La Ley vasca de reconocimiento de víctimas de abusos policiales enfrenta a los Gobiernos de Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu. Pese al desbloqueo del Cupo y el pacto presupuestario entre el PNV y el PP, ambos Ejecutivos no han logrado llegar a un entendimiento sobre esta normativa, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional tras el acuerdo adoptado en el último Consejo de Ministros.

Según el Gobierno vasco, el recurso no se sustenta en argumentos jurídicos "solventes", sino que es sólo "un pretexto o una excusa" para no reconocer a las víctimas causadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado y elementos incontrolados durante las primeras décadas de democracia, entre 1978 y 1999.

Convencido de contar con el "aval  internacional", asegura  que se halla ante “una carrera de fondo” y que  ganarla es únicamente cuestión de tiempo. Mientras lo consigue, desarrollará los artículos que no han sido suspendidos obviando el carácter global de la impugnación. Así lo ha expuesto este viernes  el Secretario General de Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico, Jonan Fernández.

Se conoce por la Ley de  víctimas de abusos policiales,  pero fue aprobada por el Parlamento Vasco el 28 de julio de 2016 bajo el título de Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política.

Fue acordada con los votos de PNV y PSE-EE y obtuvo la abstención de EH Bildu y el rechazo de PP y UPyD. Ya entonces pendía sobre ella el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad, similar al planteado contra una normativa aprobada por la comunidad foral navarra.

El Tribunal Constitucional tiene por delante cinco meses de plazo para decidir sobre  la inaplicación de la Ley mientras resuelve  el  fondo del litigio. Aunque la impugnación se produce a la  "totalidad" de la norma, la presentación del recurso conlleva únicamente la suspensión cautelar inmediata de lo solicitado por la Abogacía del Estado; diez epígrafes, comprendidos en cinco artículos, y una disposición adicional. A este extremo se aferra el Gobieno vasco para decir que la Ley “sigue vigente” y que su deber es “desarrollarla”.

Suplantar a los jueces

La suspensión afecta al núcleo esencial del  texto legislativo, que reside en las funciones atribuidas a una Comisión de Valoración encargada de resolver los expedientes que identifiquen a las víctimas y determinar por tanto a quién se otorga esa condición que da acceso a indemnizaciones y otras prestaciones.

La Ley establece que para ser víctima no es preciso que haya  habido un proceso judicial previo y que  si no hay sentencia es factible sustituirla por una resolución administrativa basada  “en cualquier medio de prueba admisible en derecho”.  A juicio de la Abogacía del Estado esa potestad implica que la Comisión asume el papel de los jueces sin que medie un proceso judicial garantista que respete los derechos de los victimarios al honor y la presunción de inocencia.

El recurso considera que la norma impulsa procedimientos "parajudiciales" y que  la Comisión "es llamada a hacer justicia por sus propios medios", al dotarla de  capacidad para investigar presuntos hechos delictivos, requerir a las instituciones información sobre los mismos e interrogar a quien considere conveniente.  Alega que sus resoluciones tendrían consecuencias penales  y que lo que se pretende es constituir una comisión "dirigida a establecer una verdad paralela a la oficial".

"La ley no dice eso"

El  Gobierno vasco niega estas conclusiones. “El recurso hace decir a la Ley lo que no dice para acto seguido tacharlo de inconstitucional”, ha señalado Jonan  Fernández durante  la comparecencia convocada para dar a conocer la respuesta del Gobierno vasco.

El Ejecutivo de Urkullu rechaza que  la Comisión de Valoración invada competencias judiciales y sitúa sus atribuciones en el marco administrativo y el ámbito competencial autonómico para “desarrollar políticas de protección social”.  

Fernández ha argumentado que bajo el criterio del  Gobierno español cientos de víctimas del terrorismo no habrían sido reconocidas nunca, al no contar con una sentencia judicial firme, y ha sostenido que son las tesis del  Ejecutivo vasco las que imperan entre quienes representan en el mundo la defensa de los Derechos Humanos.

 

Campaña internacional

El Gobierno vasco no aplicará  los artículos suspendidos, aunque desarrollará el resto de la ley. Lo hará a pesar de que el recurso se plantea a la totalidad del texto  “por la interconexión evidente de todos los preceptos que la integran” y que parten “de un mismo presupuesto inconstitucional a cuyo fin se ponen a su servicio”.

Al mismo tiempo que asume la batalla jurídica, el Ejecutivo de Urkullu iniciará una campaña de apoyo del texto legislativo sometiéndolo a  consulta dentro de la comunidad autónoma y en las esferas internacionales. Solicitará la opinión de instituciones y organizaciones de Derechos  Humanos, convencido de que será favorable a sus planteamientos y siguiendo el  camino ya emprendido al recabar un informe del exjurista de la ONU, Fabián Salvioli. 

Éste avaló que la norma se ajustaba al derecho internacional pocos días antes de que concluyera el plazo para  recurrir ante el Constitucional. Según Fernández el tiempo corre a favor del Gobierno vasco en esta “carrera de fondo” por el reconocimiento de las víctimas de excesos policiales y el  aval internacional es uno de los  “tres activos” con los que cuenta para llegar a la meta.

Los otros dos enunciados por el portavoz de Urkullu en Derechos Humanos son la  “existencia real” de las víctimas pendientes de reparación  -unas 400 según las estimaciones del Ejecutivo- y el apoyo  “inmensamente mayoritario” de la sociedad vasca.