Los imputados de Manuela Carmena no dimitirán. El Gobierno de Ahora Madrid cristalizó su apoyo a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer con una foto de familia en el Palacio de Cibeles. Serán investigados por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La oposición, con el código ético de Ahora Madrid en la mano, pide el cese de los dos ediles, pero el Ejecutivo municipal circunscribe la dimisión para aquellos imputados sospechosos de haber buscado su enriquecimiento personal o el de terceros.
Al igual que cuando se destapó en Murcia el "caso Auditorio" y fue imputado el entonces presidente de la región Pedro Antonio Sánchez, el Gobierno municipal trata de apartar a sus concejales del punto de mira aduciendo temas administrativos y ausencia de lucro, tal y como hizo el Partido Popular.
Un paralelismo con Murcia
A dedo, sin concurso de por medio, Sánchez Mato y Mayer emplearon 100.000 euros para encargar varios informes judiciales sobre el Open de Tenis de Madrid a bufetes privados. Buscaban irregularidades en la gestión del torneo que realizó el PP. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento hicieron previamente ese trabajo sin encontrar agujero alguno. De ahí la inversión de los ediles, llevada a cabo sin el consentimiento de la alcaldesa.
Pedro Antonio Sánchez, por entonces presidente de Murcia, también fue investigado en primera instancia por un delito de malversación. La Justicia creyó que la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que Sánchez fue alcalde, fue fruto de una tramitación irregular, con el consiguiente perjuicio para las cuentas públicas.
"Son temas administrativos"
Conocida la citación de Sánchez, varios portavoces del PP corrieron a desvincular el "caso auditorio" de la corrupción: "Son temas administrativos". Pero el partido en el Gobierno había suscrito un pacto con Ciudadanos según el cual los investigados deben dejar sus cargos. Lo mismo ocurre con el código ético de Ahora Madrid, aunque ahora la interpretación haya variado y el Ejecutivo municipal se agarre, como hicieron los de Rajoy, a la ausencia de lucro para proteger a sus imputados.
Un paso más allá, la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre, relacionó las querellas contra sus compañeros con esa "maquinaria" que engrosan partidos políticos, jueces y medios de comunicación. Esa máquina del fango, que según expresó, impide su lucha contra la corrupción. Porque el pago de 100.000 euros a despachos privados a espaldas de su propia alcaldesa ha sido "pasarse de celo"; "pero es mejor eso que lo contrario", reseñó Maestre.
La máquina del fango
La dirigente de Podemos se refirió a "amenazas, chantajes y presiones" que ya han desembocado en más de diez querellas contra concejales de Ahora Madrid, "de momento todas archivadas".
Aunque en un primer momento Carmena calificó de "error" la denuncia y los informes pagados a sus espaldas, este martes, conocida la imputación de los concejales, el equipo de Gobierno en conjunto calificó la actuación de Mato y Mayer como "lucha contra la corrupción". "Espero que todos mis compañeros pongan en conocimiento de la Justicia todas las sospechas de mal uso del dinero público", apostilló Maestre.
El caso del PP y Pedro Antonio Sánchez traspasó las fronteras murcianas y desembocó en Púnica. Con esta segunda imputación, el entonces presidente de la región se vio obligado a dimitir por la presión ejercida entre PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Mato y Mayer responderán ante el juez el próximo septiembre. No hay visos de dimisión, ni siquiera en caso de que el magistrado mantenga su condición de investigados.