El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sufrido este jueves en el Parlamento una histórica derrota al no haber sido capaz de convalidar el real decreto ley impuesto por Europa para liberalizar el sector de los estibadores. Desde 1979 ningún gobierno había tenido problemas para reunir la mayoría simple que se necesita para convalidar un decreto ley de estas características. El golpe, interpretado en Moncloa y en el Partido Popular como "una traición" de Ciudadanos y Coalición Canaria para dejar al trasluz la debilidad del Gobierno, ha vuelto a activar la teoría de que quizá la única salida a la actual legislatura sea "un adelanto electoral".
La derrota en la votación parlamentaria que solo ha apoyado PP y PNV pone de manifiesto la debilidad política del actual Ejecutivo, que no es capaz de sumar apoyos ni siquiera para sacar adelante una directriz europea, con su consecuente coste político y económico. Desde Moncloa resaltan la multa diaria de 134.000 euros que los españoles tendrán que pagar de su bolsillo por la "poca seriedad" de los grupos parlamentarios al alinearse para arrinconar al Gobierno y señalan "con perplejidad" el viraje de Albert Rivera, que no reveló su intención de abstenerse hasta la misma mañana de la votación.
Los populares engordan su malestar con el argumento de que Ciudadanos "nos garantizó el apoyo no una, sino en varias ocasiones". En las filas conservadoras entienden este varapalo del que hasta ahora era su socio preferente como "una moneda de cambio" a la forma con la que el PP le ha ninguneado en otros asuntos, como en Murcia, donde los conservadores se resisten a echar al presidente imputado de la región. De hecho, en la misma sesión plenaria donde la oposición tumbó el real decreto el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, informó al vicesecretario de Cs, José Manuel Villegas, de que su partido no iba a presentar una cuestión de confianza en la Cámara autonómica, la última petición que hicieron al PP los de Rivera.
La abstención de Ciudadanos en el decreto de la estiba es un síntoma más de la fragilidad y de la difícil situación que atraviesa actualmente su acuerdo con el PP. El partido de Rivera no renuncia a seguir negociando políticas concretas de su pacto, pero las relaciones están muy frágiles desde la negativa del PP a cumplir con los compromisos de regeneración que firmó Rajoy. Rivera aseguró que Ciudadanos comparte el fondo de la reforma de la estiba, pero no las formas del Gobierno. “No hay discrepancia en el fondo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que cumplir la sentencia; sí ha habido discrepancia en el momento y los tiempos para la negociación".
Ciudadanos cree que hay margen para cumplir con Bruselas en un nuevo decreto y el propio Rivera instó al Gobierno a seguir negociando para presentar otro. “Lo que pedimos es que se haga bien, que el gobierno se implique y aporte soluciones que puedan generar un consenso en el sector”, dicen los negociadores de Ciudadanos. “Con las últimas propuestas que hay encima de la mesa creemos que hay una oportunidad para el acuerdo”.
Mantener la calma
Aparentemente, los populares intentaron mantener la calma cuando abandonaron el Hemiciclo con el decreto tumbado. Sin embargo, todos los miembros del Gobierno y de la dirección nacional consultados tras el revolcón parlamentario insistieron en la idea de que "es imposible mantener un Gobierno así". La siguiente prueba de fuego serán los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros del 31 de marzo y que necesita la convalidación parlamentaria para sacarlos adelante.
Con las relaciones con sus socios preferentes tan "tensas", nadie en el PP se aventura a adelantar qué puede pasar. Para aprobar este trámite es necesario el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Nacionalista Vasco, que piden al Gobierno una fianza por adelantado de que los PGE saldrán adelante antes de darle el sí. Un gesto que desde Moncloa no pueden prometer porque no tienen garantizado el respaldo suficiente para sacar las cuentas del Estado adelante.
Un panorama "desolador"
El PP pinta un panorama "desolador" y cree que Ciudadanos "se mueve por impulsos, sin un criterio claro: o se está a favor de lo estibadores o en contra. Pero no se puede estar por la mañana a favor y por la noche en contra". Con el reglamento del Congreso en la mano, Mariano Rajoy tiene potestad para disolver las Cámaras a partir del 4 de mayo, que es cuando se cumple un año desde la anterior disolución. En Ciudadanos son prudentes con el adelanto, pero sus dirigentes admiten en privado que el primer semestre del 2018 es una fecha probable para celebrar elecciones. “El nuevo liderazgo del PSOE ya estaría afianzado”, dicen.
El entorno del presidente del Gobierno amenaza con que "si se tiene que dar al botón electoral se dará" y adelanta que "si hay que disolver las Cámaras porque el Parlamento no deja gobernar al Ejecutivo será responsabilidad de todos, por lo que cualquier cosa que suceda todos los grupos parlamentarios tendrán que asumir sus consecuencias".