El Gobierno aprueba de nuevo el techo de gasto de 2018, que aumenta un 1,3%

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo este viernes los objetivos estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para 2018, que aumenta un 1,3% respecto al Presupuestos de este año y que el Gobierno había retirado esta semana del Congreso para poder aprobar los nuevos objetivos de estabilidad y deuda de las comunidades autónomas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes esos objetivos, que elevan en una décima para 2018 (0,4%) y 2019 (0,1%) el déficit autonómico, para registrar equilibrio en 2020.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado que no son cambios "tan importantes", pero si "cualitativos", y obedecen a la "negociación política" y a que hay datos nuevos "muy positivos" de incremento del 3,8% de cotizantes de la Seguridad Social, lo que ha permitido relajar las metas de déficit para las CCAA.

Montoro ha señalado que el cambio en los objetivos de déficit autonómico no es algo "extraordinario", sino lo "normal" en la negociación política sobre el techo de gasto, y ha apuntado que hay que adecuar las propuestas a dicha negociación.

Asimismo, ha recordado que la aprobación del techo de gasto para 2017 fue fruto de la negociación política y facilitó la entrada en vigor de los Presupuestos de este año. "Estamos buscando la mayoría suficiente para superar ese trámite (techo de gasto) y estamos haciendo todo, dentro de los parámetros de reducción de déficit público, de compromiso de las administraciones públicas", ha añadido.

El CPFF -que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas- ha aprobado los nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas propuestos por Hacienda y que suponen pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y registrar equilibrio presupuestario ya en 2020.

Las nuevas metas han sido aprobadas con el voto a favor del Estado, las CCAA del PP, Canarias y Ceuta y Melilla, frente al voto en contra de todas las regiones socialistas, salvo Extremadura que se ha abstenido, y Cantabria, mientras que Cataluña no ha podido votar porque no ha asistido ningún consejero.

La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 procederá de la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva.

LOS NUEVOS OBJETIVOS

Así, la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 queda repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos.

Para 2019, el objetivo de déficit del 1,3% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 0,9% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.

Para 2020, España registraría ya solo un déficit del 0,5% de la Seguridad Social, si bien Montoro ya indicó que en la práctica "no habría déficit" porque "lo más probable" es que alguna de las otras administraciones registre superávit.

Los nuevos objetivos de deuda pública de las administraciones públicas, son del 70,8% para la Administración Central en 2018, el 69,5% en 2019 y el 67,6% en 2020; del 24,1%, el 23,3% y el 22,4% para las comunidades autónomas; y del 2,7%, el 2,6% y el 2,5% para las entidades locales, respectivamente.

De esta forma, la deuda pública, que se situará en el 98,8% en 2017, bajará al 97,6% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020, lo que supone una caída de algo más de seis puntos en estos cuatro años.

Se mantiene el aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020.

DESCARTA UN DÉFICIT AUTONÓMICO ASIMÉTRICO

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha elevado al pleno del CPFF los datos relativos a la liquidación de 2015, cuya previsión estaba fijada en 7.424,86 millones de euros, si bien la liquidación definitiva ha sido de 8.623,91 millones de euros, lo que supone un incremento de recursos para las CCAA de 1.199,05 millones de euros. Las CCAA "tienen más dinero y menos motivo de queja", aunque "eso de que no se quejen es pedir demasiado", ha apuntado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntado sobre si Hacienda estudia aprobar un déficit autonómico asimétrico para las regiones en el próximo CPFF, Montoro lo ha descartado porque conllevaría volver a cambiar los objetivos de déficit y distribuirlos otra vez, cuando "no está el ambiente político" para "ser capaces" de ello. "No me atrevo, francamente", ha reconocido.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ya lo aprobó en 2013 cuando el PP contaba con mayoría absoluta y una "muy clara" en las CCAA, sin embargo no lo calificaría de "ningún éxito" al no sacar "conclusión positiva" alguna.

EL MARTES SE APROBARÁ EL TECHO DE GASTO

Pese a la relajación de los objetivos de déficit que Montoro ha dado a las CCAA, el cambio no ha afectado al déficit del conjunto de las administraciones públicas ni al techo de gasto, por lo que se mantiene el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 y el aumento del 1,3% previsto para el límite de gasto no conocido, conocida como techo de gasto, hasta los 119.834 millones de euros.

De esta forma, el Consejo de Ministros aprobará este viernes de nuevo el techo de gasto y se remitirá posteriormente al Congreso, por lo que los objetivos de déficit y deuda que acompañan al límite de gasto no financiero se votarán en sesión plenaria el próximo martes en el Congreso y el miércoles en el Senado, tal y como estaba inicialmente previsto.

El Ejecutivo tiene que lograr el respaldo del Congreso, para lo que tendría ya asegurado el apoyo de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN y Nueva Canarias, tras relajar el déficit autonómico, así como Coalición Canaria, al permitir a las CCAA destinar su superávit a inversiones productivas financieramente sostenibles, frente al rechazo que mostrarían el resto de partidos, incluido el PSOE, a pesar de que en diciembre respaldó los objetivos de estabilidad para los Presupuestos de 2017.