El asunto trasciende cualquier cuestión política. El dictamen del Consejo de Estado exige a Defensa que se busquen -y posteriormente se entreguen a los familiares de las víctimas- todos los documentos relacionados con el Yak-42. Y algunos podrían estar en manos de José Bono, tal y como ha asegurado el propio exministro. Por eso, desde el Ministerio gestionado por María Dolores de Cospedal se han dibujado una serie de actuaciones con la intención de aclarar qué sabe -o qué papeles puede tener en su poder- el político socialista.
El avión se estrelló en mayo de 2003 en las inmediaciones de Trebisonda (Turquía), en un accidente en el que perdieron la vida 62 militares españoles y toda la tripulación, compuesta por 13 personas. La aeronave, de acuerdo a la información obtenida, no cumplía con algunos de los requisitos de seguridad para efectuar el recorrido. Posteriormente se cometieron errores graves en la identificación de los cuerpos. Tres militares españoles fueron condenados por estas faltas, pero el Gobierno de Rajoy los indultó en 2012. La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en ese mismo año.
Las víctimas exigen desde el principio del proceso los papeles de las subcontratas que se sucedieron hasta llegar a la empresa ucraniana que finalmente transportó a los militares desde Afganistán con destino a España. Se conoce que Defensa contactó inicialmente con Namsa, la agencia de vuelos de la OTAN, para que gestionara el trayecto. A partir de ahí se implicaron una serie de compañías: la alemana Chapman Freeborn, la irlandesa Volga Dnepr, la turca Adriyatic LTD y la libanesa JTR Company SAL, para llegar finalmente a la ucraniana UM-Air, que transportó a las tropas.
José Bono explica en sus memorias cómo forzó un armario en dependencias del Estado Mayor de la Defensa para conseguir papeles del Yak-42 -una versión matizada por alguno de los militares implicados-. Y en una entrevista reciente en El País advirtió de los errores cometidos por el Ministerio de Federico Trillo que condujeron a la catástrofe: “Si alguien niega estos hechos, mostraré el documento”.
Dos versiones contradictorias
Según publica este viernes El Confidencial, Defensa ha enviado un burofax a Bono para exigirle esos documentos. Según explicó el exministro, los papeles revelan que de las arcas del Gobierno español salieron 149.000 euros, pese a que el precio final del vuelo rondaba los 39.000 euros. La diferencia de precio habría ido quedando entre los diferentes intermediarios implicados.
Pero María Dolores de Cospedal sostiene una versión diferente a la del exministro socialista. Según explicó este lunes en el Congreso de los Diputados -en una comisión en la que detallaba cómo asumiría Defensa el dictamen del Consejo de Estado-, esta cantidad no se llegó a abonar: el acuerdo implicaba el pago al término del viaje.
Según fuentes ministeriales, se espera que el burofax sirva para que José Bono entregue la documentación que asegura tener en sus manos, o bien que dé explicaciones sobre si realmente no los posee.
¿Existen los papeles?
Cospedal ha insistido en varias ocasiones en que hará todos los esfuerzos para buscar la documentación exigida por las familias de las víctimas, que abarcan la del Yak-42 y de otros 42 vuelos de características similares. Pero desde el Ministerio la respuesta siempre ha sido negativa, alegando que no existen o que no están en dependencias policiales.