Encuentros privados en hoteles, reuniones en despachos, viajes a Marbella, citas secretas en aparcamientos, entre los coches… los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vigilaron de cerca los movimientos de los principales investigados en la operación Lezo. Entre ellos destacan el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su hermano Pablo o el empresario Edmundo Rodríguez Sobrino. Pero no son los únicos.
EL ESPAÑOL ha accedido a este álbum de fotos de la corrupción en el que los implicados del caso quedaron inmortalizados por las cámaras de los investigadores del Instituto Armado. Esta particular galería de imágenes repartida a lo largo de un extenso sumario evidencia una agitada agenda de reuniones y desplazamientos entre los sospechosos, ajenos al desenlace que les esperaba.
“Agentes de esta unidad establecieron un dispositivo de vigilancia discreta sobre...” Esta expresión se repite numerosas veces a lo largo de los miles de folios que componen las diligencias del caso Lezo a las que ha tenido acceso este periódico. En todas las fotos, los investigados son retratados sin percatarse de estos seguimientos con los que la UCO apuntaló su investigación.
La etiqueta de embarque
En algunos casos desde una distancia prudencial y otras a escasos metros de los protagonistas, los agentes tenían controlada a la trama. El nivel de detalle llevó a los especialistas a fotografiar incluso la etiqueta de embarque de la maleta de un individuo al que no tenían identificado, pero cuya presencia en España levantó sus sospechas por sus reuniones con el expresidente de Inassa, Rodriguez Sobrino. Al revisar los nombres de los pasajeros de su vuelo concluyeron que se trataba del abogado del propietario de la sociedad brasileña Emissao, una de las piezas centrales del caso.
Estas vigilancias no estuvieron exentas de dificultades ya que a lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto que algunos de los acusados tuvieron conocimiento de que estaban bajo el foco de las autoridades. Por ello adoptaron extraordinarias medidas de seguridad para burlar el control policial. Pero no siempre consiguieron su objetivo de pasar desapercibidos.
Los guardias civiles dedicados a seguir los pasos de Ignacio González notaron que de la noche a la mañana comenzó a cambiar sus hábitos, dejó de usar el teléfono, más de un investigado comenzó a prescindir del teléfono o incluso recurrieron a escuetos mensajes en clave que les servían de señal cuando necesitaban organizar una reunión de urgencia.
Medidas excepcionales
Las técnicas disuasorias de la trama Lezo -bajo la acusación de actuar como una “organización criminal”- obligó a la UCO a solicitar al juez del caso, Eloy Velasco, que les permitiese instalar micrófonos de ambiente para intervenir comunicaciones como el que fue colocado en el despacho del expresidente de Madrid en la calle Alcalá de Madrid. Se trata de una medida excepcional que se ha empleado muchas veces en operaciones contra el terrorismo o el crimen organizado.
Si en una de sus conversaciones se concertaba una cita, el día señalado ahí estaba una cámara de la Guardia Civil para vigilar los movimientos de sus objetivos policiales. Todos ellos aparecen fotografiados o grabados en actitud despreocupada, ajenos a una actuación policial que a través de estas actuaciones pudo acreditar ante el juez la extensa red de contactos que desplegó el clan González.