Bárcenas retiró su acusación del caso de los ordenadores tras hablar con Génova

Fue el pasado 13 de septiembre, tras más de dos años de investigación y a las puertas de que comenzara el juicio, cuando Luis Bárcenas retiró la acusación contra su propio partido por destruir los discos duros de sus ordenadores, y con ellos, las posibles pruebas de una caja B que financió la formación durante años. Ante la prensa, el ex senador mantuvo que daba marcha atrás por cuestiones económicas: no podía pagar a sus abogados. Sin embargo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la razón real es otra: la negociación soterrada que el ex responsable de las finanzas del PP mantiene con importantes figuras de su partido desde que la Audiencia Nacional aceptó que la cúpula del PP declarara como testigo en el juicio del caso Gürtel, que arranca este martes.

El pasado 13 de julio y en un escrito enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Bárcenas solicitó la declaración de la cúpula histórica del PP en el macro juicio que engloba la primera parte de la operación Gürtel. En su petición, el ex tesorero dejó fuera únicamente al actual presidente, Mariano Rajoy, pero solicitó la presencia de todos los secretarios generales con los que ha trabajado. Nombres como Javier Arenas, Rodrigo Rato, Angel Acebes, Jaime Mayor Oreja o Javier Álvarez Cascos. 

Según fuentes cercanas al ex tesorero, la petición fue simplemente un movimiento táctico. Una acción medida por su impacto mediático, pero que tenía pocas oportunidades de prosperar en el juzgado. Sin embargo, las previsiones de Bárcenas no se cumplieron. El 29 de julio, un mes después de la petición y antes de que la actividad judicial cesara por vacaciones, la Audiencia Nacional atendió la petición de Bárcenas y confirmó la presencia de la plana mayor del Partido Popular en el juicio que arranca este lunes. Dos de los tres jueces que forman el tribunal (José Ricardo de Prada y Julio de Diego) consideraron pertinente que los distintos responsables del PP pasaran a explicar la organización de las distintas campañas electorales y el papel que Luis Bárcenas jugaba en la jerarquía del partido. 

Cambio de actitud

Según han confirmado a EL ESPAÑOL de fuentes vinculadas a este proceso, fue entonces cuando el ex tesorero recibió el primer enviado de quienes antes fueron sus compañeros. El mensaje era claro: esto no beneficia a nadie. En el Partido Popular cundió el miedo a una posible imagen: la de sus principales figuras desfilando por el juzgado para hablar de financiación ilegal mientras en la calle arranca la campaña por unas terceras elecciones.

La primera reacción llegó por parte de Javier Arenas, El vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales alegó ante la Audiencia Nacional que su citación en el caso Gürtel se basa en "errores" y que nunca ocupó cargo alguno como responsable de las campañas electorales de la formación. "Nunca en los últimos 25 años del PP se ha procedido a nombrar como director de campaña al secretario general del partido. Nunca ambos cargos han sido desempeñados por la misma persona", explicaba Arenas en su escrito, remitido el pasado 29 de agosto y que llamó la atención ya que su presencia era únicamente requerida como testigo. El argumento era igualmente válido para el resto de sus compañeros de partido, reclamados por Bárcenas.

Pasaron solo dos semanas desde que Arenas hizo su alegato ante la Audiencia Nacional hasta que Bárcenas desistió de acusar a su partido en el caso de los ordenadores. Entre medias, las conversaciones -que el ex tesorero del PP ha negado en público- se mantuvieron en un discreto segundo plano.  De hecho, el gesto tiene más valor estratégico que jurídico: primero porque la marcha atrás de Bárcenas no detiene el procedimiento, que entrará en breve en la fase de juicio oral si la Audiencia Provincial de Madrid confirma la decisión del juez instructor. Y segundo porque el ex tesorero del PP tendrá que declarar como testigo en el procedimiento, con obligación de decir la verdad ante la sala.

Así las cosas, solo un elemento cambia el escenario jurídico del PP: la posibilidad de que los imputados en el caso de los ordenadores se acojan a la llamada doctrina Botín. La retirada de Bárcenas como principal afectado y la ausencia de acusación de la Fiscalía provocan que el procedimiento quede en manos de las acusaciones populares, por lo que los responsables legales del PP podrían alegar falta de legitimidad de las mismas para sentarles en el banquillo y terminar con la causa, al menos en el caso del delito de daños.