Tal y como estaba previsto después de que hace apenas quince días lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la pieza originaria de los cursos de formación al concluir que los hechos investigados no revisten el carácter de delito. La llamada pieza política del caso, que afectaba a 24 ex dirigentes del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, se da por cerrada al entender que no se ha constatado la existencia de una “red clientelar” y que de haber algo son “posibles irregularidades administrativas”.

 

Aunque el paso previo fue la petición de la Fiscalía, el archivo de esta causa ya estaba marcado desde junio en el calendario. Fue en plena campaña electoral cuando se filtró que Núñez Bolaños preparaba ya el auto para dar el cerrojazo. Aquello supuso un balón de oxígeno al PSOE y a Susana Díaz, que había tenido que hacer en precampaña el paseíllo por el Parlamento para comparecer en la comisión de investigación, en la que se dirimen las responsabilidades políticas. El PP denunció esto ante el Consejo General del Poder Judicial.

 

El carpetazo a esta pieza política, no obstante, era previsible. Esta causa está desperdigada por distintos juzgados andaluces, y ya ha habido más de un archivo. Los ha habido parciales, pero el que marcó un punto de inflexión fue el archivo de la causa global en Jaén. La propia juez Núñez Bolaños alude a este archivo.

 

Recuerda que en aquel auto se expuso que no había razones para “sospechar o presumir” que los fondos de la Junta fueran “malversados con el visto bueno, autorización o por desidia”. Tampoco se vieron indicios de que los responsables dieran órdenes o indicaciones para beneficiar a determinados empresarios, sin relación probada con la administración “más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita", y que "se beneficiaran torticeramente de tales fondos”. En este punto, la juez de Jaén llega a definir como  “manifiestamente absurdo”, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espurias por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”.

 

Críticas a la UCO

 

En su auto, Núñez Bolaños critica la actuación en este caso de la UCO de la Guardia Civil. El principal argumento es que “no todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas,  efectivamente no lo están; el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco”. De acuerdo con esta premisa, entiende que abrir una causa penal “por delitos de prevaricación y malversación sobre la base de un fraude o de menoscabo de fondos públicos asimilando los conceptos de fraude o menoscabo al de prevaricación o malversación es contrario a derecho y al principio de legalidad”.

 

El sobreseimiento de la causa llega después de analizar las cinco irregularidades detectadas y que han sido objeto de investigación: falta de documentación, la existencia  de numerosas resoluciones de exceptuación, la emisión por el órgano gestor de las certificación sin  realizar comprobación alguna  de la justificación, la concesión y pago de nuevas subvenciones sin haber realizado el órgano gestor la comprobación de la justificación y la no incoación de expedientes de reintegro sobre subvenciones no justificadas.

 

Núñez Bolaños comparte “en su integridad” la tesis sostenida de la Fiscalía de que las resoluciones de exoneración o de exceptuación, para resolver el problema del retraso que existía en la administración pública en la labor comprobación de las subvenciones, no puede ser calificado de conducta delictiva. No se realizaba para beneficiar a empresas concretas o determinadas sino para impedir el bloqueo en la tramitación de las subvenciones que se producía al no poder asumir la administración la labor de comprobar las justificaciones presentadas por los  beneficiarios en tiempo y forma. “Podemos, como señala el ministerio Público, considerar esta actuación más o menos irregular, pero en ningún caso como delictiva”, señala la juez.

 

Una red clientelar “inverosímil”

 

En cuanto a la existencia de una red clientelar que se favoreciera desde la Junta, uno de los principales caballos de batalla del PP en este caso y que se apoyaba en una hipótesis policial, la juez determina que no hay tal red. Es más, considera que es “poco probable e inverosímil”. “Que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE no resulta significativo”, sostiene, punto en el que alude a la petición realizada recientemente por el PP-A para que se practicaran una serie de diligencias “tendentes a acreditar la existencia de esa red clientelar”.

 

El PP defendía que la Junta, con la complicidad de los directores provinciales del SAE, creó una trama de empresas vinculadas a cargos del Gobierno andaluz o del PSOE a socios y familiares suyos, que recibieron una cantidad que se puede cuantificar en al menos 101.160.469,63 euros. De estos, 52 millones corresponderían a las subvenciones recibidas por siete entidades del ex consejero de Hacienda Ángel Juan Ojeda Avilés, y los 48,39 millones restantes a otras 38 empresas o entidades administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE o del Gobierno andaluz.

 

La juez manifiesta que, atendiendo al número de beneficiarios entre los años 2009 a 2012, no resulta significativo que el PP-A encuentre 39 empresa beneficiarias cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE, o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar.

 

Para restar credibilidad a esta teoría, que fue manejada por su antecesora en el caso, la juez Mercedes Alaya, añade un argumento más. Para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente por el órgano gestor de entre aquellos que consideraba afines al partido, “el funcionario (interino o de carrera) que era el que, sentado en su mesa con el ordenador, introducía los datos y emitía la resolución de concesión, debería tener instrucciones especificas y, por ende, participaría de la trama organizada que realizaba estas conductas. Quiere ello decir, que no sólo el director general o los delegados provinciales participarían de esta trama, sino que necesariamente también debían participar los funcionarios, quienes recibirían instrucciones de sus superiores para que así actuaran”.

 

Desde el Gobierno andaluz, se ha exigido que se pidan de “disculpas” públicas y de manera inmediata por parte del PP y de quienes hayan puesto bajo sospecha el nombre de personas inocentes. Su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, no ha ocultado la “satisfacción” del Ejecutivo andaluz al dar por "cumplido" lo que se había "avanzado desde el primer minuto", que la implicación de cargos políticos era una “farsa del PP con apoyo del Ministerio del Interior para intentar criminalizar los cursos de formación en Andalucía y machacar la imagen de la comunidad” y que ahora se desmonta, informa Europa Press.