El PSOE quiere solicitar en septiembre en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión donde todos los partidos políticos analicen cómo abordar una reforma de la Constitución. Pero Mariano Rajoy no está dispuesto a abrir ese capítulo hasta, al menos, el 2 de octubre, el día después de la fecha marcada en el calendario por los independentistas para culminar su proceso separatista.
Tras despachar con el rey durante dos horas los temas de máxima actualidad que ocupan su agenda, el presidente del Gobierno apuesta como "prioridad inexcusable" que los partidos constitucionalistas -PP, PSOE y Ciudadanos- avancen juntos a la hora de redefinir el modelo territorial español que quieren. "Creo que en lo esencial pensamos lo mismo y creo que debemos ir juntos", añadió. El debate no empezará antes del 1-0, a juicio del presidente.
Rajoy no quiere desviar la atención del tema que más preocupa a su Gobierno: el desafío secesionista. En Moncloa y en Génova son conscientes de las grandes diferencias que hay entre todos los partidos a la hora de abordar una reforma de este calibre. El PP es partidario de fijar el límite de la reforma antes de abrir en canal la Carta Magna y convertir una reforma puntual en una revisión de todos los artículos, tal y como pretenden otras formaciones políticas como Podemos y las formaciones independentistas. Los conservadores no están dispuestos a debatir, por ejemplo, sobre la unidad de España, el papel de la Monarquía ni sobre el derecho de autodeterminación.
Expertos constitucionalistas
El objetivo de Ferraz es abrir precisamente una comisión de estudio para invitar a expertos constitucionalistas antes de que los partidos políticos se sienten a negociar. Para el PSOE que vuelve a dirigir Pedro Sánchez es fundamental que en esa mesa se siente también miembros de la antigua Convergència, que ahora no tiene grupo parlamentario propio en el Parlamento y, por tanto, quedaría excluida de una comisión si el debate se abriera en ese formato.
Los populares saben que los socialistas buscan convertir el Estado autonómico actual en el Estado federal que impulsaron en el 39 congreso federal. Pero es el PP el partido mayoritario del Congreso y cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Cualquier cambio constitucional, por mínimo que sea, necesita su visto bueno.
Reforma prudente
Moncloa y Génova se muestran muy reacios a la hora de emprender una reforma constitucional en un Parlamento tan dividido. El círculo más cercano al presidente en el partido y en el Gobierno es partidario de abordar una reforma de "manera prudente", sin tocar de ninguna de las maneras el artículo 2, el que mantiene que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".