El PP y Cs recurren en amparo al Constitucional la reforma exprés del Parlament

El PP catalán y Ciudadanos (Cs) han presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña para proteger a los ciudadanos y evitar que se les "amordace". A su entender, se quiere "silenciar" y "acallar" a la oposición democrática y "no lo van a conseguir".

Así se han pronunciado la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, y la diputada catalana de Ciudadanos Lorena Roldán, a las puertas del Tribunal Constitucional tras registrar su recurso conjunto contra la reforma exprés del Parlament que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debate las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum o las llamadas 'leyes de desconexión'.

Los promotores de este recurso sostienen, igual que el recurso de inconstitucionalidad presentado el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy, que se ha producido "un conculcación del derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad" que recoge tanto el artículo 23.2 de la Constitución como el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Ambas formaciones subrayan que el objetivo de esta reforma no puede "entenderse desconectada del contexto político" porque lo que JxSí y la CUP lo que persiguen es la "destrucción del orden constitucional". Además, solicitan también como medida cautelar la suspensión de los acuerdos recurridos.

Partido Popular: No puede ser "una democracia de extrarradio" 

Levy ha afirmado que los independentistas quieren "amordazar" a la oposición y "no lo van a conseguir. "No puede imponerse la voluntad de unos cuantos y situarse Cataluña en una democracia de extrarradio en la que aquellos que no son osados por incumplir la ley son premiados", ha enfatizado.

La diputada catalana ha señalado que Cataluña "merece prestigio en sus instituciones" y "alta calidad democrática", pero con las actuaciones del Gobierno de Carles Puigdemont "se están desprestigiando las instituciones catalanas, la calidad democrática, las libertades y los derechos de todos".

Además, ha afeado al PSC que no se haya sumado a este recurso cuando, según ha dicho, se está cometiendo un "atropello a la democracia". En cualquier caso, ha resaltado que su partido y el de Ciudadanos también están defendiendo a los votantes socialistas.

"No puede ser que la equidistancia del Partido Socialista permita que se intente tapar la boca a los diputados contrarios a la independencia", ha agregado, para añadir que con su "ausencia" en el recurso de amparo demuestra que no ha estado "a la altura de la generosidad política que es y que requiere este momento excepcional" en Cataluña.

Ciudadanos pide a Puigdemont que se reconozca "su fracaso" 

Por su parte, la diputada de Cs ha explicado que han presentado este recurso porque se están "vulnerando" los derechos de los diputados del Parlamento con esta reforma "mordaza" que "pretende silenciar a la oposición". De hecho, ha recordado que "la oposición suma más votos que JxSí y que la CUP juntos".

Roldán ha dicho que "hacen trampas, cambiando las reglas del juego a mitad de partido porque es un partido que van perdiendo y lo saben" y ha pedido al Govern "que reconozca su fracaso". Además, ha reclamado elecciones autonómicas con "urnas de verdad para tener una presidenta como Inés Arrimadas que no esté obsesionada, como el señor Puigdemont, en sacarnos de España y de la Unión Europea".

El recurso del Gobierno 

El Gobierno también recurrió el pasado viernes esa reforma exprés al TC (pero a través de un recurso de inconstitucionalidad), una vez oído el Consejo de Estado que emitió un dictamen por unanimidad asegurando que existen "fundamentos jurídicos" para recurrir al vulnerarse derechos de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Carta Magna.

Precisamente esta misma tarde se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir si admite a trámite ese recurso del Gobierno. Su admisión a trámite supondría la suspensión de la reforma parlamentaria y su paralización a la espera de resolución.