500.000 firmas en busca de poder estudiar español en España

Es jueves por la mañana en la trasera del Congreso de los Diputados y Gloria ha venido desde Vigo para pedir que le dejen recoger firmas. Si el informe de los letrados de la Cámara sale como espera, podrá recorrer las calles en busca de medio millón de autógrafos para aprobar una ley de libertad lingüística en España en forma de Iniciativa Legislativa Popular.

Le acompaña una señora de blusa blanca y falda marrón, también de Galicia. Su hija ha hecho la selectividad este año y va a empezar Medicina: "Ha tenido que estar estudiando gallego... No le ha servido de mucho, además los libros de anatomía no están traducidos". Fuma a su lado un hombre llegado de Baleares: "¿Qué pasa con los que educan a sus hijos en mallorquín y luego se encuentran con el catalán en el colegio? Quien lo conoce, sabe que no es una tontería".

Gloria, sus dos compañeros, 36 entidades y un grupo de intelectuales y académicos entre los que se cuentan Fernando Savater, Félix de Azúa o el exministro de Educación con UCD José Manuel Otero Novas lanzan un alegato "simple": que todo ciudadano pueda estudiar sólo en español si así lo elige en cualquier lugar del país.

Pasan diez o quince minutos del mediodía y Gloria Lago ya ha aportado los documentos necesarios en el Congreso. A media tarde, casi todos los que la acompañan cogerán coches, aviones y trenes. "Hablamos español" -así se llama el colectivo- se nutre de partidarios procedentes, en su mayoría, de las comunidades bilingües.

"No es una cuestión ideológica, sino de derechos"

Relata Gloria que quedaron constituidos el pasado julio y que ya cuentan con el apoyo de muchos. "El Congreso y la Mesa tienen quince días para decirnos si todo está bien, entonces nos pondremos a funcionar". ¿Y qué cree que les dirán? "Lo hemos estudiado mucho, no es una cuestión ideológica, sino de derechos. Si el documento se ajusta legalmente, saldrá adelante".

Sin la ley que ellos promueven, explican detrás del Congreso, cuando Madrid palpita a ritmo de oficina, "se ven vulnerados los artículos de la Constitución que garantizan la igualdad entre los españoles y la libertad de elección de residencia y circulación por todo el territorio nacional".

"Son muchas las familias que ven dificultada su movilidad dentro del país por la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en español, los profesores que no pueden optar a una plaza en las comunidades bilingües, los profesionales de la medicina con el acceso restringido a la función pública...", lamentan Gloria y sus compañeros.

El borrador de la ley propuesta, consultado por este periódico, dice: "Un sistema en el que dos lenguas son simultáneamente oficiales debe girar sobre el principio de libertad de elección (...) La cooficialidad no puede significar que el castellano sea relegado en detrimento de la lengua autonómica".

Hubo quien reprendió a "Hablamos español". Les acusaron de pretender defenestrar las lenguas autonómicas. Se defienden con su ley en la mano. Abogan por que toda Administración pueda ofrecer modelos tanto en español como en la respectiva lengua oficial del territorio, siempre y cuando no se restrinja ninguno de los dos derechos.

También prevén una exención de la calificación de la lengua autóctona durante al menos tres cursos académicos para aquellos alumnos que provengan de otra región. Eso sí, la ausencia de examen no significa dejar de asistir a clase. "Así irán adquiriendo progresivamente los conocimientos suficientes para cursar adecuadamente dicha materia".