Pablo González confesó que Mercasa corrompía a funcionarios extranjeros: “Pagas y ya, joder”

Comisiones irregulares, “tejemanejes”, “contubernios”, luchas internas, incluso un prófugo de la Justicia española cobrando “bajo cuerda” como intermediario. Así era el día de Mercasa según Pablo González, quien fue director de Estrategia y Operaciones de la compañía hasta su arresto en la Operación Lezo. Él y su hermano, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, abordaron estas cuestiones en una larga conversación en la que pusieron de manifiesto las irregularidades que se cometían en esa empresa pública.

La charla tuvo lugar el 24 de noviembre del año pasado en el despacho del exmandatario madrileño y fue captada por uno de los micrófonos de ambiente que instaló la Guardia Civil ante la sospecha de que los investigados sabían que tenían sus teléfonos intervenidos. A juzgar por el contenido autoincriminatorio de sus palabras, se sentían seguros. En este intercambio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Pablo González desveló detalles de unos negocios en Angola que investiga la Audiencia Nacional. Él mismo reconoce que aquella operación era “una estafa”.

También hablan del intermediario que usaban en el país africano, un ciudadano portugués buscado por la Justicia española. Pablo González confiesa a su hermano que, pese a que oficialmente rompieron relaciones con él, seguía cobrando por trabajos que le encargaban. En varias ocasiones se alude al pago de sobornos como algo habitual en el funcionamiento de Mercasa. Pablo González llega a decir que se hace “en todas partes”. Las luchas internas también marcaban el día a día de la compañía hasta el punto que el hermano del expresidente narra cómo espió a sus compañeros recopilando sus correos electrónicos.

La "estafa" de Angola 

Mercasa había cerrado en 2006 un acuerdo para levantar un mercado mayorista en Luanda, la capital de Angola. Se trataba de una operación multimillonaria que también investiga la Audiencia Nacional y por la que el juez José de la Mata imputó a la cúpula de la empresa pública el mismo día en el que explotó la Operación Lezo. Así se lo explicaba Pablo González a su hermano: “Hay un fiscal que quiere demostrar que hay empresas públicas europeas que pagan a funcionarios en países en desarrollo con comisiones, pero no ha podido demostrar que había corrupción del Gobierno angoleño, aunque sí la había, era una estafa”.

El fiscal de la Audiencia Nacional al que alude es Conrado Sainz, el mismo que asumió la investigación en torno a Defex, otra empresa pública española bajo la lupa de las autoridades por el desvió de decenas de millones de euros en la venta de armamento a Angola. Mercasa es una empresa pública participada por la SEPI y el Ministerio de Agricultura que en el extranjero actúa dentro de un consorcio.

Taveira cobra "bajo cuerda"

Para acceder a las autoridades angoleñas, el consorcio de Mercasa recurrió como intermediario a un ciudadano portugués llamado Guillerme Taveira, buscado por la Justicia española por Defex. En este caso también está implicada la sobrina del espía Francisco Paesa. Según dice Pablo González, cuando tuvieron constancia de ello dieron por terminado el contrato de asesoramiento que tenían firmado con esta persona, aunque lo cierto es que después continuó colaborando con ellos y cobrando “bajo cuerda”, según la misma conversación: “El contrato está terminado, pero siguen haciéndole encargos”.

Los hermanos González hablan sobre este personaje a partir de una información del diario El Mundo en la que se daban detalles de la continuidad de esa relación entre Taveira y Mercasa. Pablo González dice que su jefe, Eduardo Ameijide, le pidió consejo sobre cómo gestionar la situación y él le recomendó que anunciase el fin de todas las relaciones comerciales en Angola. No obstante, “el subsecretario dijo que no podía suspender las relaciones comerciales porque esto suponía dejar de facturar por 100 millones”.

Para reforzar la tesis de que Taveira seguía cobrando de la Administración española, Pablo González admite que ha “escudriñado toda la informática (de Mercasa)” y ha sacado “todos los correos en los que hay tejemanejes”.  “Tengo siete correos por lo menos de 40 en los que se copia a Taveira, siete correos en los que Taveira dice que está haciendo”, comenta.

Pago de comisiones

En otra parte de la conversación recogida por la UCO de la Guardia Civil, Pablo González se refiere al pago de comisiones como algo habitual en el proceder de Mercasa: “El consorcio esto lo hace en todas partes y si no es Taveira va a ser otro”. El hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid sostiene que había convencido a Ameijide de que pusiera fin al consorcio, pero su jefe no estaba convencido porque era una herramienta que usaba “por si hay que pagar comisiones”.

La solución de Pablo González era sustituir el consorcio por socios locales, pero sin prescindir de los sobornos: “Como nosotros hacíamos en Venezuela: ‘dime con quién hacemos esto’. Y te dice: ‘con la constructora zutanito’. Y te vas a la constructora zutanito y le dices: ‘mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10 por ciento más porque habrá que pagar a tal’. Y le pagas. Ya está, joder”.

En un momento de la conversación, Ignacio González le pregunta a su hermano si las actividades de Taveira pasaban por el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz, nombrado seis días antes presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Pablo responde que García-Legaz mandó frenar la relación con Taveira: “Las obras de Angola están aseguradas con CESCE, de la que él ahora va a ser presidente con lo cual ya nos dijo que ni una más de CESCE”.

Sin embargo, acto seguido, el exdirectivo de Mercasa revela “otro contubernio” que afecta de lleno al actual destino de García-Legaz: “Casi todo CESCE de África lo hace el Deutsche Bank y el tío del Deutsche Bank es otro que cobra, una merdé, pero bueno, eso es conocido, lo sabe todo el mundo y son los peajes”.

Nepotismo

A lo largo de la conversación Ignacio y Pablo González relatan varios nombramientos a dedo en organismos públicos por parte de políticos del Partido Popular. Entre ellos citan a Miguel Ramírez, exdiputado del PP y ex directivo de Mercasa sobre el que Pablo González dice que es “un gilipollas” y que “también cobra”. Añade que fue colocado por el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. También comentan el nombramiento de Ramón Aguirre como presidente de la SEPI entre 2012 y 2016 por decisión de la secretaria general del PP y Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ramón Aguirre es actualmente diputado por el PP.

Otro de los citados es José Hierro, sobrino del marido de Cospedal y que figura como uno de los socios del consorcio. Estas palabras se producen en la misma conversación en la que afirman que la pareja de la ministra de defensa, el empresario López del Hierro “cobra bajo cuerda de veintisiete mil sitios”.  

El propio Pablo González admite a su hermano que empieza a plantearse desempeñar un puesto de trabajo “que sea facilón” y para ello ambos coinciden en que la mejor persona para hablarlo es Antonio Beteta, exsecretario de Estado de Administraciones Públicas. “Para poder hablar con alguien de esto, así a calzón quitado, ‘mira no me interesa, pero tal, esto, lo otro, lo que de más allá…”, dice Pablo González. El exmandatario madrileño le da la razón: “Con Beteta se puede hablar y además tiene el culo pelao”. Meses después, tanto González como su hermano fueron detenidos por la Guardia Civil y enviados a prisión donde siguen actualmente.

Es el hermano del expresidente quien, al menos en esta conversación, parece tener un mayor conocimiento de las personas que ocupan cargos en la administración. Su red de contactos se puso de manifiesto cuando en otra cita a la que también acudió la hermana de ambos, la diputada autonómica Isabel González, y de la que surgió la iniciativa de establecer un contacto con el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Pablo González y el alto cargo de Interior terminaron celebrando un encuentro por el que el que Nieto tuvo que comparecer en el Congreso. Allí negó haberle dado ninguna información sobre la operación. Pablo González le conocía de su etapa anterior como alcalde de Córdoba por actividades relacionadas con Mercasa. Este fue el argumento que usó para acceder a él.