El teléfono sonó justo cuando Dogan Akhanli lo encendió tras salir de los calabozos de la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu decidió dejarle en libertad con obligación de comparecer cada semana hasta que la Justicia decidiera si era extraditado a Turquía. Al otro lado de la línea, un guía de la Alhambra alertaba de que el escritor turco alemán -muy crítico con el gobierno de Tayyip Erdogan- había faltado junto a su mujer a la visita que tenía concertada. Nada sabía el guía de que un día antes, Akhali había sido detenido en Granada, abriendo así un conflicto diplomático entre España y Alemania por los intereses del Gobierno de Ankara.
Según fuentes jurídicas y diplomáticas, el problema es de especial importancia para el Gobierno. Por un lado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ve presionado por la diplomacia de Alemania, el socio más potente de la Unión Europea. La canciller Angela Merkel ha mostrado ya públicamente su oposición a que Akhanli, nacionalizado alemán, sea extraditado a Turquía. Y busca cerrar la crisis antes de las elecciones generales de su país, que se celebrarán el próximo 24 de septiembre.
"Es inaceptable utilizar instituciones como Interpol para esto", declaró Merkel tras conocer la detención del escritor de origen turco y agradecer a la Justicia española que lo dejara en libertad, evitando la prisión preventiva, a la espera de resolver el caso. El viernes, Merkel volvió a cargar contra el gobierno de Erdogan. En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, la canciller alemana acusó a Turquía de intentar apresar a intelectuales opositores por un claro interés político.
El dilema turco
Sin embargo, España busca mantener y mejorar las relaciones con Turquía, con un objetivo claro: la colaboración en la lucha antiterrorista. La frontera oriental de este país es la primera barrera occidental para los yihadistas retornados de las zonas de conflicto en Siria o Irak. Por ello, la colaboración fluida entre Madrid y Ankara es esencial para que el las autoridades turcas controlen e impidan el regreso de los yihadistas formados por el DAESH, particularmente de los nombres que les suministra la Inteligencia española.
Dogan Akhanli, escritor afincado en Colonia desde 1995, está reclamado por la Justicia turca desde 2013, acusado de terrorismo. Pero su historia judicial arranca mucho antes y está plagada de grises. Akhanli es un intelectual que militó en el Partido Comunista turco y cuyas obras literarias más conocidas versan sobre el genocidio armenio.
Reconocido opositor del gobierno de Erdogan, Akhanli fue acusado en Turquía de participar en 1989 en el atraco a una sucursal bancaria cuyo botín habría sido destinado a financiar grupos terroristas. Akhanli fue absuelto en 2010 de estos hechos, pero el gobierno de Erdogan pidió un juicio de revisión y anuló la sentencia. En esa fecha, el escritor residía ya en Alemania, donde obtuvo la nacionalidad.
En 2013, la Justicia turca decidió reabrir el caso y juzgar de nuevo a Akhanli. Al encontrarse fuera del país, la policía turca cursó una petición de detención a Interpol por delitos de terrorismo. Sin embargo, el intelectual ha residido y visitado varios países europeos desde aquella fecha sin que la orden fuera ejecutada. Semanas antes de ser detenido, y tras haber estado en Francia e Italia, recorrió junto a su hijo varias zonas de Holanda en bicicleta.
La pelota, en el tejado de Rajoy
Ahora, que el escritor sea enviado a Turquía es una decisión que está en manos de Rajoy, ya que el Ejecutivo tiene capacidad para vetar o no el traslado de presos a otras jurisdicciones. Sin embargo, y según fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno ha evitado pronunciarse en cualquiera de los sentidos. Proteger a Akhanli podría provocar un conflicto con Turquía, mientras entregarlo a Ankara abriría una brecha en las relaciones con Merkel, tan enfrentada a Erdogan que éste llamó públicamente a sus compatriotas afincados en Alemania a que no votaran a ninguno de los partidos de la actual coalición de gobierno.
Según las mismas fuentes, la posición del Ejecutivo español es esperar una decisión de los jueces. Si la Audiencia Nacional decide que no hay razones para extraditar al escritor, el Gobierno habrá cumplido su papel con Turquía sin que ello tenga consecuencias reales para Akhanli, que quedaría en libertad y podría volver a Alemania. Si la decisión de los jueces es favorable a la extradición, obligará al Gobierno a pronunciarse.
Para conocer el proceso al detalle, Alemania puso a trabajar desde el primer momento a su embajador en España. Pero además, y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el martes pasado, la canciller envió a Madrid a una persona de su confianza para hacer una visita relámpago que duró solo unas horas. La misión de este alto funcionario era trasladar a Merkel información de primera mano sobre la situación del escritor en España y de la marcha del proceso judicial.
Los partidos de izquierda se han volcado en mostrar su apoyo a Akhanli. El jueves, Pedro Sánchez se reunió con él y le mostró su apoyo. Poco después fue Alberto Garzón, en nombre de Unidos Podemos, quien desde el Congreso de los Diputados mostró públicamente su rechazo a la extradición.