La Generalitat valenciana ha decidido poner fin a una de las pocas experiencias exitosas de colaboración público-privada en España. La consejera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, ha anunciado que en abril de 2018, el Hospital de Alzira dejará de ser gestionado por la empresa Ribera Salud y pasará a ser manejado directamente por la Comunidad Valenciana.
Las razones conocidas de esta decisión son únicamente políticas e ideológicas. El gobierno valenciano, formado por el PSOE, Compromís y Podemos, dice que la reversión figuraba en sus programas y fue recogida en el llamado Pacto del Botánico y que con eso basta. Montón, en una entrevista, ha afirmado que la salud es “un derecho y no un motivo de negocio”.
Un informe que avala el 'Modelo Alzira'
En busca de una base argumental donde asentar su decisión, la Generalitat encargó a la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas de la comunidad autónoma) una auditoría operativa de la concesión sanitaria del Departamento de Salud de Manises. El actual síndic es el economista valenciano Vicent Cucarella Tormo, designado por el Parlamento en julio pasado por 77 votos frente a 11 nulos. El resultado de la auditoría no ha hecho más que confirmar que la apuesta ideológica puede ser legítima, pero le va a costar más cara a los valencianos.
La Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón. EFE
El informe, referido a los ejercicios 2009-2015, concluye que el llamado ‘Modelo Alzira’ genera un ahorro del 25% en el gasto corriente público frente a los hospitales de gestión pública directa, lo que supone un ahorro de 42,5 millones de euro al año.
El coste por habitante es de 721 euros, donde aproximadamente 47 euros son por inversiones, frente a los 894 euros por habitante que gastan los hospitales de gestión pública. El coste por empleado del “Modelo Alzira es de 44.722 euros frente a los 49.453 euros del personal estatutario de los hospitales comarcales. Sin embargo, los salarios de los trabajadores de Ribera Salud están un poco por encima de los estatales. El absentismo es del 1,8% frente al 9% que experimentan los centros de gestión directa.
Una empresa rescatada en 2003
Los centros gestionados por concesión cuentan con una mayor dotación tecnológica, 29 euros por habitante en equipamiento de alta tecnología frente a 15 euros de media en los hospitales comarcales. Hay 67 especialidades en la cartera de servicios del modelo concesional frente a 48 en los hospitales de gestión directa. Por último, el cumplimiento de objetivos en el ‘Modelo Alzira’ alcanza el 67% frente a un 56% en los comarcales. El 85% de los pacientes del área de Manises se declara satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida.
No todo son loas al ‘Modelo Alzira’ en la auditoría. También se señalan defectos relevantes, por ejemplo, la falta de control de la prestación por parte de la Administración y el diseño imperfecto del contrato concesional que no fija indicadores de resultados y de evaluación. De hecho, los cálculos erróneos del contrato concesional llevaron a Ribera Salud a la quiebra en 2003 y tuvo que ser rescatada por el Gobierno autonómico. La solución fue el aumento de la cuantía por paciente y la extensión de la concesión a la atención primaria. El fracaso marcó el prestigio del modelo que, pese a la excelente gestión del dinero público que se ha conseguido en etapas posteriores, no ha conseguido sacudirse este sambenito inicial.
El lucro: 8 millones de 450 millones
Si el problema de la consejera Montón es el “negocio” que se realiza con la Sanidad, la dimensión del lucro que obtiene Ribera Salud es de apenas 8 millones de euros de beneficio neto sobre una cifra de negocio que supera los 450 millones de euros al año. Esto después de invertir más de 600 millones en 15 años y haber creado casi 6.000 puestos de trabajo. El ‘Modelo Alzira’ es un negocio de ingreso recurrente, con bajo beneficio, pero que atrae a inversores a muy largo plazo.
Montón ha sumados dos argumentos para defender la reversión del centro: la supuesta falta de transparencia de Ribera Salud y que la empresa está siendo investigada por la Justicia por presunta malversación. El primer argumento cae por su propio peso: el control es una responsabilidad de la Administración y si ésta sólo ha celebrado 12 reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento en siete años es una negligencia del Estado.
En cuanto a la supuesta malversación, la denuncia fue interpuesta a finales de 2016, por dos miembros de un pequeño sindicato médico valenciano tras las revelaciones que EL ESPAÑOL hizo al respecto y coincidió con el anuncio del tripartito de que llevaría hasta el final el cumplimiento de su programa electoral. Los responsables de Ribera Salud afirman que es la única denuncia de este tipo que han recibido en los 15 años de concesión y creen que no prosperará, pero el asunto está subjúdice.
Pero incluso en el caso de que este proceso terminara en la condena de Ribera Salud y la gravedad de sus infracciones ameritara que se le retirara la concesión, el Gobierno valenciano podría convocar otro concurso y buscar un nuevo proveedor, pero no suprimir un modelo que ha demostrado que, bien calibrado, funciona.
Si nadie lo remedia, el gobierno valenciano sentenciará un modelo que ha despertado interés en EEUU y en el Reino Unido, sin tener en cuenta los indicadores de calidad, de satisfacción y de ahorro. Como bien señalaba un ex ministro socialista cuando se le indicaban las coincidencias entre el 'Modelo Alzira' y el Obamacare introducido en EEUU, el problema es que se implantó con un gobierno del Partido Popular, el de Eduardo Zaplana, y nunca consiguió pasar del “modelo Zaplana” al “modelo Obama”.
