La juez pide al TSJA que investigue al diputado del PSOE andaluz Carmelo Gómez

La juez María Núñez Bolaños ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada para que investigue al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez en relación al delito societario de Mercasevilla por el "supuesto pago" por parte de esta empresa pública de las nóminas por un valor total de 8.390,55 euros que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez pide al TSJA que investigue tanto a Carmelo Gómez, dada su condición de aforado, como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra; al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; al exconcejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.

La juez, que atiende de este modo la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía de Sevilla, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos, "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima", y de un delito de falsificación de documento mercantil, "derivados de la confección, presentación y pago de las facturas".

Al hilo de ello, la instructora argumenta que "no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación" de las seis personas no aforadas "por órganos distintos en procedimientos diferentes, imponiéndose en principio, como consecuencia del principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia" del TSJA "con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias".

La magistrada recuerda que, por medio de un auto dictado el 9 de junio de 2015, la juez Mercedes Alaya acordó librar mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informase sobre el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas", pues "aparecen dados de alta el primero en 'Maginae Solutions', en 'Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en 'Consulting Social Siemur'".

Al hilo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla alude a un oficio de la UCO donde "se hace constar" la existencia de distintos contratos y retribuciones a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez.

CONTRATOS "SIMULADOS"

La instructora señala que, según se recoge en dicho oficio, "existen indicios suficientes para considerar que Fernando Mellet, en connivencia con Juan Lanzas e Ismael Sierra, con cargo a los fondos de Mercasevilla, abonó 70.024 euros (33.024 más 37.000), importe que prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas, en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social", ascendente a 69.751,41 euros, "de los trabajadores José Antonio García, Carmelo Gómez y María del Carmen Rodríguez".

En concreto, la magistrada precisa que, desde que fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador de Maginae Solutions el día 22 de marzo de 2007 y hasta su baja el 1 de agosto de ese mismo año --figuró dado de alta en esta sociedad durante 133 días--, el importe total de las retribuciones percibidas por Carmelo Gómez ascendió a 8.390,55 euros (4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen).

"Este importe, 8.390,55 euros, coincidiría prácticamente con el importe de los pagos en concepto de abono de nóminas detectados a favor de Carmelo Gómez, 7.846,19 euros", explica la instructora.

En este sentido, considera que "existen indicios" de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados", unos "indicios" que "han sido refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del salario, habiendo guardado silencio en sus declaraciones en sede judicial los investigados en este concreto asunto, en especial los responsables de las empresas en las que se supone estuvo trabajando".

FACTURAS "FALSAS"

La juez considera que "para comprender y entender indiciariamente la existencia de los hechos" habría que remontarse al atestado de la Guardia Civil de junio de 2015, donde se pone de manifiesto "la existencia de un entramado de empresas controladas por Juan Lanzas e Ismael Sierra, su cuñado", entre las que se encuentran Maginae Solutions, Consulting Social Seimur, Al Andalus Mass Media Channel y Bureau Magenio, señalando que tanto Carmelo Gómez como el exconcejal y la nuera de Rivas "fueron contratados por estas entidades".

La juez considera que "existen indicios razonables" para concluir que Juan Lanzas, "en connivencia" con Fernando Mellet, "habrían instrumentalizado el pago de los servicios presuntamente prestados" mediante la emisión de cuatro facturas "amparadas en los dos contratos de servicios firmados" por Maginae Solutions y Mercasevilla.

"Así, se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra", asevera la magistrada en la exposición razonada, añadiendo que "no existe indicio alguno que acredite que se desarrollara trabajo efectivo por las personas contratadas".

Para finalizar, resalta "la connivencia" entre el asesor fiscal de Lanzas, Ismael Sierra y Fernando Mellet "en la elaboración y cargo de dos facturas falsas a Mercasevilla, habiendo utilizado para ello los datos fiscales de dos clientes, sin su consentimiento", como son Promociones y Construcciones Castellsur 2015 S.L. y Ángel Francisco López Gálvez.