La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recurrió a informes de la DEA, la agencia antidroga de EEUU para investigar la posible conexión de empresarios colombianos con el Canal de Isabel II. La Guardia Civil indaga sobre la identidad de una serie de socios minoritarios de una de las filiales del Canal y apunta a la familia Gerlein, sobre la que la DEA encontró vínculos con el narcotráfico.
Los investigadores se refieren a una serie de particulares que controlarían un porcentaje minoritario de Inassa, la marca en Sudamérica del Canal de Isabel II. La UCO dice haber obtenido información que los identifica con la conocida familia de empresarios colombiana Gerlein, concretamente Enrique Miguel Gerlein. También otros inversores como Luis Nicolella de Caro o Nelson Polo Carbonell. “A pesar del pequeño porcentaje de acciones a su nombre, tendrían representación en el Consejo de Administración de Inassa”, sostiene la Guardia Civil.
Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción y UCO investigan la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II como una de las piezas claves del saqueo de la empresa pública madrileña. Precisamente, fue bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón cuando se decidió que desde el Canal se debía entrar en negocios sudamericanos, a pesar de que en aquel entonces los estatutos de la empresa de gestión de aguas no lo permitía.
De la investigación se desprende que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido por Gallardón, se adquirió Inassa por un precio muy superior al real y sin los informes preceptivos. Es más, uno de los principales investigados, quien fiera el presidente de Inassa, Edmundo Rodriguez, habla de un robo de "25 millones de euros" y el propio Ignacio González -presidente de la Comunidad tras la salida de Esperanza Aguirre- reconoce en las grabaciones interpcetadas por la Guardia Civil que en en Inassa se cometieron irregularidades y él las tapó: “Yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos opciones. O reventarlo o arreglarlo (...) No sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue la compra de un grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100".
Pagos a manos de narcos
Cuando desde la Comunidad de Madrid se decidió dar el salto a América a través de Inassa, los Gerlain ya estaban allí. “En relación a la familia colombiana Gerlein, ya se participó en anteriores informes que entre sus miembros se encontrarían políticos y/o empresarios, investigados algunos de ellos por el cobro de pagos a manos de narcotraficantes y blanqueo de capitales, según datos participados por la Agencia Antidroga norteamericana DEA”, dice el informe de la Guardia Civil al en el marco de sus pesquisas sobre la Operación Lezo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En concreto se remiten a dos documentos de la DEA, uno es el “informe 18-052” con fecha del 15 de marzo de 2016 centrado en la familia Gerlein y otro el “informe 16-090” que versa sobre las actividades de Enrique Miguel Gerlein y Luis Nicolella. La DEA llega a decir literalmente: “se sospecha que Enrique Miguel Gerlein está involucrado en blanqueo de capitales y era vinculado a la empresa Fidugan”. Sobre esta compañía, la agencia antidroga norteamericana disponía en 1995 de información de que su administrador estaba involucrado en el transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Entre los datos con los que cuenta la DEA también citan a un miembro del clan colombiano llamado Roberto Gerlein Echeverria de 69 años de edad: “era político colombiano y parece que recibía pagos de narcotraficantes”.
Las pesquisas de la UCO se cruzaron con las de la DEA cuando los investigadores del caso Lezo comenzaron a indagar una serie de operaciones en el seno del Canal que se remontan al año 2000, cuando el presidente de la Comunidad era Alberto Ruiz Gallardón. Los investigadores se centran en la venta del 20 por ciento de las acciones de Inassa, la marca del Canal Isabel II en Sudamérica. La Guardia Civil admite que no ha podido acreditar quien compró ese paquete accionarial que hasta ese año poseía Aguas de Barcelona (AGBAR), también bajo el foco de la Audiencia Nacional.
No obstante, los expertos de la UCO detectaron esas mismas fechas un tráfico de 6,8 millones de euros procedentes de Colombia y Panamá hacia AGBAR, una cantidad sospechosamente similar a los 6,1 millones que valían sus acciones. Hace un año, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, explicó en la Asamblea el actual reparto accionarial de Inassa: el 81 por ciento corresponde a Canal Extensia, el 18 por ciento a una sociedad panameña llamada Sociedad Latina de Aguas y un porcentaje minoritario que, según la UCO, estaría en manos de los Gerlein y el resto de empresarios.
“Teniendo en cuenta la supuesta participación de la sociedad panameña Sociedad Latina de Aguas y de los socios colombianos, así como a las entradas invisibles recibidas por AGBAR en el año 2000, que tendrían origen en las jurisdicciones de Panamá y Colombia, habría que comprobar si los compradores del 20% de INASSA que AGBAR habría vendido en el año 2000, serían estos socios panameños y colombianos”, concluye la UCO.
La relación entre las empresas del Canal y empresarios colombianos bajo sospecha tiene el precedente de 'Tony Ávila', directivo de una filial de la compañía pública de aguas. Fue detenido por el presunto desvío y apropiación de casi 8 millones en un proyecto educativo.