El de 2016 ha sido un ejercicio de “especial conflictividad” en materia educativa en la Comunidad Valenciana. Así lo ha definido el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en esta Comunidad) en el informe presentado este martes y que analiza el pasado ejercicio, el primer año completo de las nuevas políticas surgidas del llamado gobierno del Botánico, el pacto entre PSPV-PSOE, Compromís y Podemos (la formación morada dando apoyo parlamentario). La institución ha recibido un total de 5.259 quejas en materia educativa, lo que supone un 37% del total y duplicar las recibidas durante los años anteriores.

La explicación, recoge este informe, es clara y lo achaca a la entrada en vigor de numerosas disposiciones normativas como el arreglo escolar que motivó un levantamiento del sector de la escuela concertada. La planificación escolar aprobada por la consejería que dirige Vicent Marzà (Compromís) fue un punto de inflexión. Tras años de cierres de aulas en la escuela pública y crecimiento progresivo en la concertada, el diseño daba un giro al sistema supeditando las plazas concertadas a la inexistencia de plazas en la pública. Es decir, priorizando las aulas de la enseñanza pública.

La medida provocó una gran movilización de centros, asociaciones y padres de la concertada. El malestar también se ha hecho llegar al Síndic de Greuges. Hasta allí han llegado miles de quejas en las que se denuncia que la medida de la consejería de Educación: “Vulneraba el derecho a los padres a la libre elección de centro, así como la eliminación de unidades en la escuela privada concertada”.

Un tirón de orejas al Gobierno

El defensor del Pueblo Valenciano se ha puesto del lado de los padres al asegurar en su informe que “no comparte” el criterio de que "hay que suprimir plazas en los centros concertados siguiendo el principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto a la pública". Según alega, el sistema educativo se basa en la dualidad de la enseñanza concertada y de la pública, sin supeditar una a la otra. “La legislación educativa no otorga a los centros privado concertados un carácter subsidiario respecto a los centros públicos, ya que de lo contrario, la mera existencia de plazas vacantes en los centros públicos justificaría la supresión de unidades en la enseñanza privado concertada, y es por ello que amparamos el derecho de los padres a elegir centro docente”, concluyen.

Por esta razón, el Síndic de Greuges ha reclamado a la consejería de Educación que “aplique la legislación vigente” (en referencia a los criterios constitucionales) y que para el curso 2017/2018 tenga en consideración “el derecho de las familias a la elección de centro, ya sea concertada o pública, sin que pueda prevalecer el criterio para la suspensión de unidades en la concertada por la suficiencia de plazas en la pública”. Un tirón de orejas al Gobierno valenciano y a esta medida que, no obstante, se zanja con el reconocimiento a las competencias educativas que el gobierno valenciano tiene en exclusiva.

Protestas de los padres

La planificación escolar llevó a varios colectivos a constituir la Mesa por la Educación en Libertad, una plataforma que reúne a miembros de la enseñanza privada concertada, para convocar movilizaciones contra la disposición. Otras de las medidas que han centrado las quejas han sido las “disfunciones” que se han dado en el programa conocido como Xarxa Llibres, creado para permitir a todos los padres tener libros escolares gratuitos mediante un sistema de intercambio continuo, así como las protestas por falta de información u otros problemas en las votaciones para elegir la jornada continua.

Una de las decisiones más polémicas en materia educativa es el decreto de plurilingüismo que supedita un aumento de horas lectivas en inglés a niveles avanzados de educación en valenciano y que ha sido recientemente avalado por el Ministerio de Educación -aunque recurrido por la Diputación de Alicante-. Esta medida comenzará a aplicarse en el siguiente curso.

El representante de esta institución, José Cholbi, ha entregado este martes la memoria anual de la Sindicatura al presidente de las Cortes Valencianas.