Juana Rivas, granadina de 36 años, sin antecedentes penales, víctima de violencia de género y acompañada en todo momento de dos menores de edad. Esta mujer no cuenta con un perfil tipo de alguien acostumbrado a escapar de las autoridades, sin embargo ha logrado burlar al Juzgado, a la Policía y a la Guardia Civil en una increíble fuga que no le ha impedido reaparecer este lunes a través de una carta leída en su nombre por una persona de su entorno.
En la misiva, Juana Rivas ha llegado a pedir a la magistrada que se ponga en su lugar, precisamente el mismo argumento que empleó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando fue preguntado por esta cuestión dos días después de la huida. “Hay que ponerse en el lugar de esta madre”, afirmó. ¿Quién protege a Juana Rivas? Cientos de ciudadanos se autoinculparon en las redes sociales bajo el mensaje de “Juana está en mi casa”, pero los investigadores consultados por este periódico descartan que pueda estar cobijada por algún desconocido. La mujer que este lunes leyó sus palabras ante los medios de comunicación pertenece a la plataforma de apoyo a Juana Rivas, pero afirmó haber recibido la carta a través de terceras personas.
Los investigadores descartan también que la huida haya abandonado el territorio nacional, pero el resto de la investigación se encuentra bajo un manto de silencio general en el que se evita dar detalles. Es una incógnita cuántas personas han sido interrogadas en el entorno de Juana Rivas, si se han intervenido teléfonos o si se han registrado sus propiedades, diligencias todas ellas compatibles con una investigación judicial. Desde la Dirección General de la Policía no se avienen siquiera a informar de las unidades que llevan el caso.
No constan nuevas diligencias
“Cuando las fuerzas del orden acudieron a su casa y a la de sus familiares no han podido localizar a la investigada, ni en su domicilio, ni en el de sus familiares próximos, ni de éstos o de cualquier otra persona se ha obtenido información sobre su paradero", sostenía el Juzgado en el auto del pasado 8 de agosto en el que ordenó su arresto. Desde entonces, una semana después, no constan por el momento nuevas diligencias, según una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Desde el Juzgado se traslada la responsabilidad a los agentes. Fuentes judiciales del caso consultadas por este periódico indican que Juana Rivas “es una ciudadana más pese a la repercusión mediática”. Por su parte, desde la parte policial aseguran que, una vez judicializado el caso, es el Juzgado quien marca los tiempos.
Según informan a este periódico fuentes del Ministerio del Interior, para dar con la mujer no se han activado investigadores especializados en fugitivos. Un agente con experiencia en este tipo de búsquedas estima que Juana Rivas se terminará entregando porque no tiene capacidad logística para sostener su escapada por mucho tiempo. “Para una fuga así es necesario contar con experiencia o contactos en el mundo de la delincuencia”, afirma. La fugitiva cuenta con el handicap de movimiento que le provoca ir con dos menores de 3 y 11 años a pocas semanas de empezar las clases.
Sin experiencia en huidos
Fuentes del Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido añaden que tampoco se baraja contar con miembros de las unidades centrales de Madrid, recurso al que acude Interior en otros casos de investigaciones infructuosas. Por el momento las actuaciones se circunscriben a agentes de Granada. Por parte de la Policía se ha activado a la UFAM y por la Guardia Civil a la EMUME.
La UFAM es la Unidad de Familia y Mujer, una estructura que se ocupa de investigar y prevenir la violencia contra la mujer y en el ámbito familiar así como la protección de las víctimas, según la web del Cuerpo. La EMUME, siglas del Equipo Mujer-Menor, se encarga de hechos delictivos en los que se encuentran implicados mujeres y menores, “tanto en calidad de víctimas como de autores”, según el organigrama del Instituto Armado.
En este contexto desde hace siete días los dos principales cuerpos de seguridad del Estado la buscan sin éxito a instancias de una Juzgado y de la Fiscalía para que devuelva a sus hijos a su padre y expareja, un ciudadano italiano condenado en 2009 por agredirla. Sin embargo, son 20 días los que lleva en paradero desconocido, concretamente desde el pasado 26 de julio, fecha en la que tendría que haber entregado a los dos menores siguiendo una orden judicial.