El tribunal del caso Gürtel ha rechazado la pretensión del Partido Popular de ser expulsado del proceso y por tanto le mantiene como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado en 245.000 euros en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, dinero pagado por el grupo de Francisco Correa para actos electorales del partido.
Aún así, sobre la intención de la formación que preside Mariano Rajoy de que en todo caso los responsables sean los grupos municipales de su partido en ambas localidades, el presidente de la Sala que enjuicia el caso Gürtel, Ángel Hurtado, ha anunciado que "no podemos hacer un pronunciamiento al respecto en estos momentos".
Respecto a la declaración como testigo de Rajoy, solicitada por la acusación popular ADADE, el tribunal de la Audiencia Nacional la rechaza al entender que no han cambiado las circunstancias desde que la Sala de lo Penal la rechazó antes del comienzo del juicio.
De esta manera, el tribunal avala la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que ha informado en contra tanto de las pretensiones del PP como de la acusación sobre la citación del presidente del Gobierno. Asimismo, el tribunal ha rechazado el resto de cuestiones previas solicitadas por las defensas, que habían intentado parar el juicio al entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales por diversos motivos, todos ellos rechazados.
En su turno de palabra, la Fiscalía apuntó que el PP "es quien se vio beneficiado de fondos procedentes de cohechos y malversación de caudales públicos y no los grupos municipales. En consecuencia, la figura de partícipe a título lucrativo es plenamente válida y no procede su expulsión del procedimiento". Con esta frase, la fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell ha dado carpetazo a la intención de la defensa del PP de salir del juicio del 'caso Gürtel'.
Sin embargo, el tribunal ha rechazado la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el juicio. La fiscal así lo había solicitado ya que considera que "no procede", en contra de lo que había solicitado la acusación popular personada en el proceso.
Rajoy no declarará en la Gurtel
La semana pasada, el abogado de la formación, el exfiscal Jesús Alonso, alegó que el partido no debía estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de los cohechos de la trama Gürtel. Y, de este modo, señaló a sus propios grupos municipales como los que deberían estar en el juicio en vez de la formación.
Según el letrado, el PP no se benefició del dinero entregado por el grupo de Francisco Correa a los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente, para sufragar campañas y actos electorales. Y, en todo caso, argumenta que los beneficiarios hubiesen sido los grupos municipales de estas localidades.
Pues bien, una de las dos fiscales encargadas de todo el procedimiento ha desmantelado esta versión. Es el PP el que se benefició con cerca de 250.000 euros y es el PP el que debe estar sentado como partícipe a título lucrativo.
Pero es que, además, Sabadell ha acusado a la defensa del partido de alegar que las acusaciones que hace la Fiscalía contra la formación son "imprecisas" e "indefinidas". "Si se hace una lectura íntegra, y no parcial, de la causa no hay imprecisiones", ha espetado la fiscal.
Además, ha analizado cada uno de los escritos aportados por el PP en la causa y en ninguno de ellos alegan tales imprecisiones ni indefiniciones. "Los acusados y participes a título lucrativo conocían sobradamente los hechos que les atribuida el fiscal. En ningún momento hablan de imprecisiones en sus escritos", ha añadido.
"La prueba es plenamente válida"
La fiscal está respondiendo punto por punto todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, en las que han solicitado por diversos motivos la nulidad del procedimiento. Ha explicado que las grabaciones del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, no son nulas y además no es el origen del procedimiento, sino la propia denuncia que puso este exconcejal contra Francisco Correa y el resto de los miembros de su organización.
También ha rechazado que no pueda utilizarse toda la documentación remitida pro las autoridades suizas, y que los acusados se han agarrado. "La autorización únicamente es necesaria para delitos contra la Hacienda Pública. Y a los acusados se les acusa también por blanqueo, cohecho y malversación caudales públicos. Por tanto, la documentación remitida por Suiza es plenamente válida", ha añadido.
Concepción Sabadell ha aprovechado su turno para dejar constancia de los ataques personales a aquellos que han instruido la causa, principalmente contra los jueces de instrucción y las fiscales, por parte de las defensas, al no tener otra manera de defender a sus representados, dada la "fuerte carga probatoria" que existe contra ellos.