Bayona y Muro, los dos funcionarios que dijeron ‘no’ a Forcadell

Antoni Bayona Rocamora y Xavier Muro Bas saben como pocos las consecuencias de las decisiones en lo relativo al procès. Los encargados de la legalidad en el Parlament de Cataluña, el letrado mayor y el secretario general, respectivamente, son dos de las voces más autorizadas en España en materia de Derecho autonómico. Y por eso se han plantado este miércoles ante Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara catalana. El mensaje es alto y claro: no tramitarán la ley del referéndum. La legalidad es la legalidad.

Ambos juristas apretaron las tuercas donde más duele al independentismo: el cumplimiento de su propia legalidad, la emanada de la cámara autonómica, que es la única que reconocen. Los dos son oriundos de Sabadell, una ciudad tradicionalmente obrera y socialista del cinturón metropolitano de Barcelona.

Bayona ya había marcado distancias con las resoluciones del Govern y los partidos independentistas en cuanto al procès. El letrado mayor había puesto en duda la adecuación legal de las actuaciones en distintos artículos académicos en los que repasa las decisiones políticas y judiciales de los últimos años en Cataluña. Su formación lo avala: se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1977 y se doctoró casi quince años después, esta vez con la Universidad Pompeu Fabra como alma máter.

Muro, por su parte, es licenciado en Derecho y en Filosofía, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra durante 20 años y letrado del Parlament de Cataluña desde 1992. En 2016 asumió la secretaría general de la cámara tras la dimisión del anterior ocupante de ese despacho, Pere Sol, que se explicó lacónicamente por "motivos personales". 

Bayona, treinta años en la Administración

Este funcionario no es nuevo en la comisión jurídica de la cámara catalana. Accedió en 1984, pero abandonó el cargo cuatro años más tarde para formar parte del Consell Consultiu de la Generalitat, un organismo asesor del Gobierno autonómico. En la actualidad, las funciones de este órgano están asumidas por el Consejo de Garantías Estatutarias.

Bayona continuó haciendo carrera en la Administración. Su siguiente cargo fue el de director del Institut d’Estudis Autonomic. Entre sus responsabilidades se encontraban el impulsar y planificar las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el autogobierno y asesorar y proponer al president las directrices políticas en esta materia. Lo dejó en 2003 para ser parte del Consell de l’Audiovisual de Cataluña. En total, tres décadas ligado a la Generalitat.

El Letrado Mayor del Parlament, Antoni Bayona. Twitter

Su trabajo como letrado mayor en los últimos tiempos se ha visto “coartado y presionado” por Forcadell, según informan fuentes próximas a Efe. Porque él no es independentista. También es el responsable de los servicios jurídicos, quien supervisa que las acciones y resoluciones de la Cámara se ajusten a la legalidad. También asesora y asiste a Xavier Muro, a quien también sustituye llegado el caso.

Muro, una trayectoria de prestigio

A Muro, su trayectoria y prestigio llevaron a la Mesa del Parlament a nombrarlo por unanimidad y a propuesta de su presidenta, Carme Forcadell, a la que en la mañana de este miércoles acabó oponiéndose en un episodio de inusitada tensión. Muro no es un cargo político sino que se limita a dirigir a los funcionarios y velar por el cumplimiento de los requisitos jurídicos para el correcto funcionamiento de la Cámara. 

La Secretaría General es el máximo despacho no político del Parlament y este sabadellense es, por tanto, el jefe de personal y de los servicios de la cámara. Asesora a la Mesa y a la Junta de Portavoces, pero cumple con la legalidad que Forcadell no podrá invocar con legitimidad cuando se remita al voto soberano del Parlament. 

El secretario general del Parlament, Xavier Muro. Parlament de Cataluña

Fuentes de Ciudadanos y del PSC destacan la valentía de Muro en su defensa de la legalidad. "Una cosa es lo que vote cada uno y otra cosa es jugarse el sueldo y el prestigio en una Cataluña donde por nada van a por ti", según fuentes del partido naranja. "La actuación de Muro será parte de nuestro argumento. No puede ser que Forcadell ignore a los propios servicios de la cámara", explican desde el PSC. 

"El deber de impedir" la tramitación

Tras la tramitación de la ley del referéndum del 1 de octubre, que sacó adelante la mayoría absoluta en la Mesa del Parlament en su reunión de las 10 de la mañana, Muro remitió junto a Antoni Bayona un escrito en el que ambos alertaron de que los pasos que se estaban dando chocaban con las advertencias del Tribunal Constitucional.

"Los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas", rezaba el texto.

En otras palabras: la Mesa no debía seguir adelante. Pero Forcadell y la mayoría independentista tenía otros planes. 

El segundo plante de Muro al independentismo

El segundo plante de Muro llegó cuando un poco más tarde, se negó a dar la orden a los funcionarios para que publicasen la ley del referéndum en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC). Así lo expresó en una nueva reunión de la Mesa del Parlament, lo que obligó a Forcadell y cuatro miembros de Junts pel sí a hacerlo ellos mismos. 

Según explicó más tarde en el pleno del Parlament el vicepresidente de la cámara, José María Espejo, la negativa de Muro llevó a Forcadell a publicar "de manera clandestina" la ley en el boletín oficial. Según Albert Rivera en comparecencia en el Congreso, fue la propia Forcadell desde su ordenador la que publicó la ley saltándose la negativa frontal de Muro. Para la oposición, es un atropello de las funciones de la Secretaría General. Para Junts pel sí, un trámite burocrático sin trascendencia. 

Muro, como Forcadell o el letrado mayor, ya fueron advertidos por el Tribunal Constitucional de que tramitar leyes o dar pasos en contra de sus sentencias podría acarrear consecuencias penales.