El Ministerio de Exteriores ha remitido a la Audiencia Nacional las identidades de los operarios que estuvieron haciendo obras en la azotea de la embajada de España en Kabul (Afganistán) hasta un día antes del atentado talibán de 2015 en el que fueron asesinados dos policías españoles. Los familiares y compañeros de las víctimas sospechan de estos obreros afganos y su presunta implicación en el ataque. Cuando los terroristas entraron en la embajada, varias planchas metálicas que cubrían la azotea habían sido retiradas. Así, los terroristas pudieron parapetarse allí para mantener el asedio desde una posición dominante.
Por esa razón, el juez Santiago Pedraz -que investiga las posibles negligencias en materia de seguridad- pidió el registro de entradas y salidas del edificio. Quiere cotejar los nombres de esos obreros con los de los terroristas que efectuaron el asalto. Según Exteriores, las fichas policiales de estos trabajadores locales indican que no tienen antecedentes penales.
A la espera de que le remitan las identidades y las fotografías de los talibán (todos ellos muertos en el atentado), Pedraz ya tiene los nombres de los cuatro operarios a cuyos documentos personales ha accedido EL ESPAÑOL. Se trata de Zargui Baba, Rahmatullah hijo de Sulaiman, Osman Gahni y Sher Alem. Todos ellos trabajaban para la Empresa de Servicios y Logística Hafizullah Safi. La compañía lleva el nombre de su dueño, quien estuvo en la embajada inspeccionando la azotea el 25 de noviembre de 2015, 15 días antes del atentado. Acudió junto a uno de los cuatro trabajadores, Zargui Baba, según consta en la agenda personal del embajador a la que también ha accedido este periódico.
Las obras se realizaron en la azotea del edificio de la vivienda de funcionarios ubicada dentro del complejo de la embajada. Los obreros afganos estuvieron allí los días 3 y 5 de diciembre y los días 9 y 10 de ese mismo mes. Horas después de su última visita tendría lugar el ataque terrorista. Antes desatornillaron unas placas metálicas que cubrían todo el perímetro de la azotea por seguridad. De forma consciente o inconsciente, lo cierto es que la retirada de esos paneles facilitó a los terroristas al menos cuatro puntos limpios de disparo con los que abarcaron buena parte del perímetro de la delegación diplomática en la que se atrincheraron durante doce horas. Desde ese lugar llevaron a cabo el intercambio que acabó con la vida del policía Isidro Gabino San Martín.
Los testigos del atentado dicen que una vez que los talibán reventaron uno de los accesos con un vehículo bomba subieron rápidamente a la azotea, por lo que sospechan de que ya hubiesen estado anteriormente o que tenían información privilegiada del lugar. Sobre los trabajos en la azotea también se manifestó la Fiscalía en uno de sus escritos: “De las cinco personas que accedieron para realizar los trabajos, dos permanecieron en actitud vigilante, observando el entorno y sin realizar trabajo alguno”. Para el Ministerio Público, el atentado fue “minuciosamente preparado”.
Para saber si los talibán planearon desde dentro su atentado, el juez Santiago Pedraz solicitó el libro de visitas de la embajada, los nombres y las fotografías de los autores materiales y las cámaras de videovigilancia, entre otras diligencias.
En la última documentación que ha remitido Exteriores al Juzgado, el Ministerio admite que no cuentan con un libro oficial de entradas a la Embajada. En su lugar aporta la información recogida en la agenda oficial del embajador donde se detallan las visitas entre septiembre y diciembre. En esa relación, la mayoría son entrevistas para la solicitud de un visado, aunque también constan citas de gente para vender en la embajada artesanía local como joyas o alfombras.
Según explica Exteriores, los documentos de identidad afganos (tzkeras) de los operarios y sus fotos fueron recopiladas por el coordinador de seguridad local (fagano) de la embajada, Nuragha Haidari. Este jefe de seguridad asegura que los obreros “entraban a realizar las obras después de ser cacheados por la seguridad de la embajada. Añade que las copias de los documentos de estas personas se entregaron al número dos de la embajada Oriol Solá “para su posterior remisión a la oficina de la Consejería de Seguridad (CNI). “Estos documentos no fueron devueltos a esta unidad”, zanja el responsable local de seguridad.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga por presunto delito de homicidio imprudente al embajador de España en Afganístán Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá por las posibles negligencias en materia de seguridad en la que incurrieron antes del atentado como responsables de la embajada.