El secretario del Govern Germà Gordó intermedió al menos por 14 empresarios para que fueran recibidos por la dirección de GISA, la agencia que licita los grandes contratos de obra pública en Cataluña. Y lo hizo al menos hasta 2012, fecha en la que el actual diputado del PdCat fue nombrado consejero de Justicia en el Ejecutivo de Artur Mas.
Las pruebas de sus maniobras aparecen reflejadas en el registro de llamadas anotadas por las secretarias de Joan LLuís Quer y que forma parte del paquete de documentación obtenido por EL ESPAÑOL en el transcurso de su investigación periodística.
Así, el nombre de Gordó aparece relacionado al menos con 14 empresarios que llamaron al presidente de GISA para pedir cita de parte del hombre fuerte de Mas. Aunque Gordó era entonces consejero de la empresa pública, también lo eran otra decena de cargos de la Administración catalana que no aparecen en los registros de llamadas avalando a constructores.
El 29 de marzo de 2011, por poner un ejemplo, es Marta Roma, secretaria personal de Gordó, quien llama a la cúpula de GISA para solicitar, en nombre del Gabinete de Presidencia, que el máximo directivo de la empresa pública reciba a Susana Monje, extesorera del Fútbol Club Barcelona y responsable de una constructora llamada Assignia, que terminó en concurso de acreedores.
El 2 de mayo de 2011, por citar otro caso, es Antonio Cañellas, de Construcciones Deco, el que llama para concertar una cita con la referencia "Germà Gordó". Su empresa donó ese año 50.000 euros a la Fundación Catdem, controlada por Convergència.
El 7 de marzo de 2012 es el empresario Esteban Niubó quien, según los mismos documentos, pide cita a la dirección de la GISA para hablar del "puerto de Barcelona", una de las obras investigadas por la Guardia Civil en el caso del 3%. En su llamada, Niubó deja también como referencia a "Germà Gordó", para que quede constancia de la persona que le avala y el mensaje llegue a los directivos de GISA. La firma de este industrial catalán se vio salpicada en una presunta trama de facturas falsas para hacer llegar comisiones a altos cargos de Convergència en otra de las obras emblemáticas de esa legislatura: el canal Segarra-Garriegues.
El pasado jueves, la Guardia Civil se personó en el Palau de la Generalitat para requerir por orden judicial documentación, expedientes y los correos electrónicos de Gordó mientras era secretario del Govern. Tres días antes, Gordó era citado a declarar como imputado por el caso del 3%. Los informes judiciales obrantes en la causa le vinculan presuntamente con el amaño de cuatro contratos que fueron a parar a manos de donantes de ConvergÈncia.
"A ver si les encuentras una cosa pequeña"
Pero no fue Gordó el único alto cargo del Gobierno de Mas que tuvo relación directa con los empresarios. El 14 de marzo de 2011, Carlos López, director de la firma Euro Geotécnica, escribe directamente al conseller Felip Puig, otro de los máximos colaboradores de Artur Mas y que en aquel momento era conseller de Interior. Sus competencias nada tenían que ver, por tanto, con esos contratos de obra pública.
Una hora después del mensaje de la empresa, es el propio Puig quien escribe a GISA para anunciar que será él quien reciba personalmente al empresario. "Tuve algún contacto con ellos antes de las elecciones", confiesa Puig al director de GISA, sin especificar la naturaleza del mismo. Según publicó Vozpópuli en diciembre de 2016, esta empresa está entre las investigadas por el presunto amaño de contratos en la ruta del AVE a Barcelona. En este caso, la Justicia investiga adjudicaciones públicas por valor de 800 millones de euros.
Pero no fue la única vez que ocurrió algo así. El 9 de julio de 2013, Puig intermedia de nuevo por un empresario especializado en la estabilización de barrancos y taludes. "No hace falta que te diga que estamos a vuestra disposición para lo que haga falta", escribe el constructor a modo de coletilla en su correo al entonces conseller de Empresas.
En otros casos, las recomendaciones venían directamente del seno de la propia empresa pública. "Mira a ver si les puedes encontrar alguna cosa pequeña", escribía el 2 de octubre de 2012 Joan Lluís Quer, presidente de GISA, tras recibir el correo de un empresario llamado Antoni Gironés. "Sin problema", contesta su número dos, al que la Guardia Civil incautó 85.000 euros en efectivo en billetes de 500.