El embajador en Kabul culpa a los policías de los fallos de seguridad que facilitaron el atentado

El embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, y su exnúmero dos, Oriol Solá, han solicitado el archivo de la causa abierta contra ellos en la Audiencia Nacional tras el atentado talibán de diciembre de 2015. Aquel día fueron asesinados dos policías nacionales y el juez Santiago Pedraz abrió contra ambos diplomáticos una investigación por un presunto delito de homicidio imprudente derivado de las posibles negligencias en materia de seguridad. En el escrito en el que piden el archivo del caso responsabilizan a los policías de las circunstancias que facilitaron el ataque terrorista.

Los compañeros de los agentes fallecidos y sus familiares sostienen que los talibán que accedieron al edificio tenían conocimiento de dónde se debían instalar para ser más efectivos, concretamente en la azotea. Los denunciantes relacionan sus movimientos con unas obras que se realizaron en el tejado del edificio en las que fueron retiradas unas planchas de metal. Eso proporcionó varios puntos de disparo a los terroristas. Los policías culpan al embajador de no haber tenido el debido celo en el control de las personas que accedieron al edificio para hacer esos trabajos.    

La Abogacía del Estado- que ejerce la defensa de los diplomáticos- presentó un escrito el 24 de abril al que tenido acceso EL ESPAÑOL. Los servicios jurídicos del Estado vierten sobre los funcionarios de la Policía Nacional la responsabilidad de efectuar esos controles: “Era el equipo de seguridad tanto estática como dinámica de la embajada quien tenía las funciones de velar por la seguridad de la legación y particularmente de comprobar que los dispositivos de seguridad -como serían las protecciones de la azotea- continuaban instalados y en funcionamiento, efectuar el control de los accesos y las visitas a la embajada y de activar en caso de estimarlo necesario el Plan de Emergencia o cualquier otra medida oportuna”.

Traslado de la embajada

Entre los argumentos que aporta para defender la ausencia de negligencias de sus representados incluye las gestiones realizadas para el traslado de la embajada a un lugar más seguro del que estaba. Según informó este periódico, la mudanza se planteó por primera vez en 2008 y la embajada fue atacada siete años después. En todo ese tiempo el Ministerio de Exteriores fue incapaz de encontrar un emplazamiento mejor para la delegación.

Otro punto clave de la investigación es el aviso de un posible atentado terrorista remitido por la Agregaduría de Defensa de Francia el mismo día en el que se produjo el ataque. El mensaje alertaba de un posible atentado el mismo día en el que se produjo. Una de las disculpas de los diplomáticos es que esos mensajes eran muy habituales y en muchos casos imprecisos. La defensa de los policías pide al juez que no archive el caso al menos hasta que Francia no aporte al Juzgado el citado mensaje.

El embajador y su número dos consideran una “mendacidad” afirmar que ocultaron ese mensaje y que, según uno de los testigos del caso, era “absolutamente inconcreta” por lo que “no habría permitido adoptar medida de seguridad alguna”.