Golpe judicial a uno de los planes estrella de la Consejería de Educación del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado todos los argumentos esgrimidos por el Consell para levantar la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo que estaba previsto implantarse en las clases de Infantil del próximo curso. El TSJ decretó la paralización temporal el pasado mes de mayo. Desde entonces, desde el departamento que dirige el consejero Vicent Marzà (Compromís) habían insistido en que los argumentos esgrimidos en el recurso servirían para levantar la medida cautelar (la Sala no se ha pronunciado sobre el contenido del decreto) y llamaban a la calma. No había un plan B.

Este lunes, el TSJ daba a conocer que la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativo rechaza uno por uno los argumentos y mantiene la paralización cautelar del decreto. El fallo no es firme pero la suspensión se mantiene en vigor hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que Educación ya ha anunciado que va a interponer.

La decisión judicial se conoce tres días antes de que finalice el proceso de matriculación en Infantil y fecha de hoy se desconoce cómo se debe actuar frente a esta suspensión.

La Consejería de Educación se limitó este lunes a enviar un comunicado en el que dejaba entrever su malestar por el varapalo judicial y no aclaraba en qué podía afectar la suspensión cautelar al actual proceso de matriculación. “La Consejería ha encargado un informe jurídico a la Abogacía (de la Generalitat) para delimitar con exactitud las medidas a emprender para dar cumplimiento a esta decisión del tribunal. Será a partir de este documento cuando se determinarán las instrucciones de inicio de curso y se remitirán a los centros educativos en las próximas semanas”, dice el comunicado.

Incertidumbre en los colegios

Los propios centros reconocían la incertidumbre tras conocer la ratificación de la suspensión del decreto. “No podemos hacer otra cosa que esperar a que nos den instrucciones”, decía Ginés Pérez, presidente de la Asociación de directores de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia en declaraciones a Radio Valencia.

La Consejería de Educación basó su recurso en la falta de legitimidad de la institución demandante (la Diputación de Alicante) y en la improcedencia de la suspensión al entender que los efectos del decreto no se vislumbrarían hasta el curso 2023/24, que es cuando se tienen que expedir los certificados de inglés. Cabe recordar que el decreto implica la implantación de una vía única de nivel lingüístico a elegir por cada centro entre opciones que van desde estudiar todo en castellano (salvo las asignaturas de valenciano e inglés) a estudiarlo prácticamente todo en valenciano de forma progresiva. El decreto establece que, a mayor nivel de valenciano, los alumnos recibirán más clases de inglés de forma que pueden acabar con la capacitación en esta lengua al acabar la fase preuniversitaria.

El TSJ ve "perjuicio irreparable"

“Este argumento no puede aceptarse pues, si no entra en vigor inmediatamente, tampoco puede perjudicar la suspensión y ésta se ha declarado porque, conforme al decreto, existe perjuicio irreparable si se inicia la educación en un nivel y no puede modificarse (por otro superior), debiendo obtenerse el certificado de idiomas inferior”, establece el auto.

La Sala estima que, a pesar de “lo que insiste el letrado de la Generalitat”, la certificación “es diferente para los alumnos que opten por el básico, que siempre obtendrán una certificación inferior que los que lo hagan en el nivel avanzado y esta diferencia de niveles viene marcada por la enseñanza en castellano o valenciano”. Y prosigue: “Al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano. Y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitarán complementación alguna para su acreditación de inglés”.

Sobre la falta de legitimidad de la Diputación, el auto establece que, aunque no se invadan sus competencias específicas, sí tiene un interés legítimo para salir en defensa de los derechos de sus ciudadanos que crea infringidos o menoscabados.

El auto de paralización cautelar no entra a analizar el fondo de la demanda, es decir, si el decreto vulnera o no derechos fundamentales. Será una sentencia posterior la que lo determine. Este auto, además, no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

La Consejería ya ha anunciado que recurrirá, pero admite en su comunicado que “la decisión de mantener la suspensión cautelar paraliza la aplicación de la norma hasta que el mismo tribunal decida sobre el fondo del asunto”. “No anula la norma en sí”, apuntan. Educación ya ha encargado a la Abogacía un recurso de casación al Supremo “para que levante estas medidas cautelares que ha impuesto el TSJ”. Desde el departamento de Marzá remiten además a un pronunciamiento de la Fiscalía en otro procedimiento contra el decreto en el que dice que el decreto “no lesiona ningún derecho fundamental”.

Padres de Alicante piden un nuevo proceso

La provincia de Alicante es donde más contestación social ha despertado este decreto. La Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (COVAPA) es la segunda con más representación en la Comunidad Valenciana y la primera en Alicante. Su presidente, Ramón López, habla de “incertidumbre” entre las familias y pide que se abra un nuevo proceso de matriculación “por si alguna optó por un centro por el nivel de plurilingüismo escogido y ahora se suspende la aplicación”.

Por su parte, desde la asociación mayoritaria, la Confederación Gonzalo Anaya, llaman a la calma, pero admiten la situación de incertidumbre generada. “No sabemos lo que va a pasar, la Consejería nos tiene que decir qué tenemos que hacer”, dice el secretario de organización, Marius Fullana. La Asociación de Directores de Infantil y Primaria asegura que desde Educación les han dicho que, de momento, sigan igual a la espera de las citadas instrucciones.

El PP ha pedido al consejero, Vicent Marzà, que emita “instrucciones urgentes e inmediatas” para que “las familias, los centros y los profesores sepan cómo actuar”.