En las entrañas del capitalismo de amiguetes español

La expresión "capitalismo clientelar" o "capitalismo de amiguetes" ha hecho fortuna en la opinión pública para caracterizar la promiscua relación entre la política y los negocios en España. El término llegó de la mano de grupos de profesionales que desde hace más de una década han venido reaccionando a la decadencia que presenta la vida pública española en los últimos años. Contra el capitalismo clientelar (Ed. Península, 2017) es la nueva obra del colectivo Sansón Carrasco, el famoso bachiller de El Quijote, tras el cual se dan cita las plumas de siete juristas, profesores y notarios que crearon el popular blog Hay Derecho. El siguiente es un extracto de la obra dedicado a analizar el poder del lobby financiero. 

Los bancos, núcleo del capitalismo clientelar

El lobby financiero tiene una bien ganada fama de influir directa y eficazmente sobre el poder político, y no solo en España. De hecho, son muchos los que consideran que la desregulación financiera -que comenzó en Estados Unidos con el fin de la separación entre banca comercial y banca de inversión (es decir, con la derogación de la Ley Glass-Steagall, como se suele denominar a la Banking Act)- ha sido al mismo tiempo la gran conquista del lobby bancario y el origen del aumento del tamaño y la inestabilidad del mundo financiero, cuyo fruto inmediato ha sido la Gran Recesión.

Pero aquí, más modestamente, queremos demostrar cómo el sector financiero ha conseguido en España un marco regulatorio que, en un primer momento, favoreció el desarrollo de la burbuja inmobiliaria y, después, también propició -lo que es peor- que no se tomaran las medidas necesarias tras el estallido de la crisis, cosa que contribuyó a agudizarla y que desembocó en unas gravísimas consecuencias para todos.

Las reformas llamadas de "protección de los deudores hipotecarios" (estos últimos, personas que tenían sus viviendas hipotecadas con los bancos) se hicieron tarde y mal. En muchos casos, se estaba legislando «para la foto», sin introducir mejoras reales para los deudores e, incluso, en algún caso, incorporando normas de matute que favorecían aún más a los bancos.

El sector financiero tiene una capacidad de influir sobre el Estado que no tienen sectores como el eléctrico

Lo primero que hay que destacar es que el mundo financiero tiene una especial relación con el poder político. Al margen de que las puertas giratorias y los préstamos a partidos políticos -que no se pretenden cobrar, como no se cobraban los de los gremios a los príncipes y reyes que les otorgaban los privilegios que garantizaban sus monopolios- ayuden a que todos se lleven bien, algunos caracteres particulares del sector financiero le dan una capacidad de influir sobre el Estado que no alcanzan sectores como el eléctrico, aun con su potente lobby y sus consejos de administración repletos de expolíticos.

La razón es que los bancos y el Gobierno se ayudan y se necesitan. Por una parte, los bancos compran al Estado la deuda pública que emite (los famosos bonos del Tesoro), y obtienen, a cambio, una regulación que les facilita su operativa y que dificulta la competencia. Esta regulación tiene su origen en el denominado privilegio de «pignoración automática de deuda pública», instaurado a principios del siglo pasado.

Esto quiere decir que la banca, cuando suscribe las emisiones de deuda pública del Tesoro, puede obtener, a cambio y de parte del Estado, una línea de crédito del Banco de España utilizando esos mismos títulos como garantía. Todo el mundo gana, porque el déficit público del Estado (que en España ya está por encima del 100 por cien del PIB) consigue disponer de una financiación segura y mucho más rentable electoralmente que la que supondría subirle los impuestos a los ciudadanos, y los bancos están encantados, porque la cartera de deuda pública es un activo muy líquido que les da un rendimiento seguro.

Con este "colchón", los bancos empezaron a prestar a diestro y siniestro sin preocuparse demasiado del riesgo que estaban asumiendo, porque, en última instancia, sería el Banco de España el que haría de prestamista. Así crecieron los grandes bancos que empezaron a actuar en régimen de oligopolio, algo que muchos economistas denunciaron como uno de los principales males de la economía española.

Las entidades han tenido la capacidad de dictar las reglas que ellas mismas han de cumplir

Cuando las entidades que tienen en sus manos la financiación del Estado y de las grandes empresas son pocas, es obvio que su poder en la economía y sus márgenes de beneficio se incrementan. Además, las entidades financieras han tenido la capacidad de dictar las reglas que ellas mismas han de cumplir: el Consejo Superior Bancario, formado por los grandes bancos, tenía bajo su control la regulación de muchos aspectos del negocio bancario, como los tipos de interés máximos pagados por los depósitos y la emisión de normas prudenciales, por ejemplo. Desde 1994, sus competencias las ostentan el Banco de España y la Asociación Española de Banca (AEB), que agrupa a todas las entidades financieras y de la que volveremos a hablar cuando abordemos los desahucios. Es como si a los contribuyentes nos dejasen fijar el tipo de IVA o de IRPF que queremos pagar.

La existencia de pocos bancos refuerza su carácter sistémico... y por lo tanto no se puede permitir que quiebren

Además, la existencia de pocos bancos refuerza su carácter "sistémico". Esta palabra, tan de moda a partir de la crisis financiera de 2008, significa, en definitiva, que la quiebra de un banco, al ser muy grande, afecta a todo el sistema económico y pone en riesgo el entero equilibrio de la economía de un país. La consecuencia está clara: no se puede permitir que los bancos quiebren, por lo que el Estado -es decir, los contribuyentes- tiene que hacerse cargo de las deudas que aquellos no pueden pagar.

Aquí nos encontramos, de nuevo, con el riesgo moral: los contribuyentes pagamos los platos rotos de la gestión de los directivos de los bancos (en connivencia con los políticos). En eso consiste el rescate bancario: en que los contribuyentes paguemos las deudas que los bancos tienen con aquellos que les han prestado el dinero (en primer lugar, con sus depositarios, pero también con los otros acreedores -normalmente, otros bancos- que les financiaron).

Aunque al principio de la crisis se habló de que había que impedir que hubiera bancos que fueran demasiado grandes para dejarlos caer (too big to fail) para evitar tener que rescatarlos con dinero público, resulta que, ocho años después, nos encontramos con muchos menos bancos y que son todavía más grandes que al principio; y se sigue hablando de nuevas fusiones bancarias. Por eso sorprende que Francisco González, presidente del BBVA, manifieste en el Financial Times que "el monopolio de la banca ha muerto" y que empresas tecnológicas como Google o Amazon están hoy en mucho mejor posición para abordar los retos de futuro que la banca.

La banca tiene un aliado con el que Google o Amazon no cuentan: un poder político siempre dispuesto a pagar intereses de la deuda pública que le conseguirá los rescates que hagan falta

Nosotros no estamos de acuerdo. La banca tiene un aliado con el que estas empresas no cuentan: un poder político siempre dispuesto a pagar intereses de la deuda pública que le conseguirá los rescates que hagan falta a costa de los contribuyentes. Hay infinidad de ejemplos de esa línea directa de los bancos con las más altas instancias del poder político, independientemente del partido que gobierne, y que, en algunos casos, se extiende a los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).

Un caso escandaloso es el indulto del consejero delegado del Banco Santander por un Gobierno socialista que acababa de perder las elecciones, en connivencia con el que las acababa de ganar. Del indulto de Alfredo Sáenz hablamos largo y tendido en el blog Hay Derecho. Al final, y tras mucha presión de la opinión pública, se consiguió que no se le considerase honorable por el Banco de España para el ejercicio de la profesión. Poca cosa, si se juzga por lo bien que lleva Alfredo Sáenz su situación, así como por su prominente aparición en el listado de patrocinadores del Teatro Real, donde figura en los programas de mano de la temporada de ópera. Una buena muestra de la tolerancia social que hay ante este tipo de conductas (sobre todo, si los que las cometen tienen mucho dinero o poder).

Otro ejemplo quizás menos grave -pero más reciente e igual de revelador- es el que cuenta el ministro de Economía, Luis de Guindos, en su libro sobre la crisis bancaria, escrito cuando todavía era ministro en funciones durante la larga etapa de interinidad del Gobierno, también "en funciones", de Mariano Rajoy, los diez primeros meses del año 2016. Para reforzar su argumento sobre la mala actuación del antiguo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Luis de Guindos cuenta que el fallecido Emilio Botín, entonces presidente del Banco Santander, le llamó para plantearle la necesidad de adelantar la salida del gobernador de su puesto.

Que el presidente de un banco le plantee al ministro de Economía, con esa desenvoltura, que debe conseguir la salida del gobernador de un banco central revela tanto la relación íntima del sector financiero con el poder político como la poca independencia real de una institución fundamental para el buen funcionamiento de la economía española.

El ministro de Economía no ve nada raro en que el presidente de un banco le llame para que 'se cargue' al gobernador del Banco de España

Pero lo que a nosotros nos llama más la atención es la increíble candidez con que lo cuenta. Es una muestra impresionante de hasta qué punto el señor ministro considera esta conversación como algo natural, y no como algo patológico y muy preocupante. En definitiva, el ministro de Economía no ve nada raro en que el presidente de un banco le llame para que «se cargue» al gobernador del Banco de España.

Es importante señalar que la solución no pasa -ni mucho menos- por un mayor control del poder político sobre la banca. Que el poder político controle directamente la banca ha sido históricamente catastrófico, y el desastre del modelo híbrido público-privado (como el que organizaron las comunidades autónomas con las cajas de ahorros) es el mejor ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas.

Precisamente, el modelo de las cajas de ahorros, desde la modificación de la composición de sus órganos rectores, allá por el año 1985, es otro modelo de capitalismo clientelar, en el que nos detendremos muy brevemente porque ya ha sido muy tratado por otros autores -incluidos nosotros mismos en nuestro anterior libro- con mayor profundidad y extensión de la que aquí le podemos dedicar.

Las relaciones 'íntimas' entre políticos y entidades financieras y el desastre de las cajas de ahorros

Las cajas de ahorros han sido las principales protagonistas de la crisis financiera en nuestro país, a pesar de que su finalidad era promover el ahorro familiar y el crédito a las pequeñas empresas y de que eran entidades con beneficios fiscales que tenían que reservar el 50 por ciento de sus beneficios para la obra social (en algunas comunidades autónomas, solo el 25 por ciento). Usamos el pretérito porque la crisis se ha llevado consigo a las centenarias cajas de ahorros, que han desaparecido como tales, algunas, convertidas en bancos y la mayoría, simplemente, absorbidas por ellos como consecuencia de su quiebra técnica.

Los partidos colocaron en las cajas a concejales, alcaldes, sindicalistas... cuando no directamente a amigos y familiares

El origen de este desastre ha sido, sin duda, la conexión del poder político con el económico y financiero, que ha llevado a una gestión politizada y poco profesional de las mismas. La normativa de regulación sobre normas básicas de órganos rectores de cajas de ahorros (Ley 31/1985, de 2 de agosto), aprobada con un Gobierno del PSOE, permitió que el 34 por ciento de los miembros de dirección de las cajas fueran nombrados "a dedo" por los partidos políticos. Los partidos colocaron a concejales, alcaldes, sindicalistas, presidentes de diputaciones y altos cargos de gobiernos regionales, cuando no directamente a amigos y familiares.

Es obvio que gestionar entidades financieras requiere formación y experiencia en derecho bancario, política de créditos, provisiones, riesgos, etc. Pero las cajas se llenaron de personas sin ninguna experiencia en el mundo financiero, cuyo único mérito para dirigir un órgano de una entidad de ese tipo era proceder de la política o tener relaciones clientelares o familiares con políticos. Personas sin especial preparación estuvieron al frente de cuarenta y cinco cajas de ahorros que movían billones de euros. A cambio de «estar» en las asambleas generales y consejos de administración (incluso en las comisiones de auditoría), se embolsaban importantes cantidades en concepto de dietas y «otros gastos».

Los criterios a la hora de conceder los préstamos eran de todo tipo salvo profesionales. Por supuesto, la financiación de las grandes obras producto de los delirios de grandeza de los políticos de turno eran una prioridad. Las cajas se convirtieron en la caja de unas comunidades autónomas despilfarradoras y clientelares.

Resumiendo: la combinación de incompetencia, amiguismo, irresponsabilidad y, en definitiva, el capitalismo de amiguetes que se generó en torno a la financiación concedida -muchas veces, sin otro criterio que el político- por estas entidades llevaron a la ruina a la práctica totalidad de las cajas de ahorros.

Recientemente, el Banco de España publicaba que el coste para los contribuyentes del rescate de la banca -en realidad, básicamente de las cajas de ahorros- ha sido de 51.300 millones, a lo que habría que sumar los 168.000 millones en garantías y capital para el llamado "banco malo" (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb). Los recientes juicios sobre Bankia han sacado a la luz lo que en realidad ya se sabía: que los consejeros ignoraban lo que pasaba en la entidad, que estaban ahí solo para cobrar, que se falseaban las cuentas, que se miraba para otro lado, etc.

Se obligó a Terceiro a dimitir y se nombró presidente a Blesa, amigo personal de Aznar, y vicepresidente a Moral Santín, de IU

Un ejemplo de cómo empezaron a funcionar las cajas tras la politización de sus órganos de gobierno se encuentra en el relato que hace Jaime Terceiro, presidente de Caja Madrid de 1988 a 1996, de su salida de la misma: en 1996, el PP y Comisiones Obreras (CC.OO.) firmaron un pacto (al que se sumó Izquierda Unida [IU]) que, entre otras cosas, incluía la política de inversiones y nombramientos. El pacto, contrario a la ley de cajas que establecía la independencia de los consejeros, provocó que Terceiro perdiera el apoyo del consejo, que le había ratificado por unanimidad solo un año antes, por lo que dimitió.

No había intención de disimular: se nombró presidente a Miguel Blesa -inspector de Hacienda, amigo personal del presidente Aznar y, por supuesto, sin ninguna experiencia previa en el mundo financiero- y vicepresidente a José Antonio Moral Santín (de IU). También llegó al consejo Francisco Baquero, marido de María Jesús Paredes, la entonces secretaria general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comfia CC.OO.

De esos polvos vinieron después los lodos de las tarjetas black, las preferentes, la salida a bolsa y, finalmente, el ruinoso rescate de Bankia. También es significativo que fuera el propio Rodrigo Rato, entonces todopoderoso vicepresidente del Gobierno, el que en aquel momento tratara de convencer a Terceiro para que dimitiera sin armar lío, haciéndole una oferta de esas que no se puede rechazar: la presidencia de Iberia... que él rechazó.

Sansón Carrasco: seudónimo de Segismundo Álvarez Royo-Villanova, Matilde Cuena, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Fernando Gomá Lanzón, Ignacio Gomá Lanzón, Ferrnando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena.