El exministro de Defensa, José Bono, ha querido apoyar a las familias de las víctimas del Yak-42 en su lucha por conseguir que se reabra el caso en los tribunales, sobre todo después del informe del Consejo de Estado que centra toda la responsabilidad en el ministerio.
Hoy se reúnen con la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y quieren que les entreguen el contrato del avión que demostraría, según ellas, que todo fue una chapuza desde el principio.
Bono, en una entrevista en El País, asegura que "se contrataban aviones basura no por maldad de los jefes militares del Estado Mayor, sino por las limitaciones presupuestarias existentes". Y aclara que hay "un documento oficial oculto hasta ahora a la opinión pública que dice que 'con los gastos acumulados hasta la fecha (Prestige, crisis de Irak...) solo se podían contratar dos aviones al mes'. Eso obligaba a priorizar los vuelos".
El exministro de Defensa aclara que el conflicto iraquí fue decisivo en la situación que vivían las fuerzas armadas en el momento del accidente: "El JEMAD tenía que pedir permiso al ministro para algún vuelo concreto, la autorización solía llegar con muy poco tiempo de reacción y en todo ello incidía indiscutiblemente la sensibilidad política que se vivía respecto al conflicto iraquí. Si alguien niega estos hechos, mostraré el documento".
Además, José Bono asegura que tuvieron que forzar un armario para conseguir la información sobre cuánto costó el Yak y qué había pasado con el seguro: "La información que me dio Trillo no era relevante; su mayor interés era que el asunto acabase pronto. Las subcontratas las supimos porque fui personalmente al Estado Mayor de la Defensa. Tuvimos que forzar un armario del que no me daban la llave para conseguir la documentación. El jefe del Estado Mayor envió a un comandante para conseguir información en el extranjero".
Lo que consiguieron saber es que alguien se había llevado el dinero por el camino de los seguros de cada soldado y un sobrecoste del avión accidentado: "La propietaria del avión, Um-Air, se negó a entregar el contrato y solo nos dio la primera y última página. Otra información la recibimos pero con el precio tachado: llegamos a concluir que el Gobierno había pagado 149.000 euros y Um-air había cobrado 38.000. Es decir, que 111.000 se habían quedado por el camino. Queda por saber quién se llevó ese dinero y el del seguro, porque España estaba obligada a contratarlo para cada soldado, pero cuando se produjo el siniestro supimos que no estaban asegurados".
Por eso advierte: "Las familias quieren justicia y verdad, el dinero se lo llevaron otros" porque "contrataban aviones basura".