La corrupción andaluza tiene un protagonista de excepción. No es ningún acusado, ni siquiera un abogado. Es un juez, pero no cualquier juez. Fue alto cargo de la Junta de Andalucía durante seis años y ahora tendrá que juzgar aquéllos casos que afectan directamente al Gobierno andaluz -su antigua casa- y que han puesto bajo sospecha años de gestión socialista: los ERE falsos y el fraude de los cursos de formación. Se llama Pedro Izquierdo y está en el punto de mira.
El controvertido triángulo que forma el magistrado, su anterior puesto en la Junta y las causas judiciales se hizo público cuando la llamada pieza política de los ERE -que sentará en el banquillo de los acusados a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán más otros 20 ex altos cargos- recayó en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que preside el propio Pedro Izquierdo. La polémica se desató y algunas acusaciones han pedido su recusación.
Sin embargo, el caso es uno más de los otros ocho procedimientos en los que este juez ha participado o va a participar. El PP, que ejerce la acusación en las diferentes causas que afectan al Gobierno andaluz de Susana Díaz, ha señalado que el magistrado Izquierdo ya “ha tomado decisiones judiciales en siete procesos” y, en los últimos días, han tenido constancia de que ha sido designado como ponente en otros dos casos, uno relacionado con los cursos de formación y otro con los avales.
“Cuánta casualidad”
“Cuánta casualidad, nueve causas en total”, ha exclamado el PP, que ha detallado que Izquierdo ya ha resuelto cuestiones sobre el “entramado empresarial” del que fue número dos del PSOE-A Rafael Velasco, del exconsejero Ángel Ojeda o del empresario José María Pérez; además de sobre la FAFFE, el caso de los avales o Formades.
Pedro Izquierdo permaneció en nómina de la Junta de Andalucía desde 2008 a 2014, un periodo de tiempo que le ha permitido estar bajo la tutela de los tres últimos presidentes: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y la actual mandataria, Susana Díaz. Durante estos seis años ocupó la Secretaría General de Justicia, cargo que mantuvo hasta el hasta el 22 de julio de 2014, cuando pidió su relevo aduciendo “motivos profesionales” y volvió a su plaza en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.
El propio juez es consciente de la suspicacia que despierta su pasado como alto cargo de la Junta. El mismo día que se hizo público que su sección penal enjuiciaría a sus ex jefes Chaves y Griñán, el magistrado anunció que daría traslado a las partes personadas para que pudieran promover el correspondiente incidente de recusación en el caso de que consideren que, con su designación como ponente, se pudiera ver “comprometido” el desarrollo “normal” de la actividad del tribunal.
No obstante, y a su entender, “no existe causa legal de abstención”, y sostiene que su paso por la Consejería de Justicia e Interior le supuso un “enriquecimiento” tanto personal como profesional. “Me siento orgulloso de haber servido a Andalucía”, afirma. Además, ha explicado tener la “percepción” de que puede “ejercer de forma responsable” sus obligaciones profesionales como presidente de la sala y ponente del caso.
Las acusaciones piden su inhibición
No piensan lo mismo, sin embargo, las acusaciones que ejercen el PP y el sindicato Manos Limpias, que sí han solicitado su inhibición. Este proceso de recusación lo está resolviendo la Sección Tercera de la Audiencia provincial de Sevilla, que está a la espera de recibir un nuevo informe de la Fiscalía Anticorrupción, que inicialmente ya rechazó recusar el juez Izquierdo.
La pieza política de los ERE recayó en el tribunal del ex alto cargo de la Junta por azar. La Audiencia de Sevilla llevó a cabo un sorteo entre las secciones penales después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla elevara la causa, una fórmula que propuso el propio presidente de la Audiencia sevillana, Damián Álvarez, y que aprobó esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), debido “a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” del caso.
El destino ha querido que el juez Izquierdo también se pronuncie sobre el archivo de la pieza política del fraude de los cursos de formación, que afectaba a 24 ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), acusados de malversación de fondos públicos y prevaricación. El PP ha presentado un recurso contra el sobreseimiento de esta causa que, casualmente, tendrá que resolver el magistrado Izquierdo.
Los populares no se han quedado de brazos y han solicitado la recusación del juez basándose en su “relación de subordinación y dependencia con una de las partes del proceso”. Además, este caso es “todavía peor” que el de los ERE, ya que se da la circunstancia de que la Junta es parte personada como acusación particular, “lo que acrecienta la relación entre el magistrado una de las partes, de la que ha sido subordinado”.
En sus valoraciones sobre estas circunstancias en las que dice “no creer”, el PP siembra la duda sobre posibles intereses de los socialistas: “Podría parecer que el PSOE y la presidenta Susana Díaz, están intentando que en la comunidad todos los juicios que tienen que ver con corrupción, con el PSOE y con la Junta, pasen por la decisión de un único juez”.