La Policía portuaria pide armas tras el asesinato de los dos agentes rurales en Lleida
- Hay más de 2.000 en España: “Esperemos que el Gobierno no espere a que ocurra una desgracia similar y ponga medios”, señalan.
Un agente de la Policía portuaria de Valencia estuvo a punto de ser atropellado al dar el alto a un camión de gran tonelaje. “O te apartas o te arranco”, le dijo el conductor. Acto seguido aceleró y se dio a la fuga, aunque le pararon después. El agente cuenta que se apartó en el último momento.
Otros policías portuarios de Barcelona se encontraron con varias armas simuladas en el maletero de un coche que registraron. En Valencia otra vez, hace un par de años, otro vehículo se saltó la vigilancia y se dio a la fuga. El conductor estaba en búsqueda y captura.
Y otro más. “Fuimos a un barco porque habían apuñalado al capitán y nos avisaron de que los responsables iban con pistolas. Al final fue una falsa alarma, el capitán se había autolesionado porque se había gastado el dinero de los sueldos en el casino y pretendía cobrar el seguro, pero el susto no nos lo quitó nadie”, recuerda un agente.
Estos son algunos ejemplos que relatan miembros de la Policía portuaria para retomar una reivindicación de años: poder llevar armas de fuego. La petición la han realizado varios sindicatos de esta policía especial a raíz del asesinato de dos agentes rurales en Cataluña.
Barcelona, Valencia y Algeciras
Ahora han presentado solicitudes en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras, aunque la reclamación es para la totalidad de los grandes puertos. “Queremos manifestar que existe la necesidad de ampliar la dotación de armas defensivas a los agentes de la Policía portuaria (…) Les pedimos que no esperen a una desgracia para poner fin a la desprotección personal que padecen sus trabajadores”, dicen en una de las misivas.
En la actualidad, hay más de 2.000 policías portuarios en los puertos españoles que, en última instancia, dependen del Ministerio de Fomento, no de Interior. Entre las funciones que ejercen está la vigilancia, control y protección de las instalaciones portuarias, el mantenimiento de la seguridad, la vigilancia y control del tráfico.
“Somos una Policía más”, dice Miguel Ángel Mercado, secretario de comunicación de la ejecutiva nacional de Policía portuaria del sindicato SPPLB. “El reglamento lo permite [llevar armas de fuego]. Es una decisión política”, dice Pedro Suárez, secretario general de la sección de Puertos en CC.OO.
Situaciones de riesgo
Ambos defienden que hay necesidad de ir armados en determinadas situaciones que pueden conllevar riesgo porque, dicen, ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actuaciones de seguridad ciudadana y porque afrontan riesgos en su día a día, especialmente desde que Valencia se sumó a la Operación paso del Estrecho.
“Nos la estamos jugando a diario y vamos con un spray de pimienta como defensa”, recalca un agente. Según cuentan -y se puede ver a simple vista en el aparcamiento-, han florecido negocios ilegales. Recuerdan que este cuerpo, antes conocido como el de los guardamuelles, sí llevaba armas, pero que se les retiró con la Ley de seguridad ciudadana de 1992. “No sabemos muy bien por qué”, dice Suárez. Ambos trabajan en el puerto de Valencia pero ejercen sus funciones de representación en el ámbito nacional.
La reivindicación de las armas la han solicitado los sindicatos en multitud de ocasiones y han pedido reuniones para ello, sobre todo en vísperas de grandes eventos que incrementan el riesgo terrorista. El problema se agranda por la indefinición y la disparidad de criterios sobre este cuerpo. El pasado mes de noviembre, Ciudadanos presentó una iniciativa en el Parlamento con el objetivo de redactar un marco legislativo común, unificar criterios y que este cuerpo pase a depender del Ministerio de Interior. “Ahora somos reinos de taifas”, apunta Mercado.
Apoyo de Cs
El diputado de Cs Miguel Gutiérrez recalcó en su defensa de la propuesta los problemas derivados de la carencia de este marco común de lo que denominó “un verdadero cuerpo policial”, y recalcó que es imprescindible definir sus funciones, medios, imagen corporativa…
El Real Decreto 2/2011 que aprobó el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante fija que, además de las funciones de la Policía portuaria, los agentes tienen “la obligación de colaborar siempre que sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. A este punto se acogen los sindicatos.
El diputado Gutiérrez aludió en su comparecencia a la “falta de seguridad de los agentes ante los riesgos a los que son expuestos y que le son imposibles de afrontar con las garantías necesarias”. Como ejemplo citó el caso del intento de atropello en Valencia. También desde el grupo socialista se aludió a la “gran incertidumbre” y “gran inseguridad jurídica” de este cuerpo. La nueva Ley de seguridad ciudadana no ha ayudado a aclarar la situación. Por su parte el diputado socialista Antonio Ramón Trevín concreta que su grupo es "contrario a incrementar el número de personas armadas".
La negativa se debe a que "la Policía Portuaria no es un cuerpo de seguridad, sino un servicio de policía especial con potestades administrativas de policía especial no atribuidas expresamente a órganos dependientes del Ministerio del Interior. Es decir, un servicio de policía especial adscrita a la autoridad portuaria cuya competencia se circunscribe a ese ámbito concreto". "En ningún caso pueden ser, ni son considerados por la Legislación vigente, LOFFCS 2/1986, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque la Ley de Puertos les reconozca el carácter de agente de la autoridad, esto no les habilita para portar armas, situación que el Partido Socialista no pretende modificar, ni apoyar en futuros desarrollos de las funciones de este", señala Trevín.
Sólo chalecos antibalas
Desde el grupo parlamentario popular se refirieron a que el de policías portuarios, “desde el punto estrictamente legal” no forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que por ello “no pueden realizar funciones de seguridad o de seguridad ciudadana”. El PP habló de funciones “especialmente administrativas” y que no se corresponden con los de la seguridad pública que en los puertos desarrolla la Guardia Civil.
Finalmente se aprobó una proposición para instar al Gobierno a elaborar un marco común, pero nada más. Los policías portuarios lo ven como una victoria porque al menos se logró llevar parte de su problemática al Congreso. Pero allí no se habló de armas.
El debate tampoco está zanjado entre los policías portuarios. “A nosotros nos llaman los pistoleros porque somos los que lo estamos pidiendo, sabemos que llevarla comporta una gran responsabilidad, pero la pedimos por seguridad y como elemento disuasorio. Mi padre fue policía nacional y no sacó el arma en su vida”, dice Mercado. De hecho, apunta que hace poco les han aceptado la petición para dotarles de chalecos antibalas. “Parece un poco contradictorio”, dice.
El crimen de Aspa
El SPPLB y CC.OO. apelan al caso de los agentes rurales en Aspa (Lleida) para defender su petición. “La conselleria de Agricultura catalana no ha dudado en tomar medidas ampliando la dotación para sus agentes (…) Esperemos que el Gobierno no espere a que ocurra una desgracia similar y ponga medios antes de que ocurran los hechos”, denuncia el SPPLB.
Para Puertos del Estado, la comparativa no tiene fundamento y aseguran que realizan funciones totalmente distintas. Pero para Pedro Suárez, de CC.OO., esa posición sólo implica “una negativa a observar la realidad de los puertos”. “Nosotros velamos por la seguridad”, recalca.