"Interpretamos que la modificación ha sido intencionada y con la voluntad de obtener una adjudicación forzada a favor de la licitación ganadora". La frase no corresponde a un informe de la Fiscalía Anticorrupción ni de la Guardia Civil, sino a un documento interno de la propia Generalitat de Cataluña que confirma el amaño sistemático de contratos durante el Gobierno de Artur Mas.
El informe, elaborado por miembros de distintas consellerias en julio de 2016 y que obra en poder de EL ESPAÑOL, concluye que los responsables de la concesión de obra pública en Cataluña usaron un sistema opaco para entregar licitaciones de forma arbitraria, y que al menos cuatro de las 15 obras investigadas al azar (con centros de atención hospitalaria y escuelas de primaria entre ellas) fueron manipuladas.
Sin embargo, las conclusiones del estudio, elaborado por Infraestructures, órgano dependiente de la vicepresidencia económica que dirige Oriol Junqueras, confirman conductas presuntamente delictivas que nunca fueron comunicadas a la Fiscalía. Desde el equipo de Junqueras explican a este diario que el informe se hizo únicamente para mejorar la seguridad de sus procesos internos, y que por eso no se presentó ante la Justicia.
El pasado lunes y en el seno de la investigación periodística CatLeaks, EL ESPAÑOL desveló las pruebas del sistema de amaño de contratos preparado por la cúpula de Convergència para manejar a su antojo las adjudicaciones públicas. Ahora son los propios informes de la Generalitat los que corroboran su existencia: "Esta barrera de subjetividad y ausencia de criterios concretos proporciona un margen [de maniobra] muy importante, que puede ser utilizado para condicionar las adjudicaciones, como creemos que, en algunos casos ha sucedido", concluye el documento interno elaborado por una decena de altos cargos de la coalición Junts Pel Sí.
DOCUMENTO Nº 10. Extracto del informe donde los funcionarios de la Generalitat confirman el amaño de la obra de un colegio público.
"No es posible saber si los cambios son justificados o no"
El 9 de febrero de 2016, tras la llegada de Oriol Junqueras a la vicepresidencia de la Generalitat, Joan Jaume i Oms fue nombrado presidente de Infraestructures. Esta agencia de licitación pública es una de las herramientas más importantes de la Administración catalana, y tras los reiterados escándalos de Convergència, Esquerra Republicana presionó para colocar al frente de la empresa a Oms, uno de sus hombres de confianza.
Dos semanas después del nombramiento se creó una comisión instructora formada por personal de varias consellerias. En ese equipo de expertos se integró también un miembro del equipo de Carles Puigdemont, que recibió el encargo de investigar presuntas irregularidades en la licitación de obra pública.
Para ello, los especialistas eligieron por sorteo 15 obras distintas, y detectaron desde el primer momento la falta de documentación sistemática en todos los expedientes. “Desconocemos si existe o está en algún otro archivo”. No hay registro informático, ni trazabilidad de las decisiones. Y los criterios de valoración “no figuran de forma expresa en ningún documento del expediente”.
DOCUMENTO Nº 11. Composición del equipo de altos cargos y técnicos que elaboró el informe interno de la Generalitat.
Tal y como desveló EL ESPAÑOL, el sistema de amaño reconocido por uno de sus responsables consistía en hacer una primera valoración que era corregida después por una oficina única llamada OTA, controlada desde la dirección de Infraestructures. Sin embargo, el rastro oficial de esas manipulaciones ha desaparecido: “Hay que dejar constancia del hecho de que no figuran las primeras valoraciones y no existe trazabilidad de los trámites que constituyen el flujo del procedimiento de valoración”. Es decir: “No es posible saber cómo y a quién son imputables los cambios de algunos expedientes. Tampoco es posible saber si estos cambios son justificados o no”, constatan los expertos de la propia Generalitat.
Manipulaciones interesadas
Tras un proceso de investigación interna, la comisión de expertos consiguió encontrar las primeras valoraciones de 13 de los contratos. Después comparó una por una las valoraciones de los técnicos con las aprobadas finalmente por la mesa de contratación. En el caso del Centro de Atención Primaria de Mataró, los auditores del Govern detectaron que una de las empresas perdió siete puntos para caer del primer puesto al séptimo.
Pese a ello, en este caso “la presunta manipulación de la puntuación no habría conseguido su objetivo, ya que se trataba de un procedimiento armonizado”, un concurso en el que la apertura de la oferta económica y técnica se hacen en el mismo momento, por lo que es más complicado de manipular.
DOCUMENTO Nº 12. Análisis del concurso para construir una escuela en Mataró, donde la empresa ganadora presentó la oferta económica número 40.
Sin embargo, el sistema de amaño sí funcionó, según los técnicos, en el caso de la construcción de un centro de primaria en Prats de Lluçanes. En esta obra, las empresas mejor valoradas fueron penalizadas por la OTA hasta perder nueve puntos. “Consideramos que la manipulación ha sido interesada”, refleja el documento que obra en poder de EL ESPAÑOL.
Ocurrió lo mismo en la reparación de la escuela Abat Oliba, de Sant Hipòlit de Voltregà. La empresa peor valorada en el concurso pasó a empatar con la primera. “Interpretamos que la modificación ha sido intencionada y con la voluntad de obtener una adjudicación forzada a favor de la licitación ganadora, manipulando la puntuación técnica para que, conjuntamente con la puntuación económica (ya conocida) resulte adjudicataria”, explican los técnicos sobre este concurso.
Cambio de sobres
Pero si hay un ejemplo claro de la voracidad de la Administración para amañar contratos, es, de nuevo, el de una escuela pública, esta vez en Sabadell. El concurso fue licitado el 29 de septiembre de 2011 por un presupuesto de casi cinco millones de euros. La envergadura de la obra llamó la atención de 72 constructoras.
El informe elaborado por los altos cargos de Junts Pel Sí en 2016 señala esta licitación como una de las más claramente manipuladas, ya que “muestra una voluntad de alterar artificialmente las puntuaciones técnicas para favorecer una adjudicación”.
Según los datos del documento, la oferta de del Grupo Ortiz pasó del puesto 25 a ser la primera. Y eso, tras ocupar el puesto 40, si tenemos en cuenta las valoraciones económicas. Aun así, la constructora ganó el contrato.
DOCUMENTO Nº 13. Hoja de valoraciones sobre la obra del colegio "La Trama", con la inscripción manuscrita de "Acord Presid. Cambiar sobre".
Pero hay una prueba más que cuestiona esa licitación. Se trata de una de las valoraciones intermedias que se dieron en el proceso y que no aparece en el informe de la Generalitat, pero a la que ha accedido este diario. Es una hoja con los resultados de algunos competidores y en la que figura manuscrita la frase "Acuerdo Presd. Cambiar sobre La Trama". La instrucción parece indicar que los técnicos tienen una orden directa: la de cambiar la oferta de la constructora a la que se pretende favorecer, en caso de que sea imposible concederle la obra con su primera propuesta.