El PP ha logrado colocar al diputado clave para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado al frente de la comisión de investigación sobre su presunta financiación irregular. Pedro Quevedo, el único diputado de Nueva Canarias en el Parlamento central, ha recibido 218 votos ponderados para que presida estas reuniones por los 67 que ha obtenido el candidato de Podemos, Txema Guijarro. En la agenda del Gobierno de estos días está pendiente precisamente negociar con el portavoz de Nueva Canarias el voto afirmativo a las cuentas del Estado, que saldrán adelante si finalmente cambia el sentido de su voto.
Colocar a Quevedo al frente de la comisión que investigará la caja B del PP fue la solución de urgencia que encontraron los conservadores y los socialistas tras dos jornadas de negociaciones fallidas, que recordaron por momentos a los ejes de nueva contra vieja política de las elecciones de diciembre del 2015. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba a los máximos dirigentes de Podemos y Ciudadanos defenderse en privado unos a otros. Los dos partidos se revolvieron juntos contra el pacto del bipartidismo tradicional para controlar tanto la comisión del PP como la de cajas de ahorro. Albert Rivera y Pablo Iglesias acordaron presentar candidatos alternativos y apoyarse recíprocamente. Pero no consiguieron dividir el voto de populares y socialistas.
“La idea era que los nuevos partidos que no tienen nada que ver ni con la corrupción o Ciudadanos, que tiene las manos limpias con el saqueo de las cajas, tuvieran la capacidad de presidir las comisiones de investigación”, aseguró el portavoz adjunto de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. “Al final, PP y PSOE se han vuelto a poner de acuerdo con los partidos más pequeños para pastelear con el dinero de todos los españoles y presidir las comisiones que les son incómodas”, añadió.
La presidencia de una comisión de investigación es un cargo relevante. No sólo organiza los trabajos y canaliza las peticiones de los portavoces, sino que además es la primera persona que accede a la documentación de trabajo solicitada por los grupos. Además, tiene la facultad de ordenar el debate y los tiempos de intervención. Por ejemplo, el presidente de una comisión puede proponer que un compareciente no responda en formato pregunta-respuesta a los grupos.
Negociación fallida
Todos los intentos por encontrar una solución de consenso entre los cuatro grupos fracasaron. PP y PSOE tenían intención de apoyar a Ana Oramas como presidenta de la comisión de cajas y al convergente Jordi Xuclá en la investigación de las cuentas opacas del PP. Podemos y Ciudadanos se negaron. El partido de Rivera presentó a Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso, como candidato a la de cajas. Ciudadanos renunció a presentar alternativa a la del caso Bárcenas y dijo que apoyaría al candidato propuesto por Podemos, Chema Guijarro. Después de varias horas de reuniones en el Congreso, los cuatro portavoces fueron incapaces de entenderse. La constitución de las comisiones se pospuso durante varias horas. La portavoz adjunta del PSOE, Isabel Rodríguez, advirtió que no apoyarían a Xuclá y dejó entrever que estaban dispuestos a votar al candidato de Podemos.
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Durante el receso, el PP se sacó de la chistera el nombre de Pedro Quevedo, que ni era integrante de la comisión ni se encontraba en Madrid. El Grupo Mixto presentó un escrito con la renuncia de Xuclá y el alta del parlamentario canario. El procedimiento se hizo saltándose el funcionamiento interno del grupo, que ordena por turnos la participación de los distintos partidos que lo integran en las comisiones. Tras la renuncia de Xuclá, el turno le correspondía a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Pero la diputada canaria no podía porque estaba en la comisión de cajas. Otras fuentes señalan que le tocaba a Compromís.
Finalmente, la tarea la asumió Quevedo. El PSOE dijo que apoyaba al portavoz de Nueva Canarias porque es socio electoral: las dos formaciones concurrieron juntas a las elecciones generales. La portavoz socialista afeó además a Podemos y Ciudadanos haberse puesto de acuerdo a sus espaldas. Rodríguez recordó que la comisión de investigación del caso Bárcenas fue registrada por los tres partidos. El PSOE pedirá que los trabajos de la comisión comiencen la próxima semana. Su objetivo es que el primer compareciente sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En Podemos no daban crédito a lo ocurrido. “No deja de resultar sorprendente que el PSOE ayude al PP a poner a la persona que quiere el PP”, dijo su portavoz Irene Montero. Quevedo asume una labor muy complicada en pleno escándalo por la operación Lezo por la corrupción del PP de Madrid. Además, el voto del diputado de Nueva Canarias se ha convertido en la clave para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, votación de la que depende que la legislatura sea estable.
El voto de la mayoría absoluta
Consciente de que la agenda canaria con la que llegó desde Las Palmas hasta Madrid vale ahora mismo su peso en oro, Pedro Quevedo (Caracas, 1956) se deja querer por un Partido Popular que busca a la desesperada aprobar las cuentas del Estado. De hecho, este martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibirán al parlamentario en Moncloa para avanzar en las negociaciones con su partido y desatascar de una vez por todas la tramitación parlamentaria de los Presupuestos.
En una reciente conversación con EL ESPAÑOL, el diputado canario se reservó la cifra en la que cuantifica su voto a favor, el sí de la mayoría absoluta. "Cada vez que alguien consigue algo a los demás les molesta", asegura cuando se le pregunta por qué le parece los 1.400 millones que el PNV le arrancó al Gobierno a cambio del voto afirmativo de sus cinco parlamentarios.
Quevedo, inmerso en plenas negociaciones con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha presentado 49 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el PP. Con la calculadora en la mano, estas propuestas se traducen en una inversión de 450 millones de euros para Canarias. El portavoz de Nueva Canarias quiere que casi la mitad de ese dinero a políticas sociales -educación, sanidad-, se vincule al Régimen Fiscal Canario y no pase por el modelo de financiación autonómica, también pendiente de negociarse. Sería su mayor triunfo de cara a sus votantes canarios.
El diputado canario también busca que el Estado se comprometa a invertir 220 millones de euros en infraestructuras para sus islas. Un esfuerzo extra que desde Madrid miran con recelo pero entienden que "no quedará más remedio" si el objetivo es sacar adelante cuanto antes las cuentas de 2017.