Dos pisos de lujo en Colombia y Santo Domingo, entre piscinas y palmeras, han levantado las sospechas de la Audiencia Nacional. El 21 de enero de 2014, la empresa Soluciones Andinas -filial en Uruguay del Canal de Isabel II- envió 4,4 millones de dólares a una cuenta en Suiza, propiedad del empresario brasileño Sebastiao Cristovam. Suya era hasta ese momento la mayoría de las acciones de la firma Emissao.
Ahora, la Audiencia Nacional investiga esta empresa ante la sospecha de que se compró con dinero público y a un precio inflado para repartir después parte de los fondos entre responsables públicos del Canal y la Comunidad de Madrid, con Ignacio González a la cabeza.
Para afianzar su tesis, los investigadores han analizado el patrimonio de Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza de González en el Canal, protegido del director de La Razón, Paco Marhuenda y del directivo de Atresmedia Mauricio Casals. También responsable de la entidad brasileña desde su compra. Y han encontrado una coincidencia. En el momento de la operación, justo cuando el Canal de Isabel II comenzaba a mover dinero desde Uruguay para hacerse con las acciones de la empresa, la hija de Rodríguez Sobrino compró dos propiedades residenciales en Colombia y República Dominicana.
Tanto una como otra, por un valor combinado de casi 300.000 euros, fueron inscritas, según la documentación que obra en la causa el 30 de enero de 2014, nueve días después de que el Canal transfiriera los fondos a Suiza. Unos fondos que los investigadores consideran injustificados y que sirvieron después para ser repartidos.
Cuentas en Jersey
El edificio investigado en Barranquilla (Colombia).
La compra de Emissao en Brasil es uno de los ejes centrales de la llamada Operación Lezo, que mantiene en prisión preventiva tanto a González como a Rodríguez Sobrino. De hecho, fue el movimiento repentino de fondos en la cuenta suiza a nombre de Sebastiao Cristovam, el que precipitó que la causa dejara de ser una investigación de la Fiscalía para quedar en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Una de las primeras medidas que tomó el juzgado fue pedir a la Justicia helvética el bloqueo de los fondos. Y después, comenzó a analizar el patrimonio de los principales investigados, con González y Rodríguez Sobrino a la cabeza.
El colaborador del expresidente madrileño estaba ya cuestionado desde abril de 2016 por su presencia en los llamados Papeles de Panamá, el escándalo periodístico que reveló el uso que Rodríguez Sobrino hacía de sociedades en paraísos fiscales. Algo confirmado después por las escuchas telefónicas. “Yo tengo puntos débiles. Puntos débiles que no cuento a nadie. Todo el mundo tiene puntos débiles. Sobre todo tenemos un punto débil que es Hacienda. Que no tiene nada que ver con nada pero sí tiene que ver, claro. Al final ellos tienen la llave”, explicaba en una llamada intervenida el 21 de noviembre de 2016.
Otra de las conversaciones, transcrita un mes antes, refleja cómo Rodríguez Sobrino pacta con su hija, residente durante años en Reino Unido, un ingreso de capitales en libras: “No te preocupes porque no es un problema. Es un tema de hacerlo con discreción”. Quien lanza esa frase es Patricia Rodríguez, también investigada y que trabajaba entonces en un conocido banco español.
Cinco meses antes de esta llamada, el 1 de junio de 2016, un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ya reflejaba su nombre. La hija de Rodríguez Sobrino es propietaria del 40% de las acciones del despacho profesional con el que operaba su padre, además de cuentas en Reino Unido y el paraíso fiscal de la Isla de de Jersey. “Son significativas las cuentas tituladas en la Isla de Jersey, incorporadas en el año 2006, mismo año en el que su padre inicia su actividad como presidente ejecutivo de Inassa”, apuntan los investigadores en sus informes. El modelo 720, en el que los nacionales españoles declaran los bienes que tienen en el extranjero, refleja además que la hija del Consejero Delegado de La Razón y responsable de Emissao es propietaria de una vivienda en Reino Unido, otra en Colombia y la tercera en República Dominicana.
El residencial Playa Dorada Rivera Azul, en República Dominicana.
Tras la información aportada por Hacienda, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizaron los datos de compra de los inmuebles. El primero de ellos, ubicado en Londres, donde Patricia Rodríguez residió durante años, fue comprado en 2012. Pero los otros dos llamaron la atención de los investigadores. El más pequeño es un apartamento del edificio Alto Prado, en la ciudad colombiana de Barranquilla, y tiene un valor de 48.000 dólares según la información registral. Según los informes del caso, el inmueble se encuentra en un conocido edificio de lujo de la ciudad, que sirve también de hotel y centro de convenciones y que publicita en la red su lujosa terraza, ubicada en la última planta del edificio.
El segundo inmueble, más grande y lujoso, está ubicado en el complejo turístico Playa Dorada Rivera Azul, en la ciudad dominicana de San Felipe de Puerto Plata. El apartamento, con un valor de 243.304 euros se encuentra en una urbanización cerrada, con una piscina de riñón rodeada de palmeras y con un acceso directo a la playa. A juicio de los investigadores, “es de reseñar que las incorporaciones que constan a los inmuebles titulados por Patricia Rodríguez en Colombia y República Dominicana (30.01.2014) se producen en fechas cercanas a la operación de compra de Emissao. La compraventa de participaciones se realiza en noviembre de 2013 y los pagos, entre esa fecha y enero de 2014”.