El Tribunal Constitucional ha decidido por ocho votos a tres anular la prohibición de las corridas de toros en Cataluña al considerar que invade la competencia del Estado, al haber sido la fiesta nacional declarada patrimonio cultural.
En su resolución, el TC argumenta que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y también para proteger a los animales. La competencia sobre espectáculos públicos podría incluir la prohibición de las corridas con el fin, como es el caso, de proteger a los animales. Pero en este supuesto hay que tener en cuenta que la tauromaquia ha sido declarada por el Estado patrimonio cultural, razón por la que la prohibición invade competencias estatales en materia de cultura.
El TC levanta la prohibición de los toros en Cataluña.
El Constitucional destaca que el Estado dictó dos leyes, una en 2013 y otra en 2015, que no fueron recurridas ante el TC, con las que los declaró patrimonio cultural inmaterial la fiesta taurina.
La ponente del asunto en el TC, la magistrada Encarnación Roca, de origen catalán, ya propuso la estimación del recurso del PP y la anulación del veto a los toros en Cataluña al apreciar la existencia de una vulneración competencial que llevó al legislador autonómico a invadir las facultades que el artículo 149.2 reserva al Estado, tal y como informó EL ESPAÑOL el pasado 5 de octubre.
Este precepto establece que "sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial (...)".
La ley catalana
La decisión se produce seis años después de que el Grupo Popular del Senado presentara un recurso de inconstitucionalidad a la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010 por la que se prohibieron las corridas de toros en ese territorio a partir del 1 de enero de 2012.
Por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, el Parlament asumió el 28 de julio de 2010 una iniciativa legislativa popular para la prohibición de los toros en Cataluña. El socialista José Montilla presidía entonces el Gobierno catalán y votó 'no', como la mayoría de los diputados autonómicos socialistas. CiU, con Artur Mas a la cabeza, votó 'sí' a la prohibición. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, definió la jornada como "un día triste para Cataluña" y anunció que instaría a los grupos parlamentarios del PP del Congreso y del Senado a impugnar la ley autonómica. Así lo hicieron tres meses después 50 senadores populares.
La ley catalana movilizó a los representantes del ámbito taurino, que celebraron reuniones con los ministros de Interior (Alfredo Pérez Rubalcaba) y Cultura (Ángeles González Sinde) para que las competencias en materia de toros pasaran a Cultura.