La mayoría de los grupos del Congreso ha expresado hoy su apoyo a la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, en el debate de una moción del PSOE, en el que solo el PP se ha opuesto a este punto, en tanto que Ciudadanos ha anunciado su abstención.

Como estaba previsto, los partidos nacionalistas, Unidos Podemos y la mayor parte de los que hoy conforman el Grupo Mixto han mantenido la postura que ya manifestaron cuando se aprobó la conocida "Ley Mordaza" y han apostado por una nueva normativa.

Sus votos serán suficientes para que salga adelante la iniciativa, toda vez que el portavoz de Ciudadanos en el debate, Luis Miguel Salvador, ha dejado claro que en ese punto concreto de la moción su grupo se abstendrá.

Sin embargo, Ciudadanos apoyará los otro cuatro puntos de la propuesta: la ampliación de las plantillas en Prisiones, Policía y Guardia Civil; la mejora de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE); la adopción de medidas para reducir la siniestralidad vial y los robos en el campo y en los domicilios, y la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar en casos extraordinarios.

El PP, en sus trece

El PP se ha mantenido en sus trece en su apoyo a la actual ley de Seguridad Ciudadana, pero, en boca de su diputado José Alberto Martín-Toledano, se ha abierto a negociar algunas modificaciones en la norma y no ha dudado en apoyar el resto de los puntos de la moción, salvo el referido al Código Penal Militar.

Aunque Martín-Toledano ha reprochado la "España negra" de un "estado policial que persigue a los ciudadanos" que han dibujado portavoces de la oposición, ha querido hacer suyas las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ya ha ofrecido diálogo para debatir algunos aspectos de una ley que, a su juicio, es "garantista".

"En España los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizados. No estamos ni en Cuba ni en Venezuela", ha enfatizado el diputado del PP.

Mientras, el proponente de la iniciativa, el socialista Antonio Trevín, ha insistido en la necesidad de derogar la ley para que el Gobierno "devuelva" las libertades que "hurtó" a los españoles y para acordar una norma que sea respetuosa con la Carta Magna y corrija algunos errores.

Tras citar ejemplos de aplicación restrictiva de la ley, Trevín ha pedido al PP que demuestre la "sinceridad" de sus ofertas de diálogo y acuerdos para esta legislatura y, entre otras demandas, le ha pedido que "ataje de una vez" los recortes aplicados a las fuerzas de seguridad.

Así, ha recordado que la dotación presupuestaria para seguridad ha bajado en 500 millones de euros en los últimos cinco años y que las plantillas de la Guardia Civil y la Policía tienen un déficit de 20.000 efectivos sobre catálogo.

En suma, ha urgido al Gobierno a que "cambie las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos". Desde Unidos Podemos, su diputado Eduardo Santos ha censurado el modelo "claramente policial de la derecha", de "tolerancia cero y porra en la calle" y ha apostado por llevar a la Cámara una nueva ley acorde con un concepto diferente de la seguridad.

Luis Miguel Salvador, de Ciudadanos, ha criticado al PSOE por mezclar en la propuesta tantos asuntos porque, "al final, pierden fuerza", y ha recordado a los socialistas que los acuerdos con C's para facilitar la investidura de Pedro Sánchez incluían la reforma de la ley pero no su derogación.

Tras anunciar su abstención en ese punto, Salvador ha manifestado su apoyo al resto de la moción y se ha referido, en concreto, a la aplicación de Código Penal Militar en la Guardia Civil para demandar reformas en este cuerpo y que la actual sea la legislatura del instituto armado.

Mikel Legarda, del PNV, ha leído una carta de reivindicaciones ante Zoido, al que ha instado a convocar la Junta de Seguridad del País Vasco y a adecuar la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Euskadi.

De todos modos, se ha sumado a la propuesta de derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, como ha hecho también el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha dicho que apoyaba por "dignidad, decencia, memoria y sentido democrático" la anulación de "esta canallada y purga", a la vez que ha exigido el cierre de los CIE "de la vergüenza".