Los Ayuntamientos vascos podrán comunicarse con sus administrados sólo en euskera aunque deberán atender cualquier petición explícita de un ciudadano para trasladarle información en castellano. Del mismo modo será legal que plasmen y remitan únicamente en lengua vasca las actas de las resoluciones municipales adoptadas en el seno del Consistorio, sin necesidad de utilizar las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma en su contacto con otras Administraciones.

No sólo no habrá más recursos en los tribunales por este último motivo, sino que los existentes decayeron el pasado mayo por iniciativa de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, según ha desvelado este lunes de forma inesperada su actual titular, Javier De Andrés.

Ambas cuestiones relacionadas con el uso del euskera por parte de los Ayuntamientos quedan reflejadas en el acuerdo de interpretación alcanzado hace un par de semanas entre los Gobiernos español y vasco para dirimir las discrepancias sobre la Ley Municipal aprobada en 2016 por el Parlamento de Vitoria y evitar que el primero la impugnara ante el Tribunal Constitucional.

El acuerdo, adoptado en la Comisión bilateral de Cooperación, no modifica el articulado de la ley, pero se publica en los Boletines oficiales del Estado y País Vasco y recoge cómo ambas partes “entienden” que deber ser interpretados los puntos que suscitan controversia.

La remisión a la delegación del Gobierno del País Vasco de las actas en euskera por algunos ayuntamientos se convirtió en uno de los caballos de batalla del delegado anterior, Carlos Urquijo, destituido de su cargo por el nuevo Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, que en su afán de superar los enfrentamientos con el PNV e instaurar una etapa de diálogo que le permita acordar con el grupo vasco en el Congreso de los Diputados decidió relevarle al frente de la institución.

Urquijo litigó en los tribunales y llegó a presentar una treintena de recursos contra ayuntamientos vascos que se negaban a enviar sus actas redactadas en castellano. Éstas y otras actuaciones enfriaron sus relaciones con el Gobierno de Vitoria y el nacionalismo en su conjunto, que pidieron su cese en reiteradas ocasiones.



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En el actual clima de reconducción de relaciones, que ambas partes definen como el paso de la confrontación a la colaboración , el Ejecutivo de Urkullu ha incidido en la necesidad de acabar con la “judicialización de la política” y considerado relevante la actitud a seguir con los recursos interpuestos por Urquijo para “entorpecer” la acción de las instituciones vascas. Este fue también uno de los asuntos abordados durante la reunión que mantuvieron el lehendakari y Javier De Andrés, sustituto de Urquijo, el pasado 19 de enero, según informaron tras el encuentro fuentes de Lehendakaritza.

De Andrés, que ha asegurado “no recordar” que conversaran sobre ese tema, ha mantenido que la Delegación del Gobierno ya "desistió" en mayo de 2016 de continuar adelante con la treintena de recursos presentados contra otros tantos ayuntamientos ante una sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que quitaba la razón a la abogacía del Estado y daba por bueno que las relaciones entre Administraciones se podían realizar tanto en euskera como en castellano, sin necesidad de recurrir al bilingüismo.

El fallo, de 27 de abril, se refería al Ayuntamiento de Aretxabaleta (Gipuzkoa) y, según la Delegación, a raíz del mismo el Estado presentó escritos de desestimiento en los distintos juzgados donde se tramitaban sus recursos.



De Andrés ha desligado, por tanto, su retirada del nuevo tiempo político, la ha vinculado al mandato de Urquijo, y establecido una razón puramente judicial. Lo sorprendente de su anuncio es que no se trasladara antes a la opinión pública pese a los meses transcurridos y la presión ejercida por el Gobierno vasco en este punto, que además no menguó tras el paso atrás dado por la Delegación en mayo y fue abordado recientemente por el lehendakari que no consideraba resuelto el asunto.

Sean razones judiciales o políticas las desencadenantes, lo determinante es que a partir de ahora no habrá más recursos por este motivo y los ayuntamientos vascos podrán comunicarse sólo en euskera con el resto de las administraciones.



SÓLO EN EUSKERA





El acuerdo de interpretación entre ambos Gobiernos sobre la Ley Municipal vasca da por bueno también que los municipios puedan optar únicamente por el euskera como lengua de trabajo en su relación con los administrados. Para que un ciudadano sea atendido en castellano por el Consistorio tendrá que hacer valer su derecho y requerirlo previamente.

Este punto fue objeto de denuncia por el PP y el PSE-EE durante el debate parlamentario de la ley, ya que sus portavoces consideraron que en localidades pequeñas donde los Ayuntamientos utilizan sólo el euskera los vecinos que opten por el castellano resultarán “marcados” y hasta cierto punto “estigmatizados” por su elección. Ambos grupos apreciaron un endurecimiento de las posiciones lingüísticas del PNV que achacaron al “peaje” que el partido de Ortuzar había tenido que pagar para sacar el proyecto adelante con el respaldo de EH Bildu.

El acuerdo no modifica los extremos más polémicos de la ley aunque matiza que no hará falta alegar desconocimiento de la lengua vasca para reclamar ser atendido en castellano.

Según De Andrés la interpretación suscrita por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el consejero Josu Erkoreka es acorde con la Constitución y la legislación básica vigente y garantiza la “libertad del lingüística del ciudadano” para comunicarse en cualquiera de las dos leyes oficiales de la comunidad autónoma.



CONSULTAS PREVIA AUTORIZACIÓN

Otra de las objeciones previas a la Ley Municipal por parte del Gobierno central tenía que ver con la regulación de la participación ciudadana a través de las consultas populares convocadas por los Ayuntamientos.

De Andrés ha afirmado que ambas partes han acordado que su regulación queda supeditada a lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local. A tenor de la misma, los ayuntamientos vascos podrán consultar a sus vecinos exclusivamente sobre cuestiones de su competencia, es decir de ámbito municipal, y previa autorización del Gobierno de España a quien deberán hacer llegar la preceptiva solicitud.

Esta autorización no será necesaria en el caso de que la consulta no esté dirigida al conjunto del vecindario con derecho a voto en las elecciones sino a una parte concreta del mismo, como puede ocurrir, por ejemplo, si se desea pulsar la opinión de los residentes de un barrio sobre el nombre de una de sus calles o plazas, según el ejemplo mencionado por De Andrés. En este supuesto de consulta restringida ésta deberá hacerse sin que suponga “discriminación” para el resto del “cuerpo electoral” y ateniéndose también a las materias de ámbito local.

Sólo estas consultas “excepcionales” por su carácter sectorial o territorial limitado podrán abrirse a los extranjeros residentes en el municipio y a los jóvenes de 16 años.

Los resultados de las urnas no serán vinculantes para el Consistorio; la facultad de tomar decisiones corresponderá al pleno municipal.