El Canal de Isabel II admite que Emissao le costó 8 millones en pérdidas

Emissao le ha costado 8 millones de euros en pérdidas al Canal de Isabel II. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ejerce como presidente del Canal, ha anunciado que van a reclamar hasta 10 millones al anterior propietario de la filial brasileña por lo que consideran una venta fraudulenta. “Entendemos que la venta se hizo sin darnos los datos suficientes”, ha dicho.

La reclamación se hará a través de un tribunal de arbitraje en Río de Janeiro. “Las cifras de hoy nos dicen que no recuperaríamos entorno a 8 millones del total invertido debido al deterioro de activos”, ha asegurado el director general del Canal, Rafael Prieto, quien ha admitido que “posiblemente” se sobrevaloró la inversión.

Emissao, de la que el Canal controla un 67,96%, está en un proceso de venta junto al resto de filiales de la compañía en Latinoamérica. La compra de la filial brasileña en 2013, cuyo nombre completo es Engenharia e Construçoes de Emissao, está en el centro de la operación Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, están en prisión preventiva mientras e investiga si desviaron hasta 60 millones de euros en su beneficio durante la compra.

Prieto ha asegurado que la desinversión en la compañía brasileña se enmarca dentro de la nueva política del Canal y que el proceso de reclamación no retrasará la venta, que está prevista para el próximo año.

La nueva política del Canal

“Vuelta al origen”, "relanzamiento" y "punto y aparte" han sido las frases con las que Garrido ha querido desmarcarse del pasado de la empresa, manchado por la operación Lezo. 

Las nuevas líneas a seguir se basan en la venta de todas las filiales de la empresa en Latinoamérica y la expansión en Madrid, donde esperan que todos los ayuntamientos de la Comunidad entren a formar parte el accionariado. Hasta ahora cuentan con 111 de los 179 ayuntamientos que representan un 7,6% del entramado accionarial. Garrido asegura que cuanta mayor presencia de municipios, mayor control sobre la gestión.

El proceso más viable, según ha explicado Prieto, es el de la dilución de un 2,4% de participación por parte de la Comunidad de Madrid, que ahora controla el 82,4% de las acciones del Canal, a favor de los municipios. Así llegarían a un 10% de participación, la misma que ostenta el ayuntamiento de Madrid.

Los ayuntamientos de Leganés y Brunete ya han pedido entrar como socios de la compañía. Sin embargo, Garrido asegura que deberán hacer un esfuerzo para convencer a los pequeños municipios de la Sierra Norte, que se sintieron "dolidos" al ser excluidos por un criterio de acceso a acciones según la población.

Venta de filiales en un año

El Canal pretende vender todas las empresas que tiene en nueve países latinoamericanos en un año, un plazo "razonable" a ojos de Prieto. A día de hoy ya se han liquidado cuatro de las 25 sociedades con las que tenía operaciones en el continente americano. El conjunto de filiales representa un 20% del volumen de negocio de la empresa de aguas.

El consejero de Presidencia de la Comunidad ha dicho que la renuncia a operar en el extranjero "es una decisión estratégica y política" con la que están de acuerdo todos los grupos políticos. "No tiene demasiado sentido que se trabaje a través de empresas fuera de nuestras fronteras". La presencia del Canal fuera de España se reducirá a labores de consultoría e ingeniería.

Garrido ha sido contundente ante la pregunta de si esperan una plusvalía con la venta de las filiales: "Sí, con total seguridad". El consejero de Presidencia ha explicado que cuentan con empresas muy bien valoradas en Latinoamérica como Triple A Barranquilla, una empresa con la que esperan sacar beneficio.

Reducción de la deuda y beneficios

El Canal de Isabel II generó 233 millones de euros de beneficio el año pasado con una inversión de 188 millones. Garrido ha expuesto que la deuda se ha reducido en un 11% y el Grupo Canal de Isabel II, que engloba todas las filiales, ha crecido un 8,9% en 2016.

El consejero de Presidencia ha indicado que el objetivo de la dirección es blindar el carácter 100% público de la empresa y ser un modelo de transparencia tras la operación Lezo.

Garrido ha expuesto que los casos de corrupción produjeron un retraso en la formulación de cuentas pero asegura que ha servido para buscar una transparencia que ha faltado en los últimos años. "Este es un año de transición que servirá como impulso para relanzar la empresa y trabajar en la Comunidad", ha finalizado.