El Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto un control exhaustivo a las cuentas de la Generalitat para comprobar semanalmente que los responsables económicos del Ejecutivo catalán no destinan ni un solo euro a preparar el referéndum del 1 de octubre. La comisión delegada de asuntos económicos presidida este viernes por el jefe del Ejecutivo ha dado la orden de que se refuercen todos los sistemas de control que se pusieron en marcha en noviembre de 2015 con la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para evitar que el presupuesto de los servicios públicos de Cataluña se utilicen con fines independentistas.

El Ejecutivo central busca con esta medida que sean los propios funcionarios que trabajan en el Govern los que se revuelvan contra el vicepresidente Oriol Junqueras, el coordinador de impulsar el referéndum, si les obliga a destinar dinero público a sufragar gastos para preparar el 1 de octubre. El ministro que recibirá todas las semanas la información pertinente sobre el buen uso de las cuentas públicas de Cataluña será el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los cargos que deberán pasar ese control son la interventora general, los interventores de las trece consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no haya intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro. 

Una "bomba de relojería"

La medida del Gobierno, que entrará en vigor este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pretende que los funcionarios, interventores y los responsables económicos de todas las consejerías asuman su responsabilidad en el hipotético caso de que autoricen algún pago relacionado con el procès. Fuentes gubernamentales reconocen que la situación se convierte en un “laberinto” para el vicepresidente de la Generalitat. “Junqueras es quien tiene el encargo de organizar el referéndum. Si los interventores le dicen que no firman una partida se convertirá en una bomba de relojería para él”, argumentan las mismas fuentes.

Sin embargo, aunque el político catalán exija por escrito a sus funcionarios que destinen una partida presupuestaria a pagar algún asunto relacionado con el procès, los funcionarios que tienen la obligación de velar por las cuentas públicas de la Generalitat no quedarán eximidos de su responsabilidad, según la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la partida que el Govern destinó a sufragar el referéndum.

La medida impuesta desde Moncloa ha sentado como un jarro de agua fría a los partidos constitucionalistas con los que Soraya Sáenz de Santamaría se ha puesto en contacto a lo largo de este viernes para explicar con más lujo de detalles esta tutela sobre las cuentas públicas catalanas. La dirección federal del PSOE para frenar el referéndum "no es la solución" condicionar el pago del FLA a que Cataluña mantenga semanalmente informado al Gobierno de sus cuentas públicas. En el PSC ha sido la diputada catalana Alicia Romero la que ha calificado como una “amenaza” esta nueva advertencia impuesta desde Moncloa y ha reprochado que el Gobierno utilice esta “coacción” para frenar las actuaciones de la Generalitat.

En Ciudadanos también han recibido con cierto escepticismo el anuncio del Ejecutivo. El presidente del partido naranja, Albert Rivera, utilizaba las redes sociales para preguntarse si “el Gobierno no controlaba y condicionaba ya los fondos públicos del rescate autonómico”. Efectivamente, desde que se aprobó este mecanismo de liquidez para ayudar a las autonomías en plena recesión, en noviembre de 2015, el Gobierno vigila las cuentas de todas las autonomías que se benefician de este fondo de liquidez, especialmente las de Cataluña. Lo que hace ahora es precisamente reforzar ese control en esta región donde han constatado que el Gobierno "se ha radicalizado" en busca de llevar a cabo el referéndum.

"Actuación preventiva"

El Ejecutivo enmarca esta nueva orden que ha pillado a todos con el pie cambiado como una “actuación preventiva” para garantizar “que el dinero de todos los catalanes va donde todos los catalanes quieren que vaya, y no solo a unos pocos”. Es, insisten, una medida “de prudencia” para que tanto los consejeros como los funcionarios no puedan escudarse, como hicieron en el 9-N, en que “no sabían que estaban desobedeciendo las leyes”. En Moncloa se muestran esperanzados y tranquilos con que la orden será cumplida semana a semana y confían en que no será necesario aplicar sanciones porque están convencidos de que "ningún funcionario" se rebelará y todos cumplirán las exigencias de Madrid. Si no lo hacen, estarán expuestos a las responsabilidades penales que establece la ley y asumirán las sanciones correspondientes individualmente.