Tras la entrevista secreta mantenida el pasado miércoles en el palacio de la Moncloa entre el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Ejecutivo central ha movido ficha. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha puesto en contacto con el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, para emplazarle a iniciar después del verano las negociaciones sobre las transferencias pendientes de traspaso al País Vasco, una de las principales reivindicaciones del Gobierno de Urkullu y del PNV, aliado del PP en Madrid.
Ambos dirigentes presidirán las conversaciones entre las dos Administraciones para desbloquear los obstáculos que impiden el cumplimiento íntegro del Estatuto y la cesión a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y de las prisiones ubicadas en suelo vasco. Estas dos transferencias están identificadas como prioritarias en el acuerdo con el que el PNV y el PSE-EE gobiernan el País Vasco y aunque los socios difieren en el alcance último de la materia más conflictiva, la relativa a las cotizaciones y pensiones, mantienen un pacto que según los socialistas preserva el régimen unitario de la Seguridad Social y frena la reclamación nacionalista de constituir un sistema propio.
Todavía no hay fecha para la apertura de las negociaciones que será señalada en agosto para finales de ese mismo mes o primeros de septiembre, según ha comunicado este miércoles Josu Erkoreka al término del Consejo de Gobierno.
La llamada de Sáenz de Santamaría a Erkoreka se produjo este martes 26 de julio, como consecuencia directa del encuentro celebrado en Madrid sin convocatoria pública entre Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy. La reunión tuvo lugar a instancias del lehendakari, que semanas antes remitió una carta al presidente del Gobierno en la que subrayaba la necesidad de que ambos mandatarios abordaran los asuntos considerados esenciales por su Gabinete. Además de en las transferencias, Urkullu hacía hincapié en el apartado de Convivencia y Derechos Humanos, que recoge aspectos de política penitenciaria relativos al acercamiento de presos, en los que ambos Ejecutivos sostienen posturas muy discrepantes.
Urkullu acudió a su cita con Rajoy con un ejemplar del programa de gobierno suscrito con el PSE-EE, su socio de coalición, en el que se identifican las materias objeto de reclamación ante el Ejecutivo central. El encuentro tuvo lugar el miércoles de la semana pasada, un día antes de que el lehendakari recibiera en Ajuria Enea al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y le hiciera asimismo entrega del mismo documento.
La llamada de Soraya Sáenz de Santamaría confirma la disposición del Gobierno de Rajoy a abordar la cesión de nuevas transferencias al País Vasco en el marco de la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. El PP necesita de nuevo el apoyo del PNV y éste ha puesto como primera condición el desbloqueo de las competencias pendientes cuyo listado actualiza el departamento de Erkoreka.
El Ejecutivo de Rajoy se muestra más remiso a abordar cambios en la política penitenciaria ya que condiciona cualquier movimiento a la disolución previa de ETA. De ahí que a la visita de Urkullu no haya seguido hasta el momento ninguna respuesta en ese ámbito, a diferencia del gesto sí obtenido en materia de transferencias con la llamada recibida en Lakua, a pesar de que según Erkoreka la reunión de La Moncloa puso en evidencia “la voluntad compartida de abordar las cuestiones recogidas en los dos pilares del programa del Gobierno vasco”.
Ruptura de la caja única
El Gobierno vasco reivindica en su programa la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en los términos establecidos en la Disposición Transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que establece su asunción “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.
Lo que no ha impedido que en los últimos días voces del PNV tan autorizadas como la su presidenta en Bizkaia, Itxaso Atutxa, hayan puesto sobre la mesa la aspiración nacionalista de crear su propio sistema de pensiones para comunidad autónoma.
Mientras, el Gobierno central rechaza de plano la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, como se encargó de recordar en Vitoria el martes pasado la ministra de Empleo, Fátima Bañez.
No obstante, el Gobierno vasco confía en llegar a un acuerdo y considera que la postura del PP no convierte en “inviable” el traspaso. “Sería tanto como decir que una parte del Estatuto no se puede cumplir y eso no se lo he oído decir a nadie”, ha asegurado Erkoreka este miércoles al dar cuenta de la apertura de las conversaciones una vez terminen las vacaciones estivales.
Según los socialistas vascos la negociación que emprenda el Gobierno de Urkullu se atendrá a lo recogido en el pacto de Gobierno, garantizando la unidad del sistema y dejando de lado las aspiraciones maximalistas del PNV.