El Gobierno ya ha movido ficha para burlar el boicot que la oposición en bloque puede aplicar en el Parlamento al Partido Popular. La Mesa del Congreso, donde el PP ya no cuenta con mayoría para imponer su criterio, aprobó la decisión de tomar en consideración dos proposiciones de ley: una para suspender el calendario de implantación de la Lomce y otra para modificar el estatuto de los trabajadores. Sin embargo, el Ejecutivo ha encontrado una vía para sortear el veto de la oposición: elevar el conflicto ante el Tribunal Constitucional y que sea el Alto Tribunal el que emita un veredicto.
El pleno del Congreso aprobó el martes, gracias al voto afirmativo de toda la oposición y el voto en contra del PP, la toma en consideración de una proposición de ley que propuso el PSOE. El objetivo era "suspender" el calendario de implantación de la ley de educación en aquellas medidas que aún no hayan tenido aplicación. El Ejecutivo ha tardado tres días en responder. Según sus cálculos, la suspensión del calendario de la Lomce supondría 615 millones de pérdidas de ayudas del Fondo Social Europeo y una caída de los ingresos de 43 millones en el caso de la reforma del estatuto de los trabajadores.
Con este dato, el Gobierno se agarra al artículo 134.6 de la Constitución para oponerse a la tramitación de estas dos iniciativas y pedir a la Mesa que reconsidere su postura y desestime la solicitud. Según recoge la Carta Magna en ese punto específico, "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicaba este viernes tras el Consejo de Ministros que la labor del Ejecutivo es hacer cumplir que las nuevas leyes no supongan un incremento del gasto en los Presupuestos Generales del Estado. "Es una cuestión de trasfondo político, y esperamos que la Cámara lo reconsidere", pedía el ministro de Educación. "El procedimiento que se establece es un procedimiento tasado. Se va a pedir a la Cámara que reconsidere esa decisión. Es una cuestión de apreciación, pero es muy importante", recalcó el portavoz en lo que se entendió como un desafío del Ejecutivo a toda la oposición.
El trámite previo
El requerimiento que el Gobierno ha enviado al Congreso es el trámite previo al planteamiento posterior que elevará al Tribunal Constitucional. Si la Mesa acepta los argumentos del Gobierno y revoca el acuerdo del 18 de octubre, el trámite parlamentario de las dos iniciativas directamente se anularían. Si optan por ignorar el ruego del Ejecutivo, directamente desde Moncloa elevarán el conflicto al Alto Tribunal y justificarán su decisión con el aumento del gasto presupuestario.
Para evitar tensar más la relación con la oposición, Méndez de Vigo ha recordado que la intención de su partido no es imponer su criterio, sino garantizar la estabilidad presupuestaria. Por eso, tendió la mano a los partidos rivales para trabajar juntos por un pacto nacional por la educación. El primer paso, a su juicio, se ha dado este mismo viernes, cuando el Gobierno ha anunciado cambios en las pruebas de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato.
El primer conflicto entre ejecutivo y legislativo
No es la primera vez que el Ejecutivo recurre al Tribunal Constitucional para que resuelva un conflicto entre el Gobierno y el Parlamento. Cuando se constituyó la undécima legislatura, la que transcurrió entre el 20 de diciembre y el 26 de junio, los nuevos partidos querían someter al Gobierno a sesiones de control, aunque estuviera en funciones. Por su parte, el Ejecutivo de Rajoy se negaron a someterse constantemente a la oposición. En el PP entendían que la Cámara no le había dado la confianza para gobernar y, por lo tanto, ni los ministros ni el presidente del Gobierno en funciones acudirían al Parlamento cada vez que fueran convocados.
Finalmente fue el Ejecutivo el que elevó al Tribunal Constitucional el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo: si el Gobierno en funciones tenía la obligación de someterse al control del Parlamento durante el período en el que el Parlamento no respaldaba a su candidato. El Alto Tribunal estimó la petición del Gobierno, dilató los plazos para pronunciarse y, mientras tanto, el Ejecutivo burlaba las exigencias de la oposición.