Cala Cortina es un lugar solitario y aislado. Una playa de Cartagena en la que no hay viviendas alrededor ni hoteles en primera línea. Es el sitio perfecto para no llamar la atención y pasar desapercibido. Ese fue el lugar en el que Diego Pérez pasó sus últimos minutos de vida en un endiablado desenlace tras una simple llamada de auxilio al 091 de la Policía. Por estos hechos serán juzgados cinco policías nacionales acusados de detención ilegal y causar la muerte a este vecino del barrio cartagenero de Las Seiscientas con un 45% de discapacidad derivado de sus problemas mentales.
"¡Una gente me quiere pegar dos tiros porque le cogí unas bicicletas sin darme cuenta y están en la calle, que la Policía venga para mi casa!". Ese fue el mensaje que recibió la Sala del 091 a las 4.35 de la madrugada de un 11 de marzo de 2014. Diego, de 43 años de edad, estaba asustado, probablemente afectado por alguna de sus alucinaciones. No sabía entonces que aquella llamada le iba a costar la vida. Cuatro minutos tardaron en personarse en su casa los primeros agentes, concretamente el procesado José Carlos Mateos y Gregorio Javier García, fallecido en prisión en 2015 cuando cumplía prisión provisional por estos hechos.
Un "zumbao"
También fueron comisionados en el lugar los agentes acusados José Antonio Costas y José Luis Solano. Según el sumario del caso, lo que sigue a la llegada de los policías es un intercambio de comunicaciones entre los agentes y la Sala del 091 en el que se mofan del hombre al que llegan a tildar de “zumbao”. Mientras, se dio cita en la zona otro coche patrulla con otros los agentes Rubén Forne y Raúl Aguado, pese a que no había “causa justificada para su presencia”, dice el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido este periódico.
Cachearon a Diego en plena calle, uno de los agentes llegó a darle una bofetada y le indicaron de “manera intimidatoria” que se subiera a unos de los coches de la Policía. Lo siguiente que hicieron fue poner rumbo a Cala Cortina, ese lugar aislado en el que es fácil no llamar la atención. Mientras Diego y los seis policías recorrían a bordo de los tres coches los pocos kilómetros que separan el barrio de las Seiscientas y la solitaria playa, los agentes se pusieron de nuevo en contacto con la Sala del 091.
"Lo ocultaron a sabiendas"
Comunicaron que habían resuelto la situación con presencia policial y que aquel hombre ya estaba más tranquilo, es decir, “ocultaron a la Sala, a sabiendas de su ilicitud, que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a Cala Cortina con la víctima a bordo”. Llegaron a las 5 de la madrugada. Con las luces de los vehículos apagadas, circularon por la única carretera que llega a la zona, una vía rodeada de diversas colinas y montes que circundan la cala.
En ese trayecto se cruzaron con dos patrullas de la Policía Portuaria, que se interesaron por la rara presencia de la Policía Nacional en la zona, pero los agentes replicaron con “respuestas evasivas”. Poco después sucedió lo que el auto describe de esta manera: “con ánimo de atentar contra la vida de Diego o asumiendo esta posibilidad, y aprovechándose de su superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar a esa hora que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio de Diego, procedieron a propinarle golpes, causándole la muerte por rotura de las vértebras del cuello, para, a continuación, arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía”.
La familia de Diego denunció la desaparición y tanto la Policía como la Guardia Civil estuvieron dos semanas buscándole. De esos trabajos fueron informados los policías ahora procesados, que “continuaron ocultando su actuación”. El cadáver de Diego apareció en Cala Cortina un 25 de marzo de 2014 y la autopsia determinó que murió a causa de “una acción violenta homicida”, pero los agentes siguieron callados pese a que su actuación ya estaba siendo investigada por la Unidad de Asuntos Internos, que llegó a colocar micrófonos en sus coches patrulla. También fueron intervenidos sus teléfonos móviles.
470.000 euros de fianza
En una de esas llamadas, uno de los policías aseguró en una conversación con otro de los implicados que un tercero le sugirió que hablasen entre ellos para unificar una versión a la hora de contestar ante el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. "A mi F. me ha dicho que van llamando y que hablemos para ver lo que hemos dicho para ponernos de acuerdo, pero esto es una gilipollez". "La cosa está clara, un tío zumbao perdido, yonqui, con antecedentes y todo, pienso que es un ajuste de cuentas", dice uno de los policías. El otro contesta: "es que fuimos para una llamada que como mucho era una falta y se lo han cargado, entonces no tiene nada que ver con lo nuestro, eso tiene que ser otra historia que había por detrás".
Ahora estos hechos serán Juzgados por un jurado popular en el Tribunal del Jurado de la Sección V de la Audiencia Provincial de Murcia, según el auto de apertura de juicio oral Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, Emilia Ros, adelantado este martes por 'La Verdad de Murcia'. La jueza fija además para los cinco acusados una fianza de 470.000 euros. En caso contrario, les apercibe de que les serán embargados bienes en cuantía suficiente para hacer frente a tal cantidad. Para la práctica del requerimiento acordado, la jueza cita a los cinco acusados a fin de que comparezcan el próximo 15 de febrero a las 9.30 horas.