KPMG, la consultora encargada de auditar las cuentas del Canal de Isabel II, omitió a la Asamblea de Madrid la existencia de un informe vital para la investigación. Un documento elaborado por su equipo que alertaba de los riesgos de comprar la sociedad brasileña Emissao. Cinco años después, la Audiencia Nacional investiga la operación, ante la sospecha de que con ella se desviaron fondos millonarios de la Comunidad de Madrid. Además, la compra fue una inversión nefasta para el Canal, que se dejó allí 21 millones de euros. En solo un año, la empresa brasileña perdió la mitad de su valor. Y de ahí, siguió cayendo.
El 18 de octubre de 2016, antes de que estallara la Operación Lezo, dos responsables de KPMG declararon en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid. Y en esta comparecencia, ante los diputados autonómicos y tras ser preguntados de forma textual por la existencia de este informe, ambos comparecientes obviaron la información y no aportaron dato alguno.
Desde KPMG defienden que en ningún momento hubo intencionalidad de esconder la existencia de ese trabajo, que en el marco de la investigación ha resultado clave para conocer la información previa con la que contaban los responsables de Canal. Desde la consultora alegan que el formato de la comisión, con una multitud de preguntas a sus comparecientes, hizo que alguna cuestión se quedara en el tintero. Y entre ellas el citado informe, que demostraría la compra de la sociedad pese a que los responsables públicos conocían -de forma indiciaria ya que KPMG sólo realizó un borrador- el estado preocupante de la compañía.
Los responsables de la firma añaden que sus portavoces acudieron a la comisión de manera voluntaria y en calidad de auditores. Sin embargo, admiten que tenían conocimiento del citado informe y que, en todo caso, lo obviaron en el marco de sus explicaciones sobre las auditorías realizadas desde 2008 hasta ahora.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco requirió el mes pasado a KPMG toda la documentación relacionada con este trabajo. En concreto se trata de un borrador de una due diligence, un análisis completo de los estados financieros, fiscales y laborales en la compañía. En este caso, la consultora advirtió de los riesgos, pero la compra de Emissao se hizo igualmente apenas unos días después. Cuando los representantes de esta consultora comparecieron el pasado 18 de octubre ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de su relación con el Canal, no hicieron mención alguna a esta due diligence. Eso a pesar de que fueron preguntados expresamente por ello.
"¿Disponían de una 'due diligence'?"
“Nos preguntamos si ha participado usted en ese proceso de adquisición, si se ha realizado una due diligence. Usted ha dicho que pidieron el contrato de compraventa; pero, ¿disponían ustedes de una due diligence?”, preguntó la diputada autonómica de Ciudadanos Susana Solís. Fue durante una sesión de la Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid. En el debate, la diputada socialista Mercedes Gallizo y el representante de Podemos, Eduardo Gutiérrez también se interesaron por la adquisición de Emissao, ahora bajo sospecha.
En sus respuestas, los representantes de KPMG eludieron referirse al informe que advertía de los riesgos de Emissao. Los comparecientes fueron Miguel Ángel Faura Borruey y Borja Guinea, ambos socios de la entidad. El primero de ellos se limitó a explicar que, de acuerdo a la normativa brasileña, Emissao no tenía la obligación de ser auditada. Sin embargo, no contestó a la pregunta sobre la existencia de la due diligence, un trabajo distinto a una auditoría y diferente también a una valoración.
Las exposiciones iniciales de ambos fueron prácticamente idénticas, pese a que comparecieron de forma consecutiva. Ante las preguntas de los parlamentarios, Borja Guinea negó que su consultora hubiese hecho una valoración de la sociedad brasileña. “Nosotros no hemos participado en ninguna valoración realizada sobre esta compañía y, por lo tanto, no nos compete a nosotros determinar si la compra es adecuada o no o si está bien valorada o no”, afirmó. Desde KPMG precisan que con esas palabras tampoco se estaba refiriendo a la due diligence, un informe que no citó, según consta en los 35 folios del acta de la sesión de la Asamblea.
Encargo de Rodríguez Sobrino
Entre la documentación que hace unas semanas requirió el juez a KPMG incluía los correos personales de estos dos socios de la consultora. Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación, la due diligence fue encargada por Inassa, la filial colombiana del Canal que estaba presidida por Edmundo Rodríguez Sobrino, actualmente en prisión. Inassa y Extensia, otra filial del Canal, compararon Emissao en noviembre de 2013.
El borrador de la due diligence tiene fecha del 18 de octubre de 2013 y fue elaborado por la filial brasileña de KPMG. Los investigadores no han hallado este informe en ninguna de las actas del consejo de administración de Extensia ni de Inassa, sin embargo indican a este diario que Rodríguez Sobrino sí la conocía al igual que varios miembros del Consejo de Administración de Extensia. Tampoco los socios de la consultora pueden alegar desconocimiento ya que, según las mismas fuentes consultadas, al menos Borja Guinea sería la persona que recibió el encargo de hacer la due diligence. Su participación, según las mismas fuentes, llegó al punto de discutir con Rodríguez Sobrino el precio a cobrar por el informe.
Según los datos que facilitó la Comunidad de Madrid a la Asamblea, el precio que pagó finalmente el Canal por la due diligence fue de 56.926 euros. En esos mismos datos oficiales se refleja el abono de 2,1 millones de euros a KPMG por “los servicios de auditoría de las cuentas anuales de las sociedades del Grupo de Canal de Isabel II”. Ese pago se produjo en 2013.
El papel de las auditoras
La Operación Lezo investiga el desfalco millonario de dinero público en el Canal Isabel II y los grupos de la oposición cuestionan el papel que jugaron las auditoras. Este mismo martes, PSOE, Podemos y Ciudadanos han anunciado que van a ampliar la denuncia que ya presentaron el pasado mes de marzo, un mes antes de las detenciones. Estos partidos afirman disponer de nuevos datos sobre posibles irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II de la filial brasileña Emissao y de la colombiana Inassa.
Desde Podemos han señalado que tienen "indicios bastante evidentes de que los auditores parecen no haber cumplido con sus obligaciones legales". Concretamente, han anunciado que harán una propuesta de denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas contra la firma KPMG, ya que hizo un informe de auditoría de las cuentas del año 2014 de la entidad Extensia.
Por su parte, Mercedes Gallizo quiere que la Fiscalía analice el papel de las auditorías en encargos que les ha hecho el Canal en los últimos años. "En muchos de los casos se nos ha contestado que no hay informes, que se trata de asesorías verbales. Queremos saber si ha habido malversación de fondos sobre trabajos que no se pueden acreditar", ha añadido.