las tarjetas black. Acaba de cumplir 64 años y tiene casi 35 años de servicio en la carrera judicial. Llegó a la Sala Penal de la Audiencia Nacional en mayo de 1993 procedente de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial. En 2008 fue la primera mujer en ser nombrada presidenta de una sección de la citada Sala, cargo al que se accede por antigüedad. El Supremo ha censurado su forma de dirigir los juicios contra destacados terroristas por denotar una pérdida de imparcialidad. Desde la Sección Cuarta se ha ocupado de confirmar, en vía de apelación, las principales resoluciones incriminatorias del caso Gürtel.
Teresa Palacios. Es la ponente del caso de las tarjetas black y, como tal, la encargada de redactar la sentencia. Hija de un magistrado en su día referente en la carrera judicial, Diego Palacios, tiene 56 años y 32 de antigüedad en la carrera judicial. En enero de 1997 se convirtió en la primera mujer que se hizo cargo de un Juzgado Central de Instrucción y en 2007 pasó a la Sala Penal de la Audiencia Nacional como magistrada. En 2012 aspiró, sin éxito, a presidir la Sala, cargo para el que fue designado Fernando Grande-Marlaska. Como instructora fue criticada por su investigación del caso Yak-42, en la que se negó a citar al ex ministro Federico Trillo. En abril de 2004 llevó a juicio al presidente del Santander, Emilio Botín, por el caso de las cesiones de crédito pero la vista, celebrada en noviembre de 2006, quedó abortada en la fase de cuestiones previas, acuñándose la llamada 'doctrina Botín".
Juan Francisco Martel. Tiene 57 años de edad y 30 de antigüedad en la Judicatura. Llegó a la Sala Penal de la Audiencia Nacional en marzo de 2006 procedente de la Audiencia Provincial de Madrid. Ha intervenido en algunos de los procedimientos judiciales más controvertidos de los últimos tiempos, como la resolución sobre la liquidación de condena de Arnaldo Otegi que sirvió de base para que las juntas electorales, los jueces y el Tribunal Constitucional rechazaran la candidatura del terrorista como candidato de Bildu en las elecciones vascas de este domingo. El pasado julio fue ponente de la resolución por la que se denegó la puesta en libertad de Francisco Granados, implicado en la trama de corrupción conocida como Púnica.
Alejandro Luzón. De 52 años, es teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General desde enero de 2015. Hasta esa fecha estuvo destinado en la Fiscalía Anticorrupción, de la fue fue fundador en 1995. Ha actuado en multitud de casos relevantes (Roldán, Alierta, Fórum, Afinsa, Bankia...), enfrentándose sin complejos a los mejores planteles de abogados. Es hijo de un prestigioso fiscal que llegó a ser teniente fiscal del Supremo, José María Luzón.
Rodrigo Rato. El de las tarjetas black es el primer banquillo para el otrora poderoso vicepresidente económico del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional. La Fiscalía le pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión como máximo responsable del mantenimiento de las tarjetas 'opacas' cuando llegó a la presidencia de Cajamadrid en enero de 2010 y luego cuando se constituyó Bankia en junio de 2011. Se gastó 99.054 euros, la mayoría en 'cash' obtenido en cajeros automáticos. El último cargo lo hizo el 7 de mayo de 2012, horas antes de dimitir como presidente de Bankia. Está involucrado en otros dos procesos penales: el de la salida a Bolsa de Bankia y el que afecta al origen de su patrimonio.
Miguel Blesa. Presidió Cajamadrid entre septiembre de 1996 y enero de 2010. La Fiscalía, que le pide 6 años de cárcel, le acusa de autorizar la entrega de las tarjetas, además de gastarse él mismo 436.688 euros, que ha devuelto en el Juzgado recientemente. Blesa estuvo en la cárcel por orden del ex juez Elpidio Silva, que le investigó por la compra por Cajamadrid del City Bank of Florida. La investigación fue anulada por la Audiencia de Madrid debido a las irregularidades que cometió Silva, que acabó siendo juzgado y expulsado de la carrera judicial en un proceso en el que Blesa actuó como acusación.
Ildefonso Sánchez Barcoj. Director general de Cajamadrid, se le considera el máximo gestor de las tarjetas black y el encargado de distribuirlas. El es que más gasto hizo: 484.192 euros en la etapa de Cajamadrid y 90.879 en la de Bankia. Devolvió todo el dinero, por lo que el fiscal propone aplicarle una atenuante y pide para él dos años de prisión.
Estanislao Rodríguez-Ponga. Secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, se enfrenta a cuatro años de prisión. Gastó con la tarjeta 255.372 desde 2006, cuando entró en Caja Madrid como consejero no ejecutivo. Utilizó la tarjeta principalmente para gastos de El Corte Inglés, donde empleó en torno a los 100.000 euros. Fue la mano derecha de Cristóbal Montoro en el Gobierno de Aznar. Inspector de Hacienda en excedencia. No es la primera vez que se enfrenta a la Justicia: en 2005, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le imputó por un supuesto fraude fiscal por el diseño de un mecanismo por el cual el Grupo BBV realizó operaciones entre filiales fuera de España. Sin embargo, meses después, y tras asumir la causa el juez Fernando Grande-Marlaska, se archivó su imputación.
Ricardo Romero de Tejada. Secretario general del PP madrileño entre 1996 y 2004 y exalcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001, gastó con su tarjeta 212.216 euros.Durante su mandato como regidor fue señalado en varias ocasiones por irregularidades urbanísticas, pero ninguna llegó a juicio. Formó parte del consejo de administración de Caja Madrid desde 2003. Entre sus gastos aparecen pagos en una administración de loterías o una tienda de puros. También era cliente habitual de varias armerías madrileñas. Se enfrenta a cuatro años de prisión por la Fiscalía Anticorrupción.
Gerardo Díaz Ferrán. Ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), le piden cuatro años de cárcel por gastar con su tarjeta 93.984 euros mientras era consejero de Cajamadrid. Se encuentra en prisión desde que en 2012 fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el vaciamiento de Viajes Marsans. Desde entonces, ya ha acumulado una condena de cinco años y medio de cárcel por Marsans, otros dos años y dos meses por el fraude a Hacienda en la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet y otros dos años más por un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 4,4 millones de euros procedentes de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el Grupo Marsans. La mayoría de los cargos de la tarjeta, 54 de 64, fueron en restaurantes, seis de ellos de cuatro o cinco tenedores. En uno de ellos, el restaurante El Amparo, en Madrid, pagó 2.000 euros el 30 de abril de 2009. Además, en dos cargos en mayo y junio de 2008, pagó 5.003 euros en una empresa de decoración y arquitectura.
Beltrán Gutiérrez. Gerente del PP de Madrid hasta que se conoció el escándalo de las 'tarjetas black', ha sido persona de máxima confianza de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Aunque su dimisión fue muy sonada porque al día siguiente le volvieron a contratar en otro puesto del Ejecutivo regional. Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, se gastó 58.022 euros con la tarjeta, por lo que el fiscal pide para él dos años y seis meses de prisión. Su nombre tampoco es ajeno a los tribunales. Se encuentra investigado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid en el marco del 'caso Púnica'.
Rafael Spottorno. Jefe de la Casa del Rey hasta la proclamación de Felipe VI, se sienta en el banquillo de los acusados por gastarse 235.818 euros. Como todos los directivos de Cajamadrid, la Fiscalía inicialmente consideró que en su caso no se podía actuar contra ellos. Tanto el juez de instrucción como el fiscal sostuvieron que los responsables eran tanto los presidentes como los miembros del Consejo de Administración que avalaron esas tarjetas, pero no los directivos. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez sentar en el banquillo a los 14 directivos de la Caja. Tanto Spottorno, que llegó a ser director de la Fundación Caja Madrid hasta 2011, como el resto de directivos se enfrentan a dos años de prisión por apropiación indebida aunque en su caso, al final del juicio, el fiscal podría solicitar el sobreseimiento para ellos. Sus gastos giraron principalmente en tiendas de ropa y muebles.
Arturo Fernández. Ex presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y antiguo responsable de la patronal madrileña CEIM, utilizó la tarjeta 'black' de Cajamadrid, entidad de la que era consejero, para cuadrar las cuentas de su grupo de restaurantes Cantoblanco. En concreto, gastó en sus establecimientos 10.495 de los 38.776 euros que figuran en los extractos. “Lo hice porque [los restaurantes Cantoblanco] son más baratos y porque son míos”, reconoció ante el juez de instrucción Fernando Andreu. Es uno de los usuarios que devolvió el dinero gastado con la tarjeta tras saltar el escándalo. En su caso, la Fiscalía Anticorrupción le aplica la atenuante de reparación del daño y le pide un año y medio de cárcel. El año pasado también se conoció que el empresario adeuda casi 20 millones de euros a Hacienda, según la lista que publicó Agencia Tributaria en la que aparecen más de 4.800 nombres de morosos, entre personas físicas y jurídicas.
Virgilio Zapatero. Ministro de Relaciones con las Cortes en el Gobierno de Felipe González y rector de la Universidad de Alcalá de Henares, tampoco se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados a pesar de devolver el dinero de la tarjeta, concretamente 35.988 euros. También ha conseguido obtener una atenuante en la petición de pena de la Fiscalía, por lo que se enfrenta a un año y medio de cárcel. Llegó a ser vicepresidente de Cajamadrid.
Javier López Madrid. Consejero delegado del grupo Villar Mir, es yerno de Juan Miguel Villar Mir y obtuvo la tarjeta black por ser miembro del Consejo de Administración de la caja pública y de Bankia a propuesta de la patronal madrileña, CEIM. Sus gastos ascendieron a 34.807 euros y fueron principalmente billetes de avión y viajes. Según publicó el digital El Diario, tras conocerse su imputación los Reyes de España le mandaron ánimos a través de mensajes de whatsapp, dirigiéndose la reina Letizia a él como “compi yogui” López Madrid está involucrado en varias causas judiciales. Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le investiga, junto a Beltrán Gutiérrez, por el presunto pago de comisiones al PP madrileño. Además, en el sumario del 'caso Púnica', quedó reflejada su amistad con el exnúmero 3 de Madrid, Francisco Granados, y el socio de éste, David Marjaliza. Los tres compartían gastos de un yate de la familia López Madrid. Pero el yerno de Villar Mir está mezclado en un tema más escabroso. La dermatóloga Elisa Punto le denunció por acoso sexual y agresión, causa archivada pero pendiente de recurso. Pinto está siendo investigada ahora por una denuncia de López Madrid.