La Generalitat invoca el genocidio de Kosovo para defender el referéndum

El referéndum unilateral planteado por la Generalitat de Cataluña está "legitimado" por procesos anteriores como el de la independencia de Kosovo. Ese es, entre otros, el argumento utilizado por cuatro "especialistas internacionales" "invitados" por la Generalitat para avalar la decisión unilateral de plantear un proceso de independencia, en un informe que se trasladó a las principales "embajadas" catalanas en el extranjero la pasada semana.

El documento, terminado el pasado mes de julio por cuatro "expertos internacionales", obvia en 140 páginas la legalidad española ("el presente estudio no está destinado a dar una respuesta legal sobre estos asuntos", escriben los autores en su primer apartado) para legitimar el "derecho a decidir" planteado por el Gobierno de Puigdemont sobre "cimientos sólidos sociológicos, políticos, morales y filosóficos", algo que, a su juicio, no se puede frenar con "argumentos legales".

A lo largo de ocho páginas, el estudio analiza punto por punto el caso de Kosovo, separado de forma unilateral de Serbia en 2010. Sin embargo, el documento no hace una sola mención a la realidad por la que la comunidad internacional aceptó de forma excepcional la separación de kosovo de territorio serbio: la persecución a los albanokosovares que se había cobrado ya 10.000 vidas entonces.

A juicio de los "expertos internacionales" invitados por Raül Romeva, consejero de Asuntos Exteriores, el caso de Kosovo "es importante para Cataluña porque sostiene que la Ley internacional no prohíbe las declaraciones unilaterales de independencia [...] De hecho, el referéndum de Cataluña puede obtener mayor legitimidad internacional que la declaración de independencia de Kosovo, porque refleja de forma más directa el deseo del pueblo catalán. No solo el Gobierno catalán se presentó en una coalición pro-independentista sino que además busca un pronunciamiento directo del sentir del pueblo catalán en el referéndum del 1-O".

Y eso tras reconocer que la Constitución española "no recoge de forma explícita el derecho a la secesión de las comunidades autónomas" y de exponer que Cataluña "forma parte del Estado desde hace trescientos años". 

Treinta años de negociación

El informe contratado por la Generalitat está firmado por el profesor Nicolas Levrat, de la Universidad de Ginebra, Sandrina Antunes, de la Universidade do Miho, el francés Guillaume Tusseau y Paul Williams, de la Universidad Americana de Washington. Y en su pretendida neutralidad, no cuenta en sus más de 250 anotaciones y citas bibliográficas con un solo documento elaborado por un autor en lengua castellana. De hecho, el documento asume por completo incluso el léxico utilizado de forma continuada por el Gobierno de Puigdemont en el proceso soberanista. Como ejemplo se refiere a Romeva como "Ministro del Exterior, Relaciones Internacionales y Transparencia del Gobierno de Cataluña" y habla continuamente de la negociación entre "Madrid" y "Barcelona", en el polo de una negociación entre iguales donde "Madrid" representa el centralismo.

Plagado de contradicciones, el documento concluye (pese a renunciar hojas atrás a cualquier análisis legal) que "el presente informe, por medio de un análisis académico, refleja que la reclamación de las autoridades democráticamente electas en Cataluña sobre su derecho a decidir es legal y políticamente legitimado". Y señala como causa central del proceso separatista el rechazo del Tribunal Constituncional al Estatuto de Cataluña en 2010, a instancias del PP.

El documento analiza tanto la trayectoria de los distintos partidos políticos del arco parlamentario catalán como la polarización de la opinión pública según ha ido avanzando el proceso soberanista. En sus 140 páginas no hace ni una sola mención a la corrupción sistémica que ha asolado durante años las instituciones catalanas, y tampoco analiza en el cambio de percepción de la relación entre España y Cataluña la peor crisis financiera que el país ha vivido en democracia.

El informe analiza las relaciones entre el Gobierno español y el catalán desde 1980 y reconocer las diversas concesiones obtenidas por la Generalitat desde entonces. Sin embargo, tras constatar más de treinta años de continuas negociaciones, el grupo de "expertos" concluye que "la insatisfacción se ha ido incrementando desde el bando catalán, dejando un fuerte sentimiento similar en su pueblo que ha servido para potenciar las demandas de independencia política desde 2010 [...] Su derecho democrático ha sido negado de forma repetida por una decisión innegociable impuesta por el Gobierno Español".