El Govern de Carles Puigdemont sopesa adelantar el referéndum sobre la independencia a junio, sin agotar el plazo límite de septiembre que se ha marcado, si el juicio por la consulta del 9N o el proceso contra la Mesa del Parlament acaban en inhabilitaciones, han explicado a Efe diversas fuentes soberanistas.

La previsión es que en los próximos meses haya un último intento de tender la mano al Gobierno del Estado para llegar a un acuerdo, como plantea el manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum, pero la distancia que separa a ambos ejecutivos en este tema es abismal y los procesos judiciales pueden acelerar la convocatoria.

Hace unas semanas, Puigdemont dio instrucciones al Govern para tenerlo todo preparado para la última semana de mayo, de manera que el primer domingo en que resulte logísticamente posible la votación sea, según fuentes de Junts pel Sí (JxSí), el día 28 de ese mes.

El 11 o el 18 de junio

Una de las fechas marcadas en rojo en el calendario, según las fuentes consultadas, es el 11 de junio, aunque también el domingo siguiente, el día 18, coincidiendo con el undécimo aniversario del referéndum del Estatut, es una opción.

Pero la decisión de celebrarlo antes de verano no está tomada y dependerá no sólo del contexto político y judicial sino también de si los preparativos de la cita -urnas, papeletas, censo, puntos de votación y observadores internacionales- están listos, un aspecto que algunas fuentes conocedoras de los trabajos ponen en duda, ya que determinadas tareas están aún "muy verdes".

Según fuentes de las fuerzas que integran el Govern de Junts pel Sí, en los próximos meses el clima político en Cataluña puede llevar a avanzar una "respuesta en las urnas", una aceleración que estarían dispuestos a imprimir, si fuese técnicamente posible, Puigdemont y Oriol Junqueras, responsable de la organización del referéndum.

En las filas independentistas había la convicción de que este primer semestre vendría marcado por una inhabilitación "exprés" de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido votaciones sobre la hoja de ruta hacia la independencia.

La instrucción de este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está prácticamente ultimada y pendiente de ser enviada a juicio, pero a esta causa se le puede acabar uniendo la querella presentada ayer por la Fiscalía contra Forcadell y los otros tres miembros de JxSí en la Mesa del Parlament.

Al margen del ritmo que siga esta causa, fuentes parlamentarias dan por hecho que antes del verano no habrá aún sentencia "firme".

Las posibles inhabilitaciones por la consulta del 9N llegarían antes y serían claves para decidir si se avanza el referéndum.

Del 6 al 10 de febrero, el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau se sentaron en el banquillo de los acusados por su papel en la consulta del 9N de 2014, por el que podrían llegar a ser inhabilitados, como el exconseller Francesc Homs, que será juzgado la semana que viene ante el Tribunal Supremo.

Ortega se retiró de la política en 2015, pero Rigau sigue siendo diputada de Junts pel Sí en el Parlament, Homs es portavoz del PDeCAT en el Congreso, y Mas no se ha descartado como posible candidato de su partido en las próximas elecciones catalanas.

En respuesta a las hipotéticas inhabilitaciones que se deriven de estos casos, y tras el previsible portazo que recibirá la petición formal de referéndum acordado que formulará el Pacto Nacional por el Referéndum, el Govern se plantea no esperar a septiembre.

Esquivar al TC

Para intentar esquivar una suspensión del Tribunal Constitucional (TC), las fuerzas soberanistas estudian diferentes vías, como por ejemplo aprobar en lectura única una ley que regule el referéndum "a escasos días, o incluso horas", de su celebración, para reducir así al máximo el margen del Estado para activar los mecanismos legales contra la cita, según fuentes parlamentarias.

Aún está por concretar la fórmula de convocatoria del referéndum; para exhibir una voluntad "más colectiva y menos presidencialista", voces soberanistas defienden que sea a través de un decreto firmado por Puigdemont y Forcadell, ratificado por el Parlament.

El Govern sigue preparando los detalles logísticos del referéndum, para el que hay intención de utilizar urnas de metacrilato, según las fuentes consultadas, a diferencia del proceso participativo de 2014, en el que se utilizaron urnas de cartón.

Según las fuentes consultadas, estos preparativos se irán desarrollando con sumo sigilo, para evitar obstaculizaciones, pero en las filas independentistas son conscientes de que el Estado esta vez hará lo posible para que el referéndum no se celebre, sin descartar recurrir al artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a intervenir la autonomía.