El Gobierno impone un control semanal de gastos al Govern para impedir el 1-O

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado este viernes un paso más para intentar frenar el desafío independentista. Para impedir que la Generalitat de Cataluña "pueda tramitar expedientes de gasto a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre", la comisión delegada para asuntos económicos ha tomado un acuerdo para controlar exhaustivamente que los fondos del Ejecutivo catalán no se destinan al procès.

El portavoz gubernamental ha explicado que el Ejecutivo exigirá semanalmente certificados individuales a los interventores de distintas consejerías para confirmar "que no se han iniciado expedientes de pago destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum ilegal".

Será el ministerio de Hacienda quien verificará semana tras semana el acuerdo obligatorio para el equipo de Carles Puigdemont. En caso de incumplimiento de remitir información, el Gobierno condicionará "el desembolso del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)". Desde el año 2012, el FLA ha destinado a la región que dirige Carles Puigdemont 67.000 millones de euros y para este año tiene previsto ingresar a las arcas públicas catalanas 3.600 millones de euros más.

Méndez de Vigo ha insistido en que la obligación del Estado es velar por el "interés general" y que los planes de la Generalitat es una "situación perjudicial para empresas y ciudadanos". De momento, solo lanza una advertencia a los responsables de enviar esta información: "Si no aportan la información requerida, sería muy grave".