El Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau quiere saber la ideología, la religión, aficiones o hasta la vida sexual de los policías sometidos a investigaciones internas o expedientes disciplinarios. Así se recoge en una publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 23 de febrero, que anuncia la creación de este fichero con datos de carácter personal llamado “Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana”.
Ha sido el sindicato de funcionarios CSIF quien ha dado a conocer esta iniciativa del consistorio barcelonés. A juicio de este colectivo, la información que pretende disponer la alcaldesa de “todos los empleados públicos de la Guardia Urbana y otras personas implicadas o relacionadas en informaciones reservadas o procedimientos disciplinarios en este fichero, atenta contra los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española”.
El anexo 1 del anuncio especifica los datos que incluirá el fichero: personales, sociales, profesionales, laborales o económicos, entre otros. En esas categorías se detallan cuestiones como “lengua materna, lengua vehícular preferente o características físicas”. También “propiedades, posesiones, aficiones, estilos de vida, clubes, asociaciones, ingresos”...
El apartado más sensible
Pero el apartado más sensible viene recogido en una categoría llamada “especialmente protegidos”. En ella deben constar datos como “ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades, discapacidades ...), vida sexual, violencia de género, que sean especialmente relevantes para la investigación concreta".
Según el mismo texto, los agentes susceptibles de figurar en ese fichero son los “miembros del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona, miembros de las Policías Locales de Cataluña y/o alumnos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, miembros del cuerpo de Mossos. Implicados o relacionados en informaciones reservadas y/o en procedimientos disciplinarios".
En sus quejas, CSIF alega además que la propuesta pasa por adjudicar la gestión de este fichero a una empresa externa. “Esto hace que la seguridad de las informaciones de nuestro colectivo sea vulnerable”, denuncian.
Entidades privadas
El modo de recabar los datos sería a través del “propio interesado o de su representante, de los servicios municipales o de registros públicos o de Administraciones públicas de entidades privadas o de fondo accesibles al público." A juicio de CSIF, esto implica poder consultar a colegios, bancos, asociaciones o entidades...
CSIF avanza que ha puesto la creación de este fichero en conocimiento de sus servicios jurídicos para que procedan a su estudio y manifiesta su sorpresa por que ninguna otra central sindical se haya opuesto a esta iniciativa. “Nos sorprende que el 21 de diciembre de 2016, fue cuando salió a exposición pública este expediente para poder formular alegaciones o sugerencias, y al parecer, según diversas fuentes consultadas nadie se enteró hasta haberse agotado los plazos para su aprobación”, exponen.