Manuela Carmena ha vuelto a encontrar corrupción en su buceo por la herencia recibida. El actual equipo de Gobierno sospecha que los Ejecutivos del PP incurrieron en "prevaricación" y "malversación de caudales públicos" cuando suscribieron el acuerdo para que Madrid acogiera el Open de tenis, que se celebra a partir de esta semana en la Caja Mágica.
El pasado 23 de marzo, los delegados de Economía y Cultura de la alcaldesa firmaron la denuncia que se elevó a la Fiscalía Anticorrupción, todavía sin respuesta.
"Aumento paulatino y subrepticio de los pagos"
En 2001, el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 1,5 millones de euros por los derechos de sede, publicidad y promoción que entrañaría la llegada del torneo a la capital de España. Según ha adelantado El Mundo, esta cantidad se fue incrementando hasta, en 2010, sobrepasar los 10 millones.
Lo que ahora se conoce como Mutua Madrid Open tenía lugar en Stuttgart y Gallardón decidió invertir para traerlo a Madrid y reforzar la candidatura de la ciudad a los Juegos Olímpicos.
Aquellos 1,5 millones se fueron incrementando "de forma paulatina y subrepticia" -al parecer del Ayuntamiento- hasta alcanzar las mencionadas cifras. En concreto, en 2009 se pagaron 5,3 millones y, en menos de un año, se convirtieron en 10,4.
5 millones por un spot y la entrega de premios
El Gobierno del PP justificó el aumento de 2009 por la inclusión en la Caja Mágica de la modalidad femenina del torneo, pero el Ejecutivo de Carmena arguye que el retorno económico es menor y que la sede fue la misma, lo que no debería implicar tal aumento en el pago.
En cuanto a 2010, se mencionó un spot de 20 segundos y la participación del Consistorio en la entrega de premios para justificar el paso de los 5 a los 10 millones de euros aportados por Madrid.
Un contrato blindado hasta 2021
El contrato de la capital con la organización del torneo, encabezada por el carismático extenista rumano Ion Tiriac, está blindado hasta 2021 por una prórroga firmada por Botella. Carmena esgrime que, de cumplirse lo pactado con los anteriores Gobiernos, el Mutua Madrid Open habrá costado al término del convenio más de 130 millones.
En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento madrileño pide que se investigue a las personas que sospecha implicadas en la firma de este contrato: el exvicealcalde Manuel Cobo, y los consejeros delegados de las extintas empresas públicas Promoción de Madrid y Madrid Visitors and Convention Bureau, Pablo Bautista y José Ignacio Fernández.