Miguel Robleda, militante del PP, presentó un escrito ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías el 27 de diciembre para pedir la dimisión de José María Barreiro, presidente en funciones del PP de Coruña, por permitir que los nueve compromisarios que acudirán al congreso nacional que se celebra este fin de semana en Madrid fueran elegidos por sorteo y no en urna, como indican expresamente los estatutos. Sin embargo, el órgano que debe velar por el cumplimiento de las normas internas ha desestimado la solicitud no sin antes hacer una advertencia al denunciante: "A este Comité poco gusta que los asuntos internos del partido se tengan que airear en los medios".

Robleda, que fue vicepresidente de Nuevas Generaciones de Galicia, denunció a través de EL ESPAÑOL el sistema que había elegido Barreiro para atribuir las plazas: cinco fueron entregadas a dedo entre cargos y excargos y las otras cuatro se sortearon. Un inusual sistema de elección cuando 36 militantes se habían inscrito para ocupar alguno de los nueve puestos de compromisarios que correspondía elegir. Fue el propio Barreiro, que es también director general de Función Pública de la Xunta de Galicia, quien contactó telefónicamente con la mayoría de los aspirantes para proponerles que se retirasen a cambio de una futura invitación al congreso nacional.

En lugar de castigar este mal acto, Juan Carlos Vera, secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, ha informado al militante que quería ser compromisario que el caso se archiva. Además, le reprocha que filtrar el chanchullo a este medio de comunicación "puede ocasionar cierto desprestigio al partido y descrédito a los propios afiliados, cuestiones ambas que podrían recaer en el entorno de lo estipulado por el artículo 14 de los estatutos del Partido Popular".

Una vez que el Comité Organizador del Congreso del Partido Popular reconoció la irregularidad en la elección de los compromisarios en la ciudad de A Coruña y se volvieron a elegir a los compromisarios, Robleda presentó el escrito en Génova para que la dirección nacional del PP castigara a Barreiro de cometer una infracción grave, como recoge el régimen disciplinario de los estatutos.

El propio régimen disciplinario del PP indica que este tipo de infracciones conlleva infracciones graves, que deben ser sancionadas en los siguientes términos: suspensión de militancia por un período de tiempo entre uno y cuatro años e inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este por igual período de tiempo. Las dos sanciones no son excluyentes entre sí. 

En lugar de utilizar cualquiera de los dos mecanismos, la dirección nacional del Partido Popular ha optado por hacer oídos sordos a la denuncia interna y ha archivado la causa.