La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha interpretado la nueva vía que ha puesto en marcha el Tribunal Constitucional contra la celebración de un referéndum en 2017 como un paso más para "volver a restaurar la legalidad". A su juicio, esta petición solicitada por el Alto Tribunal demuestra "que el empecinamiento de algunos políticos independentistas no lleva a ningún sitio".
La 'número dos' del Ejecutivo, la persona que lleva en persona la operación diálogo, ha pedido que se deje de pensar en la Generalitat como el único interlocutor posible en Cataluña. "Hay muchos gobiernos: el de la nación, los municipales y otras muchísimas instituciones que quieren trabajar por la centralidad".
Santamaría ha reflexionado en un descanso del Pleno del Congreso de los Diputados que el paso al frente que ha dado el Alto Tribunal "lo hacen todos los Tribunales Constitucionales de nuestro entorno. De la misma manera que el TC italiano o el alemán han declarado que no se puede hacer un referéndum de autodeterminación, el nuestro lo declara en cada uno de los pasos que lo intentan".
El objetivo que se ha propuesto el Gobierno para neutralizar las intenciones de los independentistas es "intentar que se abandone el modelo social-radical que está implantando la CUP con connivencia de los partidos que gobiernan en la Generalitat de Cataluña".
La anulación de la resolución sobre el referéndum ha sido comunicada a Forcadell y a los miembros de la mesa del Parlament, "con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" al acuerdo parlamentario declarado nulo.