Es una mañana cualquiera de invierno en Madrid. El cielo está soleado, aunque hace frío. Jorge Pedro Rodolfo Wagner dedica el tiempo a hacer recados por su barrio, una zona de alto nivel de la capital de España. Muy lejos quedan los tiempos en los que integró el temido Destacamento Militar de Inteligencia número 144 en su país, Argentina. Se trata de una unidad que desempeñó un rol protagonista en la represión de los movimientos opositores a la dictadura militar del país sudamericano entre los años 1976 y 1983, según la Justicia argentina.
Aparentemente ajeno a todo aquello, Wagner se baja de su Volkswagen color azul para hacer unas gestiones en el banco, bromea con el empleado de la ventanilla al que confirma el origen que delata su marcado acento. Viste pantalón oscuro y un polo que cubre con un abrigo. Las canas tiñen de blanco una tupida cabellera.
A nadie le llama la atención su presencia. En apariencia, es un jubilado más de los muchos que a esas horas pasean por la calle. Pero sobre el papel, es un militar investigado en Argentina por 48 presuntos crímenes. Casi medio centenar de torturas, homicidios y secuestros de los que Wagner es, al menos, sospechoso. Y que por el momento seguirán sin respuesta, ya que la Audiencia Nacional ha decidido no extraditarle.
Sobre el currículum de Wagner pesan nueve acusaciones de privación abusiva de libertad, otras nueve acusaciones de homicidio, doce de torturas, cuatro de robo… y así hasta un total de 48 hechos delictivos cometidos presuntamente sobre un total de 27 víctimas, algunas aún desaparecidas. Están los hermanos Juan Félix y Hugo Alfredo Talquenca, también los hermanos Vivian y Raúl Aqcuaviva, Hector Pablo Granis, Blanca Santamaría... En la lista hay hasta 15 mujeres.
Orden de arresto en 2015
De espaldas a estos nombres, Wagner lleva años residiendo en Madrid, con una vida anónima y sin que nadie se percatara de su presencia. Hasta que un día la Policía llamó a su puerta. Varios agentes procedieron a su detención en cumplimiento de una orden de arresto internacional cursada en 2015. “¿Son ustedes de Interpol?”, preguntó el excoronel de las Fuerzas Armadas argentinas.
Wagner intuía por qué estaba siendo detenido, tanto que aseguró a los agentes que otros compañeros suyos ya habían sido arrestados antes por los mismos hechos. No se molestó siquiera en ocultar su pasado como miembro de una Unidad de Inteligencia del Ejército argentino.
El coronel argentino sale de hacer recados en el banco.
El exmilitar argentino tiene una versión distinta de los hechos. La relata de mala gana, a mitad de camino entre la indignación y el cansancio: “Es completamente falso, no vale la pena seguir hablando de nada de esto, no va a llegar a nada en limpio”. “No me investigue, no se lo voy a permitir ”, avisa antes de zanjar la conversación con EL ESPAÑOL.
El día de su detención
Su detención tuvo lugar el 9 de marzo del año pasado. Esa mañana la Policía española atendió una reclamación del Juzgado Federal de Mendoza número 1 que dirige el juez Walter Bento. El tribunal le investiga desde 2014 por presuntos delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad y tormentos (torturas).
A las 13.15 horas de ese día ingresó en los calabozos de la Comisaría General de Información, en el complejo policial de Canillas del barrio madrileño de Hortaleza. Antes tuvo que hacer escala en un centro de salud en la cercana calle de Mar Báltico, ya que Wagner padece una grave enfermedad.
Su hijo, su esposa y su abogado (todos en España) fueron avisados del arresto del cabeza de familia. Tras pasar la noche detenido, al día siguiente fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional y horas después quedó en libertad. Tan sólo se le retiró el pasaporte (Wagner también tiene nacionalidad alemana) y se le impuso la obligación de acudir a firmar todos los días al Juzgado. Luego esa medida se relajó a una vez a la semana por motivos de salud.
Posiblemente sea la última vez que Wagner se encuentre retenido pues la Justicia española denegó en septiembre su extradición. La Audiencia Nacional no es que le considere inocente de los graves crímenes de los que se le acusa en su país, sino que ni siquiera entró a valorarlos porque considera que han prescrito. Para él, todo quedó en un susto y España se ha convertido definitivamente así en su auténtico refugio.
39 años en el Ejército
El mes de febrero de 1997, el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino firmó su retiro voluntario “con goce del cien por ciento del haber mensual grado y suplementos generales que percibe” después de 39 años, ocho meses y nueve días en el Ejército. Este retiro en España, lejos de su pasado, comenzó en el año 2011, momento en el que se empadronó en Madrid, quizá huyendo de una investigación judicial iniciada dos años antes.
Desde entonces vive en un espaciado piso de 191 metros cuadrados, en la zona norte de Madrid, muy próximo al Hospital Ramón y Cajal y a las cuatro Torres de Plaza de Castilla. Valorado en más de medio millón de euros, sólo el salón de la vivienda ya ocupa 50 metros cuadrados y cuenta con una terraza acristalada. La casa tiene cuatro dormitorios, dos baños y un aseo. En las zonas comunes hay amplios jardines y piscina privada. Junto a la finca hay un quiosco y un acogedor restaurante con una terraza en la que casi siempre hay clientes. La familia Wagner cuenta con varias propiedades inmobiliarias en la misma calle. Tiene cuatro nietos de los cuales dos son españoles.
El abuelo Jorge está investigado junto a otros militares en la causa FMZ 14000591/2009, la que afecta a las actividades del Destacamento de Inteligencia 144. Según la documentación remitida por Argentina, esas actividades consistían en “la persecución a civiles por motivos políticos mediante la perpetración de detenciones en condiciones inhumanas, interrogatorio bajo la aplicación de torturas, la desaparición de personas y asesinatos”.
Las autoridades argentinas apuntan a que Wagner actuó en estos delitos “en calidad de autor mediato, todo ello basado en el abuso de la autoridad que le fuera conferida en razón de su cargo, ejerciendo violencia para lograr el éxito de la medida en la que habría intervenido y utilizando los medios, personal militar y de seguridad de la organización estatal establecida para la lucha contra la subversión”.
Wagner recorriendo las calles de su barrio.
Señalado por un comisario
Para sustentar esta afirmación la investigación ha tenido en cuenta la declaración judicial que prestó Pedro Antonio Dante Sánchez Camargo, comisario general en su día de la Policía de Mendoza, que nombró a Wagner como una de las personas que se encargaba de los interrogatorios. Esas declaraciones las realizó en 1987, cinco años después del final de la dictadura militar.
"Mire, espere, no, escúcheme -Wagner interrumpe las preguntas en su conversación con este periódico-. No hacíamos ningún interrogatorio en el Destacamento, ni siquiera eso es lo que dijo Sánchez Camargo. Primero lea bien y después podemos empezar a hablar, pero si me trae información falsa... él no dijo eso, está encarando mal la investigación, reúna datos reales, yo a Sánchez Camargo solo lo vi una vez y no tengo nada que ver con él, a mí nunca me citaron de ningún juzgado por eso".
El coronel remite a su abogado las preguntas de EL ESPAÑOL al tiempo que acusa a Sánchez Camarga (ya fallecido) de mentir. "Con que consiga en la Audiencia Nacional las cosas que salieron en el juicio mío ya está todo ahí", añade. Este periódico ha tenido acceso al escrito que presentó su abogado para rechazar la extradición a Argentina.
"Intervenía en los interrogatorios"
Es su propio letrado quien hace alusión a las declaraciones de Sánchez Camargo, aunque para poner en valor que las realizó hace décadas sin que hasta ahora hayan supuesto ninguna incidencia contra su cliente. "Entiende esta representación que la mera mención de su nombre y del hecho que 'intervenía en los interrogatorios' no fue considerada base suficiente".
La vista de extradición en la Audiencia Nacional se celebró el 15 de septiembre de 2016. Allí estaba presente el abogado de Wagner, perteneciente a uno de los despachos más exclusivos de España. Defendió su oposición a que su cliente regresara a Argentina y sus argumentos fueron atendidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. De nada sirvió que la Fiscalía defendiese la extradición por considerar los hechos un caso de genocidio y por tanto sin posibilidad de prescripción.
El auto del tribunal sostuvo que los hechos investigados abarcan hasta 1983, por lo que “opera el instituto de la prescripción (artículo 131.1 del Código Penal español) habida cuenta que a la fecha en la que se dirigió el procedimiento contra el imputado habían transcurrido más de 20 años”. Tampoco apreció delito de genocidio ya que “exige la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. A su juicio, tampoco habría sido posible la extradición por Lesa Humanidad. Recuerda la Audiencia Nacional que la legislación española introdujo esa figura en 2003, mucho después de los hechos y “no es posible aplicar retroactivamente la norma”.
Wagner admite haber estado sirviendo en el Destacamento de Inteligencia 144 como jefe de la sección de comando y servicios”, pero dice que sólo hasta el 5 de enero de 1977, cuando le destinaron a Buenos Aires. Su abogado aporta este dato porque en la documentación remitida por Argentina no se detalla en qué momento concreto se produjeron los presuntos crímenes. Añade en su defensa que era el “oficial de menor jerarquía en la escala de mandos”.
A este ex militar, nacido en la provincia de Santa Fe hace casi 72 años, le bastará con no salir nunca de España para no tener que responder ante el juez de los presuntos delitos que cometió hace décadas. Podrá seguir parándose a conversar amigablemente con sus vecinos y saludar al portero de la finca en la que vive cada vez que salga a pasear.
El exmilitar argentino no será extraditado a su país.